Hoy conocíamos que el juez que instruye el «caso Bidegi» ha impuesto una fianza de 100.000 euros a Gidari, la asociación ciudadana formada en febrero con el objetivo de personarse como acusación popular y esclarecer los presuntos casos de corrupción en el seno de la empresa pública.
Algo similar ya sucedió en 2008 con el Caso Bravo, también en Gipuzkoa…
En abril de 2008, la jueza que investigaba el fraude de la Hacienda de Irún, más conocido como “Caso Bravo”, apartó al sindicato LAB y al abogado Fernando Argote, que ejercían sendas acusaciones particulares , después de que no abonaran las fianzas impuestas por la Audiencia de Gipuzkoa para seguir en el procedimiento.
La Audiencia de Gipuzkoa elevó en febrero de 2008 las fianzas que inicialmente habían provisto LAB y Argote para personarse en el caso, a raíz de que el principal imputado , José María Bravo, y su mujer y también acusada, Rosa Cobos, solicitaran que se retirara a ambos la capacidad de ejercer la acusación particular.
De esta manera LAB debería haber incrementado de 3.500 a 60.000 euros, mientras que Argote debía haberlo hecho para pasar de 1.000 a 30.000 euros. El sindicato LAB anunció que abandonaba la via penal y afirmó que se centraba el la via contencioso-administrativa para intentar depurar responsabilidades políticas.
En julio de 2012, la Audiencia Provincial de Gipuzkoa condenó a 11 años de prisión al ex director de la Hacienda de Irun, José María Bravo, mientras que a su mujer, Rosa Cobos, le impuso 3 años y cuatro meses. La Fiscalía había pedido 24 años para Bravo y la acusación particular, 27 años.
Igor Meltxor
Al sindicato LAB le obligaron a abandonar la vía penal y se centro en intentar depurar responsabilidades políticas. Se consiguió que las Juntas Generales aprobaran dictamen con la responsabilidad del PNV y algunos de sus cargos políticos de Diputación y ya, más adelante, hasta consiguió que se sancionara a uno de esos funcionarios que compatibilizaban su puesto de funcionario con las empresas del Fraude.
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