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Esta semana arrancará el juicio por el caso de espionaje informático en Sprilur. La Fiscalía pide 18 meses de cárcel para Antton Zubiaurre, ex director general de la sociedad pública, y 9 meses para Iñaki Urrutxua, ex administrativo de la sociedad y antiguo chófer de Zubiaurre.
Este caso fue analizado por Igor Meltxor en su libro GESTIÓN A LA VASCA , publicado en noviembre de 2015: (págs 209-213)
CASO ZUBIAURRE: espionaje y malversación en Sprilur
A mediados de 2010 era detenido por orden judicial, Antton Zubiaurre, ex director general de la sociedad pública Sprilur, encargada de la gestión de suelo industrial, por un presunto delito de espionaje informático a altos cargos del equipo de Gobierno de la CAV en aquel momento, liderado por Patxi López. Durante la investigación se comprobó que varios ordenadores del Grupo Spri -entre ellos, al parecer, el del propio director de la entidad, Tomás Orbea- habían sido ‘hackeados’ con un programa espía, lo que permitía que su contenido fuese vigilado a través de internet con acceso, incluso, a su correo electrónico.
Tanto a Zubiaurre como a su chófer, se les culpa de de acceder a la cuenta de correo electrónico del director técnico de Sprilur, Pedro García, quien en marzo de 2010, se percató de que en su correo electrónico, en la bandeja de elementos enviados, aparecía un e mail enviado el día anterior, domingo, a una dirección concreta: antonzubiaurre@euskalnet.net. Y él no lo había hecho. En el correo se hablaba de unos pabellones industriales a la venta a bajo precio en un lugar cercano de unos terrenos que debían ser recalificados.
Las investigaciones pusieron la lupa en algunos ordenadores del Departamento de Industria. Entre los espiados se encontraban, al parecer, los principales directivos de Sprilur, y que accedieron a estos puestos tras el desembarco del PSE de López en Ajuria Enea, en mayo de 2009. Después de que distintos cargos detectasen anomalías en sus ordenadores, Industria interpuso denuncia en los juzgados.
El principal implicado en el caso, Antton Zubiaurre, había sido apartado de la dirección de Sprilur a mediados de 2008, supuestamente debido a su delicado estado de salud. Algunas informaciones, indicaron que Zubiaurre mantenía también diversas actividades en el ámbito de empresas privadas, que rayaban la incompatibilidad con sus responsabilidades como alto cargo de una sociedad pública. Se da la circunstancia, de que Zubiaurre era un hombre del Partido. Militante del PNV de Gipuzkoa, llegó a ser alcalde de la localidad de Mendaro entre los años 1991 y 1999, permaneciendo otros tres años más en el Ayuntamiento como concejal, hasta su dimisión en 2002.
Existen sospechas que Sprilur desvió fondos a terceros a través de la sociedad Avalancha Proyectos. El Gobierno de López denunció a Zubiaurre por un supuesto delito del malversación, tras comprobar que pagó 3,36 millones de euros por 10 hectáreas de terrenos rústicos en Santurtzi (Bizkaia), un precio que los peritos estimaron que superaban tres o cuatro veces el del mercado. De esa cantidad, 460.165 euros los abonó mediante un talón al portador, y que acabó en manos del intermediario de la operación, el administrador de la citada sociedad, Avalancha Proyectos.
Las investigaciones dejaban en el aire una supuesta trama fraudulenta financiera. El informe redactado por la Ertzaintza lo dejaba claro: «El hecho de falsear el volumen del negocio surgido de la operativa realizada por el señor [José Francisco] Darquistade en representación de la empresa Avalancha Proyectos SL, al margen de constituir una infracción a nivel fiscal, podría estar ocultando una desviación de fondos hacia una tercera persona». Según este informe, el administrador único de Avalancha, José Francisco Darquistade, cobró los 460.165 euros citados, pero solo apuntó en sus libros y facturó al vendedor de los terrenos por 397.388,16 euros, IVA incluido. Los 62.776,84 euros de diferencia no aparecen por ningún sitio. Se da la circunstancia, que el vendedor de las tierras, un vecino del municipio de Abanto, es primo carnal del presidente del PNV, Andoni Ortuzar, y que aseguró que pagó las labores de asesoría a un gabinete, mientras que Darquistade incluyó esos servicios entre los que facturó.
Darquistade declaró a la Ertzaintza que Zubiaurre le informó de un proyecto de desarrollo industrial en la zona, «los precios que se ofertarían por metro cuadrado y, sobre todo, cómo el alcalde de Santurtzi habría dado el visto bueno al proyecto» y, por tanto, a la recalificación. El entonces alcalde de la localidad vizcaína, el socialista Juan Cruz (PSE), testificó que no habló con Zubiaurre para la recalificación de los terrenos, proceso que no se había realizado.
Este caso se ciñe al guión de otras tramas ligadas a las recalificaciones de terrenos: un cargo público con capacidad de compra y presupuesto busca a alguien que crea una sociedad mercantil instrumental a la que le facilitaría toda la información para ponerse en contactos con propietarios de terrenos. Una vez localizado el vendedor, el cargo público enviaría al intermediario para sondearle. Este le habla sobre el posible interés de una administración por sus terrenos, y le sugiere que quizás va a haber recalificaciones para convertirlos en suelo industrial. Incluso le dejaría caer que ya está de acuerdo en la operación con las autoridades locales, con lo cual le puede ofrecer un precio por metro cuadrado más elevado. Si se cierra el trato y los terrenos se compran, el sobreprecio se reparte. El intermediario se lleva entre el 10% y el 15% de la operación de compra, y el vendedor logra unas plusvalías considerables.
El consejo de administración de Sprilur, la sociedad pública que gestiona la compra de terreno para fines industriales, aprobó en marzo de 2011, provisionar 5 millones de euros por el quebranto económico causado por tres operaciones realizadas entre 2006 y 2008, durante el mandato de Zubiaurre. Del total, 3,1 millones corresponden a las pérdidas por las compras de terrenos en Santurtzi El resto corresponde a otras dos operaciones con pérdidas detectadas por una investigación interna.
Las sociedades en las que participa SPRILUR
Araba
–Gasteizko Industria Lurra, S.A. (Vitoria-Gasteiz)
Bizkaia
–Abanto Zierbenako Industrialdea, S. A.
–Arratiako Industrialdea, S. A.
–Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S. A.
–Busturialdeko Industrialdea, S.A.
–Burtzeña Enpresa Parkea, S.A. (Barakaldo)
-Urdulizko Industrialdea, S.A. (Urduliz)
Gipuzkoa
–Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.
–Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.
–Deba Bailarako Industrialdea S.A.
–Goierri Beheko Industrialdea, S.A.
k-Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A.
–Polo de Innovación Garaia, S.A. (Arrasate-Mondragón)
Meses después, en septiembre de 2011, Zubiaurre declaró ante el juez, que la operación de compra de terrenos de Santurtzi, propiedad de un primo de Ortuzar, se hizo tras llegar a un acuerdo con el ex alcalde de Santurtzi, Javier Cruz, para recalificar como suelo industrial los 10.000 metros cuadrados de dicha parcela. Esta misma versión fue corroborada por el administrador de la sociedad Avalancha.
Javier Cruz testificó que jamás habló con Zubiaurre para la recalificación de los terrenos. La recalificación no se llegó a producir en ningún caso. El terreno no resultaba apto para un uso industrial, según los peritajes del propio Gobierno y de la Diputación de Bizkaia, que sostienen en sus informes que, al encontrarse en la ladera de una montaña, su adecuación para ese fin iba a resultar extremadamente agresiva y cara.
El exdirector de Sprilur, quien tiene otra causa abierta en el Juzgado de instrucción número 10 de Bilbao por supuestos delitos de descubrimiento y revelación de secretos por espiar presuntamente a altos cargos de Industria, se desmarcó totalmente de la gestión de la venta, al asegurar que todo lo relativo a ese proceso fue encargado al bufete bilbaíno de abogados de Antón Pérez Sasía.
Caso paralizado
El caso Zubiaurre, está paralizado desde hace más de un año. El juzgado de Bilbao que investiga al ex alto cargo del Gobierno de la CAV (director general entre 2000 y 2008 de Sprilur) está pendiente de un informe de Microsoft en Estados Unidos, que fue solicitado en mayo de 2012 y que ha obligado a la juez a enviar varias comisiones rogatorias.
publicado en el libro «GESTIÓN A LA VASCA», Igor Meltxor (págs 209-213)
Kazetari Kanaia - Periodista Canalla 