El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas hizo público en julio de 2013 el informe de fiscalización de las cuentas del Gobierno de Lakua de 2011, donde se detectaban irregularidades en todos los contratos para la ejecución de las obras del TAV formalizados por el Gobierno de Patxi López.

Las adjudicaciones, por valor de 348,7 millones de euros, estuvieron, entre otras cuestiones, sujetas a una excesiva ponderación de «juicios de valor» en la elección de las empresas contratadas.
A lo largo de 2011, el Ejecutivo de Lakua realizó cuatro contrataciones de obras de la llamada «Y vasca», cada una de ellas a una Unión Temporal de Empresas distinta y todas ellas con irregularidades.

El tramo Bergara-Bergara fue adjudicado por 95,1 millones de euros a la Unión Temporal de Empresas compuesta por Sacyr, Campezo Construcción, Febide y Cycasa Canteras y Construcciones. El tramo Antzuola-Ezkio/Itsaso fue para la UTE Sobrino, Obegisa, Geotunel, por 125,7 millones de euros. Las obras del tramo Ezkio/Itsaso-Ezkio/Itsaso le correspondieron a la UTE formada por FCC, DC, Lurgoien y Campezo al precio de 56,4 millones. Por último, el tramo Hernani-Astigarraga fue para la UTE formada por Moyua, Balzola y Azvi, por 71,5 millones de euros.

En todas estas adjudicaciones resultó determinante la aplicación del «JUICIO DE VALOR» del contratante, puesto que ninguna de ellas fue la propuesta más barata, ni en los dos casos en los que se aplicaron otras variables en función de fórmulas objetivas, obtuvieron la mejor puntuación en ese apartado.

El TVCP sostiene que dado el alto valor que se concede a la opinión del contratante, «sería recomendable» desgranar esos criterios en subcriterios e indicar la puntuación otorgada en cada uno de ellos a las diferentes ofertas.

El TC también reseña que en todos estos contratos del TAV y en otros siete del Gobierno de López «no se justifican en los expedientes los criterios de adjudicación para identificar la oferta más ventajosa».
Concretamente en los referidos a las obras de la «Y vasca», añade que el informe del organismo técnico especializado para evaluar las ofertas «debería ir acompañado de la documentación que, de manera desagregada, soporta sus conclusiones».