El «caso de los comedores escolares» a la Fiscalía

El caso de los comedores escolares, a la Fiscalía para que investigue

PNV reprocha al PP que hable de «corrupción», cuando son los ‘populares’ los que están «llenos de porquería»

El Parlamento Vasco solicitó la semana pasada al Gobierno de Urkullu que traslade a la Fiscalía el expediente de la Autoridad de la Competencia sobre la concertación de precios entre ocho empresas adjudicatarias del servicio de comedores escolares. El PP ha denunciado que este presunto ‘cártel’ es un caso de «corrupción», mientras que el PNV ha dicho que el Partido Popular está «lleno de porquería», y que en lugar de «limpiarla» trata de «manchar al resto».

La resolución ha sido aprobada por el pleno, que ha debatido este jueves acerca de este asunto a propuesta de EH Bildu, PP y UPyD. Finalmente, la coalición soberanista ha acordado una enmienda con el PNV y el PSE, que ha recibido el apoyo de UPyD y el voto en contra del PP.

La Autoridad Vasca de la Competencia multó el mes pasado con 18 millones   a las empresas adjudicatarias del servicio de comedores en centros de enseñanza públicos de la CAV. Esta entidad considera probado que estas compañías acordaron fijar los precios del servicio para repartirse el mercado, vulnerando así las reglas de la competencia, y obteniendo un enorme negocio de esa operación pactada.

El Parlamento insta al Gobierno a que estudie si en este caso se ha producido un daño patrimonial y a que, en su caso, inicie «cuantas acciones legales sean necesarias para resarcir a las arcas públicas» y solicita  al Ejecutivo de Urkullu que «intensifique  los trabajos con los agentes del sector para adecuar el modelo de gestión de los comedores escolares, de forma que cada centro público puede elegir la forma de gestionar este servicio», como pretendía EH Bildu.

El debate entre los grupos ha estado marcado por los duros reproches entre el PP y el PNV. El parlamentario del PP Iñaki Oyarzábal ha asegurado que este es un caso de «corrupción  y que las irregularidades tienen su  origen  en el propio sistema de contratación diseñado por el Gobierno vasco».

El parlamentario del PNV Juan Antonio Arieta-Araunabeña ha reprochado al PP que trate de responsabilizar de este asunto al actual Gobierno de Gasteiz, cuando el acuerdo entre las empresas sancionadas por la Autoridad de la Competencia se inició en 2003. Por ese motivo, «ha acusado al parlamentario del PP de actuar en la mejor tradición fascista y de forma similar al ministro de Propaganda nazi Joseph Goebbels, por tratar de buscar una conducta irregular «donde no la hay».

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Iñaki Lazarobaster ha defendido la necesidad de mejorar el sistema que regula el servicio de comedores escolares. Por ese motivo, ha destacado la importancia de que cada centro «pueda negociar directamente» con las empresas que prestan este servicio, dado que la «cercanía en la gestión ayudará a mejorar la calidad de las comidas» y promoverá la soberanía alimentaria, tan necesaria en estos momentos.

El portavoz parlamentario del PSE, José Antonio Pastor, ha afirmado que este caso ha dejado en evidencia que en el ámbito de la contratación pública existen «mercados cautivos» y que hay que «hacer frente a esta situación». Ha subrayado que lo ocurrido con las empresas de catering que sancionó la Autoridad Vasca de la Competencia  «perjudica tanto al resto de compañías que han sido excluidas de la adjudicación, como a quienes han de pagar un precio que no se ha fijado de acuerdo a las reglas de la competencia».

Juanjo Basterra