Cuando el jefe de los “peritos” es tu torturador

perito-tortura

3.10.2006 (Juicio 18/98)

Nada mas iniciarse la fase pericial, Nekane Txapartegi identificó al jefe de los guardias civiles que declaran en calidad de «peritos» como una de las personas que le torturó y le interrogó durante su detención a manos del instituto militar español.

Txapartegi, encausada en la pieza de Xaki, relató a la Sala durante su turno de intervención cómo durante el periodo de incomunicación fue torturada salvajemente a manos de sus captores, que llegaron incluso a violarla.

El letrado Kepa Landa explicó al tribunal que su defendida reconoció al agente G-96330-W, comandante de la Guardia Civil ­el mismo que se ausentó un día de la vista sin avisar a nadie­ como uno de los responsables de su calvario.

Durante su interrogatorio, el abogado de la defensa intentó preguntar a esta persona sobre la cuestión (si conocía a Txapartegi, si había participado en los interrogatorios…), pero la presidenta, Angela Murillo, no le permitió hacer ninguna pregunta. «No ha lugar», respondió la magistrada ante la batería de preguntas.
Landa argumentó que este guardia civil no puede ejercer la labor pericial, que presupone imparcialidad y cuya función es aportar al tribunal un conocimiento técnico-científico que éste no posee, cuando es uno de quienes torturaron a Txapartegi, y solicitó un careo entre su defendida y el declarante para comprobar la credibilidad de éste último, tal como contempla el artículo 451 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
«No procede el careo», volvió a cortar la presidenta sin dar más argumentos, ante lo que Landa interpuso la consiguiente protesta y denunció que «se perjudica el derecho de Nekane Txapartegi a un juicio con todas las garantías y su derecho a la defensa».

Sobre este mismo «perito» volvió durante su turno Jone Goirizelaia, quien le preguntó si conocía a Mikel Egibar y si sabía que había sido detenido por la Guardia Civil. También le preguntó si había sido él quien elaboró el atestado de esa detención. «No procede la pregunta», volvió a interrumpir Murillo, a lo que la abogada replicó que pretendía demostrar el interés manifiesto que este guardia civil tiene en la causa.

Goirizelaia agregó que la pericia de este agente del instituto militar español se basa casi en exclusiva en las declaraciones efectuadas por Egibar durante su cautiverio.
Cuando tuvo que declarar, Egibar también relató al tribunal las fuertes torturas sufridas durante su detención, hasta el punto que cuando ingresó en prisión lo hizo vistiendo un buzo blanco porque sus ropas estaban destrozadas y ensangrentadas.

Su abogada explicó que, al finalizar el interrogatorio a manos de la Guardia Civil, uno de sus interrogadores le ordenó que se quitara la capucha con la que todo el tiempo le habían estado cubriendo la cabeza, para que viera quién le había interrogado.
Reventado como estaba, no pudo hacerlo, y fue su captor quien lo hizo. Era el mismo agente G-96330-W.

La presidenta tampoco dejó a Goirizelaia preguntarle nada al respecto, y la letrada protestó, subrayando que de esta forma impedía la posibilidad de recusar al «perito» por «enemistad manifiesta» hacia su defendido.

Y es que la magistrada se dedicó durante toda la sesión a hacer labores de contención para la parte acusatoria ante los argumentos expuestos por la defensa para desacreditar el carácter pericial de los declaran- tes y de sus informes.
Además de la falta de neutralidad de los guardias civiles, que ha quedado de manifiesto también en otras sesiones, los abogados pusieron en solfa la capacitación profesional y la cualificación «científica» que la Fiscalía les atribuye.
Por ejemplo, Landa hizo que les fuera expuesto uno de los informes que constan en el sumario y les preguntó por el origen de ese documento. La respuesta fue que se trataba de una denuncia policial.
«¿Y cuándo deciden ustedes que ya no son personas que hacen denuncias y que se convierten en peritos?», preguntó el abogado, recordando que una denuncia policial no es en ningún caso un elemento de prueba en un procedimiento judicial y que quienes han participado en las diligencias anteriores al juicio no pueden deponer como «peritos».
«¿Es el juez instructor quien decide eso?», siguió Landa, a lo que el interrogado respondió, atribuyéndose la función de la presidenta, que «creo que esa pregunta no es procedente». El abogado siguió: «¿Es el juez instructor quien les dice que van a declarar como peritos?». «No ha lugar a la pregunta». En esta ocasión respondió Murillo.
Landa replicó a su vez que prácticamente todos los informes periciales son «meros informes de denuncias», por lo tanto sin valor probatorio, y concluyó que «éstos no son peritos, son policías que ratifican informes policiales».
Este mismo letrado se refirió también a un informe elaborado por estos «expertos» policiales el 13 de enero de este mismo año, en el que se incorpora por primera vez un apunte en el que se dice que «todos los datos han sido sometidos a un proceso técnico-científico».
Resulta que, como apuntó Landa, ese informe se redactó justo después de que la misma Sala que está juzgando este sumario dictara una sentencia en la que se rechaza que los miembros de las FSE sean considerados peritos. Criterio que se ha saltado en este juicio, apenas unos meses después.
«¿No será que la Guardia Civil se dio cuenta de que sus informes no eran periciales?», preguntó el abogado, a lo que el agente respondió que «ésa es una interpretación torticera de la realidad».



Categorías:EUSKAL HERRIA, EUSKAL PRESOAK, MEMORIA, POLICÍA, TORTURA

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