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Kaleratzeak Stop Desahucios Araba denuncia que «PNV y PP desvirtúan y adulteran la ley»
El Gobierno español del PP y el Gobierno Vasco del PNV han emprendido una cruzada contra la ley de vivienda vasca, como denuncia Kaleratzeak Stop Desahucios Araba. «Mientras el Gobierno español acaba de presentar un recurso de Inconstitucionalidad contra los artículos mas importantes de la Ley de Vivienda, el Gobierno Vasco presenta un decreto sobre el derecho subjetivo de acceso a una vivienda digna, que regula exclusivamente una nueva prestación económica de 250 euros».
A juicio del colectivo social, la propuesta del PNV «vulnera así radicalmente la ley y, además, empeora la actual Prestación Complementaria de Vivienda que perciben 29.000 personas». Así señalan que «el PNV emula al gran cacique Romanones: ‘ustedes hagan la ley, que yo haré el reglamento’. Sustituir el derecho a una vivienda digna por 250 euros de subvención, cuando el alquiler medio es de 800 euros, es una burla y un atropello».
El borrador de decreto del Gobierno Vasco «exige estar inscrito cuatro años en Etxebide, en lugar de los tres años de empadronamiento actuales, amplia el plazo para contestar a seis meses, en lugar de dos como ahora, establece que el silencio administrativo será negativo, en lugar de positivo como es ahora, declara la incompatibilidad con otras prestaciones, como las ayudas de emergencia, o exige unos ingresos mínimos de 3.000 euros ahora inexistentes», dice Kaleratzeak Stop Desahucios Araba?
También denuncian «al Gobierno Vasco por incapacidad ante la actual emergencia habitacional, con mas de 40.000 personas demandando una vivienda en alquiler, por vulnerar la Ley de Procedimiento Administrativo al excluir masivamente a inscritos en Etxebide sin comunicárselo individualmente, o por incumplir reiteradamente los acuerdos del Parlamento Vasco, como el relativo a los inquilinos de Alokabide, a los que se les impone gastos de alquiler y de comunidad que les hunden en la pobreza».
Por eso, aseguran que «El Gobierno Vasco, y el Gobierno Estatal, representan los intereses de quienes se enriquecen y hacen negocio con las necesidades de la gente, y menosprecian a los colectivos socialmente más vulnerables».
Porque, según la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales, «en la CAV medio millón de personas están en riesgo de pobreza, mas de 50.000 personas viven de la caridad, y dos mil duermen en la calle, o en centros precarios para personas sin hogar».
Por lo que, Exigen al Gobierno de Urkullu «la retirada inmediata del BORRADOR DE DECRETO DE VIVIENDA, porque rechazamos sustituir el derecho a una vivienda digna por una prestación económica y denunciamos el empeoramiento de la actual Prestación Complementaria de Vivienda».
Por otro lado, advierten que la proposición no de ley presentada por el PSE-EE en el Parlamento Vasco, y que se debatirá mañana, pidiendo que respete el espíritu de la ley y que no haya recorte de las actuales prestaciones de vivienda, «además de que no obliga, no resuelve el problema de fondo que es la política en materia de vivienda de este Gobierno».
Por eso, demandamos al PP que retire el Recurso de Inconstitucionalidad, y al PNV y PSE, unos presupuestos que frenen el retroceso en las prestaciones sociales, y que financien la rehabilitación de viviendas, la promoción de nuevas viviendas de alquiler, captación de viviendas vacías, recalificación de VPO que no se venden, y, en definitiva, aumentar el parque de viviendas de alquiler social para dar respuesta efectiva al derecho fundamental a una vivienda digna».
Juanjo Basterra
Kazetari Kanaia - Periodista Canalla 