Ángel Berrueta Legaz tenía 61 años y regentaba una panadería en el barrio de Donibane de Iruñea. Este hombre, ya había tenido discusiones políticas con Valeriano de la Peña, policía nacional que en 2004, además, realizaba funciones de guardaespaldas de Jaime Ignacio del Burgo.

CRONOLOGÍA DE UNA INJUSTICIA

El 13 de marzo de 2004, hacia la una del mediodía, María del Pilar Rubio Martínez, mujer de Valeriano de la Peña, repartió entre los comercios del barrio un cartel en el que condenaba a ETA explícitamente por el atentado del 11-M de Madrid. Uno de los comercios que visitó, con la clara intención de provocar, era la panadería de Ángel Berrueta. Éste se negó a colocar el cartel. Ella, alterada, volvió a casa y le contó todo a su marido. El marido bajó con su arma reglamentaria, acompañado de su hijo, Miguel José, armado con un cuchillo (otros dicen que la mujer también bajó). Tras una discusión, el hijo asestó una cuchillada en el hígado al panadero y el padre lo remató con cuatro disparos. Después se marcharon de allí y hacia las dos de la tarde, Valeriano de la Peña confesó su crimen.

En julio del 2005, los culpables del crimen de Ángel Berrueta fueron juzgados y condenados. Valeriano de la Peña, como autor del asesinato, fue condenado a 20 años años. Miguel José, fue condenado a 15 años. María Pilar Rubio, por instigadora, fue condenada a 10 años. Además, tendrían que pagar una indemnización a la familia del asesinado. Se tuvo en cuenta el factor ideológico, la alevosía y el haber abandonado a la víctima sin atenderla. María Pilar Rubio, sin embargo, fue excarcelada en diciembre de 2005, absolución confirmada en 2006.

Tanto el hijo como su padre, el agente de la policía española que remató con su pistola a Berrueta, Valeriano de la Peña, venían obteniendo permisos penitenciarios desde hace tiempo. De esta manera, no tardaron en abandonar definitivamente la cárcel.

TODOS A LA CALLE

El hijo del policía que mató a Ángel Berrueta sale a la calle (septiembre 2011)

No cumplen los requisitos

La ley exige que para obtener el tercer grado se tiene que haber cubierto la responsabilidad civil, y ésta no se ha subsanado. Sólo se ha pagado parte del monto principal en concepto de indemnizaciones y faltan todos los intereses y las costas del juicio. La familia Berrueta asegura que se les deben aún unos 100.000 euros (de una cifra total de 238.000). De los bolsillos de De la Peña no ha salido un solo euro, ya que se declaró insolvente y fue el Estado quien abonó esta cantidad como responsable civil subsidiario. Es decir, todo se ha pagado con fondos públicos. Pero en 2007 el Estado aseguró que no tenía dinero y dejó de hacerse cargo de la deuda. Esta declaración coincidió en las fechas con la manifestación de UPN reclamando que “Navarra no es negociable”, en la que se desembolsaron 250.000 euros, para lo que sí había fondos públicos.

Durante el tiempo que lleva preso, Valeriano de la Peña ha seguido cobrando cada mes su sueldo como agente, ya que la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil no ha considerado suficiente una condena por «asesinato» para expulsarle del cuerpo. Sólo se encuentra suspendido y, al salir de la cárcel, podría reincorporarse al puesto. Al principio, de su sueldo se le retenían 555,79 euros para pagar a los Berrueta, pero desde enero 2008 ya no se le retiene nada, puesto que se ha separado de su esposa y tiene que pagar 250 euros de pensión alimenticia, por lo que ya no llega al salario mínimo.

Mientras tanto, la familia Berrueta ha sufrido constantes amenazas, sabotajes y acoso policial. La última agresión que sufrió María Carmen Mañas, la viuda, ocurrió en diciembre, cuando policías españoles la rodearon y la golpearon durante una bienvenida a unos jóvenes de Donibane. Quedó grabado en vídeo. Mañas tiene 62 años.

(marzo 2014)
el juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº 2 de Zaragoza ha concendido la libertad condicional a José Miguel de la Peña, uno de los asesinos de Anjel Berrueta, al aplicarle el articulo 91 del Código Penal, el cual establece la libertad al cumplir las 2/3 partes de la condena por buen comportamiento.

La Plataforma Angel Gogoan, dice que “lo habitual” en estos casos es aplicar la libertad condicional con las ¾ partes.  En este sentido han denunciado que “la justicia no es igual para  todos”, y que condenas por los mismos delitos “tienen una aplicación diferente dependiendo de quien sea la víctima o el victimario”.
La familia de Anjel Berrueta tramitó la petición de  orden de alejamiento  por el temor a que se puedan reproducir cualquier tipo de agresión hacía sus miembros.