PRIMERO EL PARLAMENTO VASCO DEBE DAR LUZ VERDE A LA PROPOSICIÓN DE LEY, ELABORADA Y A FALTA DE RATIFICACIÓN PLENARIA
Jon García, miembro de ASVIAMIE y extrabajador de CAF, ha respirado hondo. Hoy ha podido transmitir que ya está elaborada la proposición no de ley para obligar al Congreso español que debata y ponga en marcha un Fondo de Compensación del amianto, como existe en otros países europeos, para hacer más fácil y llevadero el drama del amianto de los afectados y sus familias.
De esta manera, el Parlamento de Gasteiz con el apoyo de todos los grupos parlamentarios presentes en la cámara (PNV, EH BILDU, PSE, PP y UPD), presentará para su debate urgente en el Pleno una proposición de ley con el fin de proponer al Parlamento de Madrid la creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto. La inestabilidad política todavía no ha cerrado el día de la votación, que podría retrasarse, pero el texto está en marcha.
Jon García recuerda que ese inicio en «el Parlamento de Gasteiz desde 28 de noviembre del año 2011 viene estudiando la posibilidad de crear un fondo de compensación con el fin de resarcir a las víctimas del amianto. Con dicho objetivo se constituyó una ponencia en el seno de la Comisión de Políticas Sociales, Trabajo e Igualdad que ha contado con la colaboración de diversos agentes sociales, Osalan, Sindicatos de trabajadores y Empresarios, Asociaciones médicas y de afectados» .
El miembro de ASVIAMIE recuerda «que el amianto está prohibido en el Estado español desde diciembre del 2001, dicha prohibición la única actividad que permite es la retirada del amianto ya colocado he instalado con anterioridad a esa fecha. En el resto de países la situación es desigual por ejemplo en Suecia se prohibió su utilización en 1982 y en la Unión Europea a partir del 1 de enero de 2005»
Pero admite que «el riesgo de su manipulación al inhalar las fibras de amianto tiene unas consecuencias fatales para el organismo, produciendo al cabo de los años diversas enfermedades como el mesotelioma, cáncer de pulmón, asbestosis y placas pleurales por citar las enfermedades más comunes. Todos los expertos establecen una estrecha relación entre mesotelioma (cáncer de pleura) y el amianto»
«Entre los años 1994 y 2008 han fallecido 174.300 personas en el mundo por mesotelioma y de ellos el 90% en los 14 países de máximo consumo mundial entre los que se encuentra España con 3943 fallecimientos y de estos al País Vasco corresponderían 305 fallecidos», aunque el organismo investigador del cáncer de la OMS eleva los fallecidos en Hego Euskal Herria por encima de los 500.
«En el estado español el pico máximo de importación de amianto se produjo entre los años 1970 y 1980 y por lo tanto el mayor número de personas afectados se espera entre los años 2019-2023», explica. Los datos oficiales facilitados por Osalan al Parlamento Vasco a 18 de agosto del 2015 son «las siguientes: personas con asbestosis 119; personas con mesotelioma 124. Total, de afectados 461. Fallecidos 241».
En la Unión Europea «Francia, Bélgica y Holanda se han creado fondos de compensación para las víctimas ligados a la normativa de la Seguridad Social de cada país. El fondo de compensación francés creado en el año 2001 que se ha utilizado como referencia para elaborar el proyecto de Ley por el Parlamento Vasco es un organismo público con personalidad jurídica propia y autonomía financiera de cuyos presupuestos se hace cargo la Seguridad Social en un 90% y del Estado en un 10%».
Jon García explica que «dicho fondo cuenta con varios tipos de beneficiarios, enfermos con Enfermedad Profesional reconocida, enfermos sin Enfermedad Profesional reconocida, pero provocada por el amianto y enfermos que no han trabajado, pero han contraído la enfermedad por inhalar amianto en el medio ambiente (caso de esposas de trabajadores al limpiar la ropa de trabajo y de poblaciones colindantes con empresas contaminantes,)».
Según explica, «El proyecto elaborado por el Parlamento Vasco se compone de varios apartados: En la introducción hace una exposición de motivos para crear un fondo a nivel estatal, argumentado la necesidad del mismo con el fin de amparar a todas las víctimas y asegurar que tengan una vida digna sin tener que acudir a los tribunales como ocurre actualmente», pero la ley está compuesta de cuatro capítulos y una disposición final.
«En primer capítulo hace mención además de a los fines, a los recursos económicos del fondo vía cotizaciones empresariales, aportaciones de las mutuas y de los Presupuestos del Estado. También se hace mención a la estructura organizativa con un Consejo Rector compuesto por representantes de la Administración Pública, Organizaciones Sindicales, Organizaciones Empresariales y las Mutuas. Además, contarán con una Secretaria General cuya función fundamental será ejecutar los acuerdos del Consejo Rector. Por otra parte, se crearán unidades administrativas periféricas que se integrarán en las respectivas Direcciones Provinciales de la Seguridad Social».
En el segundo capítulo «señala nuevamente quienes están obligados a cotizar al Fondo, Empresarios y Mutuas y quienes son los titulares de derecho, citando expresamente a las personas que hayan obtenido el reconocimiento de una enfermedad profesional ocasionada por el amianto y a todas las personas que hayan padecido un perjuicio resultante directamente de una exposición al amianto». En el tercer capítulo se hace referencia «a la iniciación del procedimiento, ordenación e instrucción del mismo señalando como plazo máximo para obtener la indemnización por parte del afectado en seis meses a partir de la presentación de la petición. En el capítulo cuarto se hace mención a la subrogación de todos los derechos por parte de los solicitantes».
En la disposición final se autoriza al Ministro que tenga asumidas las competencias de la Seguridad Social para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo de la ley.
«El proyecto de Ley elaborado por el Parlamento Vasco insta al Parlamento del Estado a que de una vez por todas resuelva la situación injusta que padecen las víctimas del amianto. Desde hace más de una década de forma intermitente se ha tratado la cuestión en el Parlamento de Madrid, pero nunca se ha resuelto ni aceptado las reivindicaciones de los afectados por el amianto. Por primera vez desde un parlamento autonómico se propone la aprobación de una Ley que abarca toda la problemática de las víctimas del amianto con un espíritu igualitario y justo con el fin de socorrer a todas las personas afectadas en vida y aliviar sus padecimientos».
Para concluir, Jon García admite que, «Al unísono de la presentación de esta Ley en el Parlamento de Madrid, debemos impulsar un movimiento amplio de apoyo que visualice la dimensión de esta tragedia y obligue de una vez por todas a la creación de un Fondo de Compensación para las víctimas del amianto».
Juanjo Basterra