
El juez que instruye el «caso Bidegi» ha impuesto una fianza de 100.000 euros a Gidari, la asociación ciudadana formada en febrero con el objetivo de personarse como acusación popular y esclarecer los presuntos casos de corrupción en el seno de la empresa pública.
El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 de Azpeitia que instruye el «caso Bidegi» ha fijado, concretamente, sendas fianzas de 50.000 por las dos querellas llevadas a los tribunales por la anterior Diputación de Gipuzkoa. Sin el pago de las mismas, la personación de Gidari como acusación popular sigue bloqueada.
Paralelamente a Gidari, la petición de cuatro junteros de EH Bildu para personarse también como acusación popular sigue su curso, aunque igualmente la tramitación está bloqueada porque el juez Borja Antolín Herreros ha pedido una fianza de 30.000 euros y otra de 50.000 euros por la primera y la segunda querella, respectivamente. Ambas fueron recurridas. El juez ha corroborado la fianza de los 50.000; sobre la de 30.000 euros aún no se ha pronunciado.

Preocupación por los 30 millones
Según explicaron sus promotores, Gidari surgió de la preocupación por los 30 millones de euros «salidos del bolsillo de la ciudadanía» y que lasquerellas de la anterior Diputación reflejan que fueron pagados a las constructoras de dos tramos de la AP1 de modo indebido. Incidirán en los tribunales porque «sabemos que es muy difícil que se resuelvan allí casos de corrupción» en general, pero también se plantean un trabajo de divulgación, con presentaciones y charlas en los pueblos.
Animan a quien quiera implicarse en esta iniciativa a ponerse en contacto con ellos a través de la dirección gidarielkartea@gmail.com.