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ANTE EL DRAMA DEL AMIANTO: PNV Y PSE, COMO PILATOS

Y las víctimas y sus familias, ¿qué?

PNV y PSE han desbaratado la iniciativa de EH Bildu de crear un instituto Vasco del Amianto o la iniciativa original del PP de establecer un plan del amianto, y lo que han hecho es instar al Gobierno español a crear un fondo de compensación para los afectados por los daños derivados del mineral cancerígeno, que desde 1993 ha provocado 529 muertes. La gran mayoría por un tipo de cáncer denominado Mesotelioma, y a estos habría que sumar las muertes por asbestosis y otros cánceres derivados de la inhalación de amianto, aunque se oculta.

La reacción del PNV y PSE a la iniciativa del PP ha sido ratificarse en la demanda de junio de 2015, que todavía no ha tramitado el Parlamento Vasco ante el Congreso español, para evitar la “patata caliente” al Gobierno Urkullu.

Retrasos en la traducción del modelo francés del Fondo de Compensación se están haciendo interminables, a lo que hay que añadir que deberá elaborarse como un proyecto de ley para su tramitación ante Madrid. Así han pasado nueve meses, después de que se lleva desde 2012 con la ponencia. La demora es inconcebible y, de nuevo, las fechas apuran ante la cercanía del fin de la legislatura del Parlamento Vasco.

La propuesta de EH Bildu de crear un Instituto Vasco del Amianto buscaba actuar ante esta incertidumbre actual, porque, al final, hay personas afectadas que buscan apoyo y porque el a,IA yo está todavía entre nosotros y eso significa peligro. La formación soberanistas reclamaba  funciones para el instituto como la elaboración de un plan de prevención y reparación de las personas afectadas por el amianto, el control de los registros, la protección de la salud, el control del  amianto instalado y la realización de estudios  epidemiológicos, así como la puesta en marcha de las estrategias necesarias para la consecución de dichos objetivos.

Sin embargo, PNV y PSE han trasladado la responsabilidad a Madrid, sabiendo de que hasta la fecha no se habían puesto de acuerdo en actuar contra el amianto. La pregunta en este caso es evidente: ¿PNV y PSE lo mandan a Madrid la responsabilidad para no hacer nada?

Juanjo Basterra

 

 

 

 

 

gestion a la vasca

Hoy se hacía público que la Fiscalía de Álava pide 54 años y 9 meses de cárcel para el ex número dos del PNV alavés Alfredo de Miguel, el presunto líder de una trama de cobro de comisiones ilegales, al que acusa de una decena de delitos, entre ellos, cohecho, asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.

Aquí os dejamos el capítulo del libro “GESTIÓN A LA VASCA” escritor por Igor Meltxor, dedicado al caso De Miguel (págs 95-109). Pedidos a:  pepereiliburuak@gmail.com

 

La red del Caso De Miguel y el 4%

Los 26 imputados en el ‘caso De Miguel’, a los que se atribuye la presunta comisión de 11 delitos, entre ellos cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos, son los siguientes:

 

1.- Alfredo de Miguel: Principal imputado en esta causa, fue miembro de la Ejecutiva del PNV en Araba hasta que fue nombrado en agosto de 2007 diputado foral de Administración Local de la Diputación alavesa. También fue miembro del Consejo de Administración del Parque Tecnológico de Miñao. El juez considera que lideró un entramado societario (Kataia Consulting, Errexal, Ortzi Muga) dirigido supuestamente a la obtención de contratos públicos de forma irregular y al cobro de presuntas comisiones ilegales.

2.- Ainhoa Bilbao: Esposa de Alfredo de Miguel, socia y titular de un tercio de las participaciones de Kataia Consulting, así como inicialmente administradora mancomunada de la misma y posteriormente administradora única.

3.- Aitor Telleria: Era miembro de la Ejecutiva del PNV alavés y responsable del Centro de Empresas e Innovación de Araba localizado en el Parque Tecnológico de Miñao. Empleado de la empresa Riera Urbanizer supuestamente vinculada con una fallida recalificación urbanística en el municipio alavés de Zambrana.

4.- Araceli Bajo: Esposa de Aitor Telleria. Socia y titular de un tercio de las participaciones de Katia Consulting, así como inicialmente administradora mancomunada de la misma.

5.- Koldo Otxandiano: Exmiembro de la Ejecutiva del PNV en Araba y promotor de algunas de las sociedades investigadas.

6.- Iratxe Gaztelu-Urrutia: Esposa de Koldo Otxandiano. Socia y titular de un tercio de las participaciones de Kataia Consulting, así como inicialmente mancomunada de la misma.

7.- Aintzane de Miguel: Hermana de Alfredo de Miguel, empleada de Kataia Consulting y de Errexal, se encargaba de llevar la contabilidad de parte de las empresas investigadas que tenían relación directa o vinculación con su hermano, conociendo la supuesta ilicitud de las actividades que realizaban, según el juez.

8.- Iñaki San Juan: Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Leioa durante 4 años (2000-2004) y administrador de diversas empresas investigadas como Errexal y Ortzi Muga.

9.- Josu Montes: Administrador de Ortzi Muga y empleado de Errexal.

10.- María Justina Angulo: Alcaldesa del Ayuntamiento de Zambrana por el PNV desde 1995 hasta junio de 2007 y posteriormente concejal hasta 2011.

11.- Francisco Javier Sánchez Robles: Director de Juventud y Acción Comunitaria del Departamento de Cultura del Ejecutivo de Juan José Ibarretxe desde julio de 2003 a junio de 2009. Supuestamente se sirvió de su cargo para favorecer a la red de empresas lideradas por De Miguel.

12.- Gurutz Larrañaga Zubizarreta: Viceconsejero de Cultura y Juventud del Gobierno de Juan José Ibarretxe desde julio de 2003 a mayo de 2009. El juez le imputa porque supuestamente incurrió en una falta de control sobre la actividad de Sánchez Robles.

13.- Jon Iñaki Etxaburu: Titular del grupo Loizate en el que se incluye la mercantil construcciones Loizate, vinculada supuestamente con el pago dos presuntas comisiones del 4% a la mercantil Kataia Consulting por la adjudicación de obras en los municipios alaveses de Lapuebla de Labarca y Zigoitia.

14.- Alfonso Arriola: Gerente del Parque Tecnológico de Miñao desde el 1 de abril de 2006 hasta el 1 de setiembre de 2009. Vinculado supuestamente con las presuntas irregularidades en la ampliación del citado parque.

15.- Julián Sánchez Alegría: Presidente de la Red de Parques Tecnológicos de la CAV entre noviembre de 2005 y julio de 2009.

16.- Miren Lourdes Bilbao: Directora técnica del Parque Tecnológico de Miñao entre el 1 de junio de 2007 y el 2 de febrero de 2011.

17.- Sergio Fernández Oleaga: Administrador y socio único de la mercantil Studio Técnico Obras y Arquitectura S.L. (Stoa). Empresa que supuestamente abonó un presunta comisión ilegal para la ampliación del Parque Tecnológico de Miñao.

18.- Jesús José Arruti Letemendia: Administrador único y socio junto a su padre Jesús Arruti de la mercantil Sidepur, relacionada supuestamente con la recalificación en Zambrana.

19.- Jesús Arruti Odriozola: Padre del anterior, socio de Sidepur y administrador único de Zerulur, otra de las empresas supuestamente vinculadas con la recalificación en Zambrana.

20.- Estíbaliz Arruti Letemendia: Hermana de Jesús José Arruti, hija de Jesús Arruti y empleada de Sidepur.

21.- Gorka Errasti: Esposo de Estíbaliz Arruti y socio constituyente de Zerulur.

22.- Francesc Fernández: Uno de los responsables del grupo constructor catalán Riera, promotor del frustrado proyecto de Zambrana.

23.- Plácido Casas: Otro de los responsables del grupo Riera.

24.- Joaquín Sabater: Empresario vinculado supuestamente con la operación de Zambrana.

25.- Ramón Tomás Riba: Empresario vinculado supuestamente con la operación de Zambrana.

26.- Prudencio Hierro: Gerente de las mercantiles Eskibel y Gestión de Recursos Baio.

de miguel - egibar

 El caso De Miguel se trata de una compleja red de supuesta corrupción urbanística en la que participaron varios cargos nacionalistas bajo la dirección de quien fuera número dos del PNV en Álava y ex diputado foral, Alfredo De Miguel.

Todo comenzó en 2009, tras la denuncia por intento de soborno de una antigua socia que debía vigilar la ampliación del Parque Tecnológico de Miñano, en Gasteiz. “Supongo que sabrás que tienes que pasar por caja”, le dijo, según consta en el sumario. Terrenos que se compran, contratos públicos ilegales, oscuras comisiones, mordidas que suman 180.000 euros entre 2005 y 2007, algunas de ellas realizadas con absoluta impunidad desde su ordenador de la Diputación de Araba y así hasta 11 delitos que le imputan el juez instructor y el fiscal.

Un laberinto de transacciones para blanquear dinero cuyo destino era una seductora operación urbanística que iba a iniciarse en Zambrana, cerca de Gasteiz. De Miguel no tuvo tiempo. Fue detenido el 17 de marzo de 2010 y, con él, su mujer y otros dos matrimonios, también del PNV, que figuraban como socios de la empresa Kataia Consulting, la tapadera fiscal con dirección en una sociedad gastronómica creada en beneficio propio con el apoyo de su entorno político y familiar. Una empresaria, Ainhoa Alberdi, había denunciado que De Miguel y otro dirigente del PNV, Aitor Telleria, la habían extorsionado y solicitado una comisión de 100.000 euros.

 

De Miguel, con la asistencia de su hermana, Aintzane, también imputada en el caso, y a veces de la mano de compañeros de partido como el propio Telleria y Koldo Ochandiano, ex miembro de la Ejecutiva del PNV en Araba, controlaba hasta cinco empresas: Errexal, Ortzi Muga, Eskalmelo, Ezkibel y Kataia Consulting. Esta última es la que el juez cree que era la “empresa pantalla” para canalizar el cobro de comisiones.

Una trama que ha llegado a ingresar más de 200.000 euros del Gobierno Vasco, concretamente de la Dirección de Juventud, por trabajos que no consta que se hayan realizado. Su titular, Xabier Sánchez Robles (Director de Juventud y Acción Comunitaria del Departamento de Cultura del Ejecutivo de Juan José Ibarretxe desde julio de 2003 a junio de 2009), está imputado al ser sospechoso de haber inyectado liquidez a la trama, siempre mediante contratos menores. La prueba contra Sánchez Robles, un email incorporado al sumario:

“Xabier no puede meternos un duro (…). Nos propone dos campos de trabajo cuyo margen es muy pequeño”.

Su inmediato superior, Gurutz Larrañaga, llegó a declarar que Robles firmó uno de esos contratos, el del 14 de noviembre de 2008, sin su autorización.

 

¿Comisiones del 4%?

Durante la investigación previa, apareció un cuaderno que permitió tirar del hilo de esta trama. Algunas anotaciones de Koldo Ochandiano, ex dirigente del PNV, invitaban a los investigadores a pensar que el 4% era el porcentaje (de comisión) que aplicaba la presunta empresa pantalla, Kataia Consulting, a las obras. Ochandiano declaró en diciembre de 2011 ante el juez, que ese porcentaje correspondía curiosamente a los servicios de prevención de riesgos laborales y calidad, que se imputaban a obras y no a comisiones. El responsable de pagar ese 4%, Jon Iñaki Echaburu, dio una explicación similar, aunque las facturas de esos ingresos no tenían por concepto ni la calidad ni los riesgos laborales. Tampoco la empresa que cobró, Errexal, se dedicaba a ello, ya que se trata de una promotora cultural. Ahí queda eso.

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Auto judicial demoledor

El 9 de marzo de 2015, el juez de instrucción número 4 de Gasteiz, Roberto Ramos González hizo público el auto donde describçia la “trama” y el papel jugado por los implicados en el “caso de Miguel”. Joseba Egibar, presidente del PNV en Gipuzkoa, se apresuró a denunciar públicamente el contenido del auto del juez y cuestionara su independencia al asegurar que más del 80% de su contenido seguía lo recogido en el dictamen elaborado por la comisión de investigación parlamentaria que analizó el caso.

Solo unas semanas después, el propio juez rechazó los quince recursos presentados por parte de los imputados en el caso.

El juez Ramos rechaza los quince recursos de reforma presentados por parte de los imputados en el ‘caso De Miguel’ y da un nuevo paso para que las 26 personas vinculadas con esta presunta trama de corrupción acaben sentándose en el banquillo en un juicio oral.

Ajeno a esta polémica alimentada por la dirección del PNV, el juez Ramos defiendía en su último escrito que «se ha efectuado el juicio provisional pertinente sobre si existen elementos necesarios para considerar que los hechos investigados son constitutivos de un delito cometido por varias personas concretas» que integrarían el «entramado societario» liderado por el ex dirigente del PNV en Araba, ex diputado foral y ex vicepresidente de la Vital Alfredo De Miguel.

El juez no sólo descarta las alegaciones genéricas utilizadas por los imputados sino que, en todos los casos, justifica que hay «indicios suficientes» sobre los que sostener la participación de todos los imputados en los hechos presuntamente delictivos. En el caso de los dos altos cargos del Gobierno vasco de Ibarretxe imputados en el caso, el magistrado desmonta la pretensión de Gurutz Larrañaga ex viceconsejero de Cultura y de Julián Sánchez Robles, presidente de los Tres Parques Tecnológicos vascos de desvincularse de cualquier comportamiento delictivo. El juez recuerda que el departamento de Cultura del Gobierno del PNV concedió 7 contratos menores a las empresas Katia y Errexal por un total superior a los 80.000 euros y que soslayó la obligación de convocar concursos públicos fraccionando estos contratos en cantidades de unos 11.000 euros. «Existen indicios fundados de que el recurrente [por Gurutz Larrañaga] se sirvió de la competencia que tenía conferida en cuanto a órgano de contratación para adjudicar los contratos que se relacionan en el auto directamente, de uno y otro modo, a las empresas vinculadas con miembros y/o cargos del PNV y de cuyo Gobierno el recurrente formaba parte», señala en su auto de respuesta el juez de Instrucción de Gasteiz.

El juez también desactivaba la pretensión inicial de Sánchez Alegría de ser desimputado cuestionando que hubiera delinquido por la contratación realizada por el Parque Tecnológico de Araba a la empresa Urbanorma, por la adjudicación realizada a la consultora STOA o al defender que las grabaciones realizadas por la abogada Ainhoa alberdi -que destapó la red de comisiones ilegales tras formar parte de Urbanorma- no eran válidas. El juez instructor se apoya en la documentación intervenida, los correos electrónicos encontrados entre Sánchez Alegría con Koldo Otxandiano y Alfredo De Miguel, las grabaciones de Alberdi, las declaraciones de la abogada bilbaína, los informes policiales y la documentación de la SPRI para mantener la imputación de quien fue el máximo responsable de los parques tecnológicos vascos.

Además de estos dos altos responsables en el Gobierno de Ibarretxe, cuatro de los imputados -entre ellos Aintzane De Miguel, hermana de Alfredo De Miguel- reclamaban la nulidad del auto remitido por el juez Ramos porque en él no se habían incorporado 9 anexos. El juez defiende que estos documentos no constituyen «parte esencial» del auto recurrido y recuerda en su respuesta que, pese a ello, les fueron remitidas copias a todos los imputados y se amplió la fecha para presentar sus recursos de reforma.

A las críticas de Egibar, se sumaron las de el lehendakari Urkullu que arremetió con dureza contra quienes “ponen en duda la ética de su partido”, recordando que De Miguel ya renunció a su cargo para eliminar cualquier vinculación con el PNV. Andoni Ortuzar se unió también al carro del victimismo jeltzale denunciando “falta de garantías procesales” y culpando al Ministerio Fiscal de querer “perjudicar” a su partido en las elecciones. Nada nuevo en la maquinaria de difamación, para intentar ningunear cualquier intento de denuncia o investigación de corrupción.

telegrama 11-m

11 marzo 2004 – Telegrama de la entonces Ministra de Exteriores, Ana Palacio, a las embajadas.

 

11-M: “NO SON VASCOS, SON ALIMAÑAS”

LA MASACRE DEL 11-M EN MADRID

“No son vascos, son alimañas. ETA está escribiendo sus últimas páginas. Terribles, desgraciadas, pero últimas páginas” (Juan José Ibarretxe, 11 de marzo 2004)

El 11 de marzo de 2004 la capital del Estado español se despertaba sacudida por el estruendo de unas bombas colocadas en diferentes trenes de cercanías, causando un total de 191 muertos y alrededor de 1.500 heridos. Una masacre que desde el Gobierno de Aznar se pretendió atribuir a ETA desde un primer momento, sin importarles lo más mínimo la auténtica verdad, con el único propósito de sacar rédito político a costa de la tragedia acaecida en Madrid aquella misma mañana. Pero la estrategia del PP tuvo un gran aliado en la figura del lehendakari Ibarretxe, quien sería el primer político en salir a la palestra, no dudando en apuntar a ETA como la autora de los atentados de Madrid, obviando las posibles repercusiones de sus declaraciones. Meses después, el líder abertzale, Arnaldo Otegi, explicaba en un libro que tras la declaración del lehendakari, le preguntó que datos tenía para asegurar la autoría de ETA, a lo que Ibarretxe le contestó: “Ninguno” (citado en: “Mañana, Euskal Herria”, ed.Baigorri, 2005).
El lehendakari utilizaría duras palabras contra la organización armada, y dejaba a los pies de los caballos a miles de independentistas vascos, en aquellos momentos de máxima tensión. Ibarretxe apareció en escena, para dar lectura a un comunicado a las 9:30 de la mañana:

“Realmente cuando ETA atenta, cada vez que ETA ha atentado, se rompe en mil pedazos el corazón de los vascos y vascas, porque el pueblo vasco ha sido y será un pueblo civilizado. Por favor, que no se hable nunca más de terrorismo vasco, el terrorismo es de ETA. No son vascos de ninguna manera quienes cometen estas atrocidades; son simplemente alimañas, son simplemente asesinos.
ETA, estoy absolutamente convencido, está escribiendo su final. Estoy absolutamente convencido de esto, porque es increíble que en el s.XXI nadie pueda pensar que se pueda defender nada pegando tiros, matando y extorsionando a los demás.
Solicito a todos los partidos políticos que estemos a la altura de las circunstancias, que no utilicemos, por favor, de ninguna manera, la violencia de ETA para fines partidistas.
Exijamos a ETA, que de una vez y para siempre desaparezca de nuestras vidas, para exigir a ETA que deje de matar, para decirle a ETA que somos mayores para decidir y hacer las cosas por nosotros mismos, para decirle a ETA que no queremos verle nunca más entrometiéndose en la democracia, en las decisiones de los ciudadanos y ciudadanas que tienen que ser tomadas en paz y en libertad”.

En situaciones como esta, se mide el temple de las personas, y el de Ibarretxe quedó en clara evidencia, como pasó años atrás con Ardanza, con motivo de la muerte de Miguel Ángel Blanco en 1997. En aquella ocasión el inquilino de Ajuria Enea, llegó a culpar al conjunto de la izquierda abertzale de la muerte del edil de Ermua. Para el recuerdo, la imagen de Ardanza, subido a un banco a las puertas de Ajuria Enea, jaleado por las masas.
El presidente del EBB, Josu Jon Imaz, no quiso quedarse atrás, y tras la declaración de Ibarretxe, atribuyó también la autoria del atentado a ETA, calificándola como “una amenaza para la convivencia y la democracia”, y subrayando que “ETA es un generador de dolor y tragedia”. Muchos son los que piensan, que la actitud del PNV en aquel fatídico día, pudo originar la declaración de un Estado de excepción en Euskal Herria, o lo que es aun peor, una posible “guerra civil” entre vascos. Lo único cierto es que la historia recordará a aquellos que en situaciones extremas como aquellas, dejaron al descubierto sus carencias éticas y morales.


El Gobierno de Aznar, intentó por todos los medios, convencer a la opinión pública de que la masacre era obra de ETA, desoyendo las voces que pocas horas después del atentado, apuntaban hacia el mundo islamista como autores, en respuesta al apoyo del Ejecutivo del PP en la guerra de Irak. El ministro del Interior español, Ángel Acebes, realizó una labor impagable, tratando de llevar la mentira hasta sus últimas consecuencias. Hasta tal punto, que el PP terminó pagando su cruel desfachatez en las urnas, en detrimento de un PSOE liderado por José Luis Rodriguez Zapatero, quien se convertiría en el nuevo presidente del Gobierno español, el 14 de marzo de 2004. La sociedad española y la vasca, daban la espalda a la indecencia moral y política de los dirigentes del PP.

La infamia promovida por el PP, provocó numerosos incidentes en las cárceles y en las calles, entre los que cabe destacar, el protagonizado por un policía español en Iruñea, y que acabaría con la vida del miembro de Gurasoak, Ángel Berrueta. El policía, y casualemente, escolta del diputado español del PP, Jaime Ignacio del Burgo, decidió descerrajar cuatro tiros a bocajarro a Berrueta dentro de su propio comercio, al negarse este a colocar en el local un cartel contra ETA. La mujer del policía había tratado poco antes, que el panadero colgara el cartel, y ante la negativa del comerciante, la mujer fue a avisar a su marido y su hijo, quienes se personaron poco después en la panadería para zanjar el asunto de manera “democrática”. El policía disparó cuatro tiros y el hijo se presentó en el local con un hacha en la mano. Las posteriores movilizaciones en repulsa por la muerte de Berrueta, fueron duramente reprimidas por los propios compañeros del autor en la Policia española. Por cierto, el PNV no se apresuró, tal y como hizo en anteriores ocasiones, en convocar movilizaciones en contra de la muerte de un ciudadano vasco. Desgraciadamente no todos los muertos son iguales. Representantes de la coalición NaBai (PNV, EA, Aralar) se manifestaron junto a los miembros del PP y PSOE en Iruñea, con una pancarta a favor de la Consittución española.

Tras el luctuoso hecho de Madrid, el domingo 14 de marzo se celebraron las elecciones españolas, con el resultado ya conocido de la victoria del PSOE. Zapatero se convirtió en el nuevo presidente del Ejecutivo español, al mismo tiempo, que lo votos nulos promovidos por la izquierda independentista, lograban 120.000 votos.
La muerte de Kontxi Sanchís, como consecuencia de una carga de la Ertzaintza en Hernani, en el transcurso de una movilización en protesta por la muerte de Berrueta, sería la segunda muerte acaecida en Euskal Herria, aquel marzo negro de 2004. El consejero Balza, continuó hasta el final de su mandato, negando la autoria de su policía en la muerte de la mujer, aun cuando un ertzaintza testigo de lo ocurrido, habría remitido al jefe de la policía de Lakua, una carta en la desmontaba la versión oficial.
Tras la victoria del PSOE, la organización ETA, hizo público un comunicado donde valoraba las elecciones españolas, y emplazaba a Zapatero a que adoptase “gestos valientes para con Euskal Herria”, afirmando al mismo tiempo que, “es posible alcanzar la paz por la vía de la razón y la sensatez”.

Igor Meltxor (“Historia del abertzalismo virtual”, págs. 204-207).
Pedidos: igortxu1978@gmail.com

angel berrueta

UN POLICIA NACIONAL Y SU HIJO ASESINARON A ÁNGEL BERRUETA

Ángel Berrueta Legaz tenía 61 años y regentaba una panadería en el barrio de Donibane de Iruñea. Este hombre, ya había tenido discusiones políticas con Valeriano de la Peña, policía nacional que en 2004, además, realizaba funciones de guardaespaldas de Jaime Ignacio del Burgo.

CRONOLOGÍA DE UNA INJUSTICIA

El 13 de marzo de 2004, hacia la una del mediodía, María del Pilar Rubio Martínez, mujer de Valeriano de la Peña, repartió entre los comercios del barrio un cartel en el que condenaba a ETA explícitamente por el atentado del 11-M de Madrid. Uno de los comercios que visitó, con la clara intención de provocar, era la panadería de Ángel Berrueta. Éste se negó a colocar el cartel. Ella, alterada, volvió a casa y le contó todo a su marido. El marido bajó con su arma reglamentaria, acompañado de su hijo, Miguel José, armado con un cuchillo (otros dicen que la mujer también bajó). Tras una discusión, el hijo asestó una cuchillada en el hígado al panadero y el padre lo remató con cuatro disparos. Después se marcharon de allí y hacia las dos de la tarde, Valeriano de la Peña confesó su crimen.

En julio del 2005, los culpables del crimen de Ángel Berrueta fueron juzgados y condenados. Valeriano de la Peña, como autor del asesinato, fue condenado a 20 años años. Miguel José, fue condenado a 15 años. María Pilar Rubio, por instigadora, fue condenada a 10 años. Además, tendrían que pagar una indemnización a la familia del asesinado. Se tuvo en cuenta el factor ideológico, la alevosía y el haber abandonado a la víctima sin atenderla. María Pilar Rubio, sin embargo, fue excarcelada en diciembre de 2005, absolución confirmada en 2006.

Tanto el hijo como su padre, el agente de la policía española que remató con su pistola a Berrueta, Valeriano de la Peña, venían obteniendo permisos penitenciarios desde hace tiempo. De esta manera, no tardaron en abandonar definitivamente la cárcel.

TODOS A LA CALLE

El hijo del policía que mató a Ángel Berrueta sale a la calle (septiembre 2011)

No cumplen los requisitos

La ley exige que para obtener el tercer grado se tiene que haber cubierto la responsabilidad civil, y ésta no se ha subsanado. Sólo se ha pagado parte del monto principal en concepto de indemnizaciones y faltan todos los intereses y las costas del juicio. La familia Berrueta asegura que se les deben aún unos 100.000 euros (de una cifra total de 238.000). De los bolsillos de De la Peña no ha salido un solo euro, ya que se declaró insolvente y fue el Estado quien abonó esta cantidad como responsable civil subsidiario. Es decir, todo se ha pagado con fondos públicos. Pero en 2007 el Estado aseguró que no tenía dinero y dejó de hacerse cargo de la deuda. Esta declaración coincidió en las fechas con la manifestación de UPN reclamando que “Navarra no es negociable”, en la que se desembolsaron 250.000 euros, para lo que sí había fondos públicos.

Durante el tiempo que lleva preso, Valeriano de la Peña ha seguido cobrando cada mes su sueldo como agente, ya que la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil no ha considerado suficiente una condena por «asesinato» para expulsarle del cuerpo. Sólo se encuentra suspendido y, al salir de la cárcel, podría reincorporarse al puesto. Al principio, de su sueldo se le retenían 555,79 euros para pagar a los Berrueta, pero desde enero 2008 ya no se le retiene nada, puesto que se ha separado de su esposa y tiene que pagar 250 euros de pensión alimenticia, por lo que ya no llega al salario mínimo.

Mientras tanto, la familia Berrueta ha sufrido constantes amenazas, sabotajes y acoso policial. La última agresión que sufrió María Carmen Mañas, la viuda, ocurrió en diciembre, cuando policías españoles la rodearon y la golpearon durante una bienvenida a unos jóvenes de Donibane. Quedó grabado en vídeo. Mañas tiene 62 años.

(marzo 2014)
el juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº 2 de Zaragoza ha concendido la libertad condicional a José Miguel de la Peña, uno de los asesinos de Anjel Berrueta, al aplicarle el articulo 91 del Código Penal, el cual establece la libertad al cumplir las 2/3 partes de la condena por buen comportamiento.

La Plataforma Angel Gogoan, dice que “lo habitual” en estos casos es aplicar la libertad condicional con las ¾ partes.  En este sentido han denunciado que “la justicia no es igual para  todos”, y que condenas por los mismos delitos “tienen una aplicación diferente dependiendo de quien sea la víctima o el victimario”.
La familia de Anjel Berrueta tramitó la petición de  orden de alejamiento  por el temor a que se puedan reproducir cualquier tipo de agresión hacía sus miembros.

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