PETRONOR

Petronor y Administración pública los mayores riesgos para la conservación y el medio ambiente, según el informe ‘banderas Negras 2016’ 

En Bizkaia, 2:Muskiz (refinería Petronor), Laida-Mundaka (Mal uso del dragado y cambio usos de protección biosfera Urdaibai)

En Gipuzkoa, otras 2: Oribarzar, en Orio, peligrosa por sus terrenos fangosos y urbanización de Munto en la ría Oria.

Ecologistas en Acción planta 4 banderas negras en otras tantas playas vascas por diversos motivos. En Bizkaia, la playa de Muskiz a juicio del colectivo ecologista por ‘contaminación’ por la refinería Petronor, del grupo Repsol.  “Más de 40 años padeciendo y luchando contra la refinería” lleva padeciendo el municipio de Muskiz debido a la instalación petrolífera, según Ecologistas en Acción (Ekologistak martxan).

Insiste en que ‘en 1968 se adjudicó a Petróleos del Norte S.A. (Petronor, actualmente filial de Repsol) la construcción en Muskiz de una refinería de petróleo que entró en funcionamiento en 1972, ubicada cerca de costa, en zona de marismas en la desembocadura del río Bardabún’. Desde entonces, se ha ampliado en 14 ocasiones, ‘convirtiéndose en el mayor complejo petroquímico de la costa del Cantábrico, lo que ha ocasionado reiteradas denuncias vecinales y ecologistas, tanto por la contaminación atmosférica, como por los vertidos directos a la ría’.

Recuerda que Petronor es actualmente, ‘la empresa más contaminante de Euskal Herria, ya que emite cerca de 2.600.000 toneladas de CO2 anuales, que suponen más del 10% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero del País Vasco’. Además, las sustancias empleadas, consideradas “supercontaminantes”, procedentes del petróleo canadiendse, ‘se estima que contienen un 23% más de CO2, por lo que el incremento de su uso aceleraría los niveles de contaminación atmosférica existentes en dicha localidad vizcaína’.

 

Laida-Mundaka: Bandera negra

La segunda bandera negra está clavada en Laida-Mundaka en pleno Urdaibai. Ecologistas en Acción indican que ‘el plan de dragado del Puerto de Mundaka se lleva la Bandera Negra por mala gestión debido al gran deterioro que sufrió tras los temporales del pasado 2014 y su posterior reconstrucción industrial. Se ha optado -denuncia- por un plan que incluye dragar el puerto de Mundaka, extrayendo 5.000 m3 de arena y otros 35.000 m3 de otras zonas de la playa, para el relleno de la playa en busca de la aceleración de la regeneración de la playa”. Pero sostiene que ‘no está claro que dicho suministro de arena funcione a lo largo del tiempo, por lo que se prevé que se deberá repetir dicha regeneración artificial en cortos periodos de tiempo’.

LAIDA

Ecologistas en Acción añade que de las cuatro posibles soluciones ‘se han descartado las dos primeras que proponían: no hacer intervenciones, permitiendo una estabilidad natural por la propia dinámica de la playa, y una acción mínima aprovechando el dragado de Mundaka’. Pero se ha optado ‘por unir los dos procesos más caros y que pueden modificar el equilibrio del entorno’, se lamenta. Tampoco se ha tenido en cuenta el estado de la arena que se quiere extraer y aprovechar, ‘con sus graves consecuencias ecológico-sedimentarias a corto y largo plazo. Añadir que la ría tiene un pasado industrial, que provoca que en las capas enterradas haya presencia de metales pesados’. En este caso avisa el informe sobre las latas que, ‘rellenos anteriores en las zonas internas de la ría ya han provocado la muerte masiva de moluscos y crustáceos, pero en esta ocasión no se han planteado siquiera empezar por una cata de la zona a extraer para analizar su composición’.

A esa crítica situación, Ecologistas en Acción añade ‘nueva amenaza: el Gobierno Vasco ha sacado a exposición pública un proyecto de decreto de modificación del PRUG modificando los usos y quitando protección a la reserva de la biosfera de Urdaibai, otorgada por la UNESCO’.

 

Playa de Oribarzar en Orio, por contaminación

Gipuzkoa también concentra dos Banderas negras. La primera es la playa de Oribarzar, ubicada en el margen izquierdo del río Oria, ‘se ubica a 2 km del casco urbano de Orio. Lleva años catalogada como no apta para el baño, habiéndose prohibido el baño en sus aguas, debido a la peligrosidad de sus terrenos fangosos. Actualmente, desde los servicios medioambientales de Medio Ambiente y el Departamento vasco de Sanidad, se cataloga dicha playa en servicio de vigilancia, puesto que las aguas de la desembocadura del río condiciona la acumulación de fangos’.

El informe recuerda que ‘hace años, la Comisión Europea ya indicó que ésta es una de las playas menos recomendable para darse un baño, viendo como a día de hoy, sigue sin solucionarse ningún problema. Tal afirmación fue y sigue siendo ratificada por organizaciones ecologistas, debido a que no cesan los vertidos industriales, aguas fecales, residuos de puertos o fangos’.

A juicio de este colectivo ecologista, ‘la problemática de Orio se ve agravada por la presencia de numerosas industrias alrededor de la zona, usando el pequeño arenal como un vertedero, haciendo que desde hace mínimo nueve años, cuando la Comisión Europea llegó a esa conclusión, ningún análisis de contaminación de sus aguas haya indicado buenos resultados’.

Añade que en el año 2008, Ecologistas en Acción adjudicó su Bandera Negra en dicha playa, debido a las construcciones en primera línea de playa. ‘Tras siete años desde dicha fecha, la problemática continúa vigente, debido a la despreocupación por las autoridades, haciendo que el problema siga sin solucionarse, y con despreocupación a la hora de ampliar urbanísticamente la línea costera a merced de los graves impactos de contaminación para la salud pública’.

La cuarta bandera llega en la Urbanización de Munto en la ría de Oria (Orio). ‘Nuevamente, se otorga la Bandera Negra por parte de Ecologistas en Acción, al urbanismo desfasado en la ría de Oria, haciendo pleno de Banderas Negras 2016 tanto por contaminación como por mala gestión.

Debido a las acusaciones al devastador proyecto, unido a las cinco sentencias que anulaban el proyecto de levantar 200 pisos en la costa, se ha decidido insistir nuevamente en dicha ría para otorgar la bandera’.

Porque recuerda que en 2012, último en el que se otorgó la Bandera Negra, y coincidiendo un año antes de que se llevara a cabo la decisión de la construcción de los 200 pisos pese a las sentencias en contra, el Plan Parcial se sitúa en un ámbito calificado como zona inundable en períodos de retorno de 10 a 100 años por el Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los

Márgenes de los Ríos y Arroyos de la Vertiente Cantábrica, que prohíbe cualquier tipo de actuación urbanística. Algunas de las actuaciones se han realizado en zonas de servidumbre de la Ley de Costas’.

Ecologistas en Acción destaca cabe también lo comentado en dicho informe ‘que la población de Orio se manifestó reiteradamente contra dicho Plan, y viendo cómo años después, las autoridades han hecho caso omiso de las reivindicaciones vecinales’.

 

47 BANDERAS NEGRAS EN ESTADO ESPAÑOL

Ecologistas en Acción ha vuelto a realizar un análisis sobre la situación ambiental de las costas y de nuestro entorno litoral, y publica su informe Banderas Negras.  ‘Es importante destacar que en esta edición del informe se ha cambiado la metodología con respecto a los estudios publicados otros años. Efectivamente, tras inspeccionar los casi 8.000 km de litoral del Estado español, mientras que en ediciones anteriores se señalaban aquellos puntos negros de nuestro litoral, en esta ocasión se ha optado por seleccionar solo dos para cada provincia: un caso de contaminación y otro de mala gestión ambiental. La elección, ante la variedad y abundancia, no ha sido fácil, y finalmente el resultado es un compendio de sucesos de contaminación y malas prácticas que vienen deteriorando nuestro litoral’.

BANDERAS NEGRAS PLAYAS

En el Estado español hay 24 provincias litorales, repartidas en 10 Comunidades Autonómicas, más Ceuta y Melilla, por lo que se han asignado 47 Banderas Negras que reflejan los abusos a los que no cesan de someter a nuestro litoral. ‘En esta asignación de Banderas Negras no olvidamos los graves problemas derivados de estrafalarios proyectos que no han llegado a ninguna parte, como las prospecciones petrolíferas, los cambios legislativos –como la reformulación de la Ley de Costas que ha servido para legalizar verdaderas agresiones al litoral español– o problemas estructurales por falta de inversiones, como es la mala depuración de vertidos’.

Ecologistas en Acción denuncia que el actual Gobierno español ‘sigue considerando la costa como una zona donde especular y permitir una continua degradación por el urbanismo depredador, que parecía frenado, pero que amenaza de nuevo con la modificación de la ley de Costas (Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral) y su Reglamento. En esta ley se permite la desprotección y la privatización de buena parte del maltrecho litoral español, sin previsiones reales que permitan la adaptación de la costa al ‘cambio climático y sin medidas eficaces que permitan la conservación de los ecosistemas costeros ya gravemente amenazados’.

La filosofía en temas de conservación del Gobierno del PP ‘es también fácilmente detectable en su Plan Litoral 2015: playas artificiales, hormigón y escolleras, es decir, artificialización del litoral y dinero que se llevará el mar, al no atajar los problemas en su raíz. La falta de interés es patente al constatar que dentro de las Estrategias para la Conservación de la Costa del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, solo se han detallado actuaciones en dos tramos de todo el litoral español, actuaciones que suponen principalmente obras costeras y deposición de arenas: más de lo mismo’.

Lamenta que ‘los altos valores ambientales de nuestras costas mediterráneas y atlánticas bien merecen políticas que asuman la sostenibilidad y la gestión integrada del entorno costero, poniendo en valor los ecosistemas naturales y el legado cultural de nuestros pueblos y ciudades litorales’.

Juanjo Basterra

arcelor sestao

El gigante siderúrgico quiere una subvención de entre 10 y 15 millones para I+D+i que es la disculpa que necesita el Gobierno Vasco para dar luz verde.

En 2011 dijeron que impulsarían la I+D+I, pero no se ha hecho.

De nuevo, Arantza Tapia, consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, y la multinacional Arcelor Mittal han llevado el futuro de la planta de Sestao –antes no lo ha conseguido con Zumarraga— a su terreno. La primera dice que el Gobierno Vasco ayudará a la multinacional siderúrgica si hay un “plan creíble” para cinco años (poco, me parece) y la gran empresa dice que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu tiene que “poner encima de la mesa ayudas económicas” para invertir en I+D+i para que tenga futuro. Se habla de entre 10 y 15 millones, aunque nunca se sabe las ayudas que obtienen en realidad, porque se ocultan de forma malintencionada a la opinión pública. Ambas partes se olvidan que la planta de Sestao se va a quedar en la mitad de la plantilla, y no se sabe nada de los subcontratados. Perdería alrededor de 500 empleos con el plan que Arcelor Mittal puso sobre la mesa y que fue aprobado por un estrecho margen de votos. Y me pregunto si para echar a la mitad de la plantilla con un escaso 50% vale y ese mismo porcentaje no sirve para otras consultas.

Estamos en un punto crítico. Porque es claro que el futuro de la planta de Sestao -sucesora de Altos Hornos, un “monstruo del acero” frente a la ACB- se desvaneció cuando el Gobierno de Gasteiz y la entonces BBK vendieron el 20% (10%+10%) de las acciones que tenían sobre la Acería Compacta de Bizkaia (ACB). Era el principal anclaje con el suelo vizcaíno y una garantía de futuro, que no existe ya.

El acuerdo de venta firmado en 2011, porque las desavenencias se mantenían desde 2007, fijó en cinco años las garantías de futuro sobre Sestao. Es el mismo plazo que propone ahora ArantzaTapia para ayudar a Arcelor Mittal. Ese plazo se cumplió este abril pasado y, ¡qué casualidad!, ha sido cuando la siderúrgica ha comenzado a decir lo mal que está y que no tiene futuro. Se ha adornado con argumentos sobre la importación de acero de China o el coste de la energía, pero también se sabe que esa multinacional tiene cuatro plantas productivas en el país oriental y, una de ellas, produce más de 4 millones de toneladas al año. A la vez, se sabe que el precio de la energía eléctrica a las grandes compañías es reducido, como lo demuestran distintos estudios basados en información de Eurostat, porque Arcelor Mittal no ha entregado el coste de energia que tiene realmente.

El problema está -como siempre- si se desvía producción y se aboca a una planta a que no sea rentable, que es lo que ha pasado con la ACB (Arcelor Mittal Sestao, en estos momentos) durante los últimos años. Por lo tanto, el plan de Arcelor Mittal de iniciar la miniproducción en julio será un fracaso y, sin duda, es un chantaje más para doblegar a los trabajadores.

CONFLICTO LARGO Y VENTA DEL CONTROL.
El conflicto comenzó  entre 2005 y 2007. Los representantes de BBK en el consejo de administración de la entonces ACB admitían que la multinacional siderúrgica “no estaba siendo clara” con el sistema de producción y, de hecho, mantenían sospechas que se desviaba producción o pedidos a otras plantas. Entendían, desde esa caja, que esa decisión era una manera de presionar a BBK (10%) y Gobierno de Gasteiz (10%) para que vendieran su parte para que Arcelor Mittal se hiciera con el control total del accionariado, que lo consiguió en 2011 y es cuando se llevó  los departamentos esenciales a Luxemburgo, desde donde actúa. Por cierto, es un paraíso fiscal dentro de la UE.

Vamos al meollo de esta nueva fase. Antes de deshacerse del 20%, tanto el Gobierno Vasco como BBK (ahora Kutxabank), el 12 de marzo de 2011 Patxi López (lehendakari), y Gonzalo Urquijo (presidente de Arcelor Mittal en el Estado español) y  entre ellos el exalcalde de Sestao, José Luis Marcos Merino (PSOE), firmaron un acuerdo por el que Arcelor Mittal se comprometía a instalar en Sestao su centro de investigación en acero.

En el grupo Vocento se explicaba de esta manera la operación: “la multinacional ArcelorMittal y el Gobierno Vasco han decidido rescatar del cajón un viejo proyecto, la construcción de un centro de investigación y desarrollo del acero en Euskadi, que fue proyectado a mediados de 2008 pero que la crisis económica y algunos problemas de entendimiento habían paralizado. El lehendakari Patxi López, el vicepresidente de la compañía, Gonzalo Urquijo; y el alcalde de Sestao, José Luis Marcos Merino, presentaron ayer el nuevo acuerdo institucional». Añadía que «el proyecto incorpora cambios sustanciales en relación al acordado por el lehendakari Ibarretxe y la compañía en 2008. La más visible será la ubicación del centro tecnológico. Como se recordará, en un principio se barajó instalarlo en el Goierri guipuzcoano, aunque finalmente, y tras las conversaciones entre empresa e instituciones, se decidió ubicarlo en Vizcaya. Se pensó entonces en Zamudio, pero llegó la paralización del proyecto. El alcalde de Sestao, cuna de Altos Hornos de Vizcaya y donde ArcelorMittal tiene en la actualidad la Acería Compacta de Bizkaia, aseguró ayer que antes de llegar Patxi López a Ajuria Enea le pedí que hiciese un esfuerzo para conseguir que este centro se ubicase en Sestao”, decía.

Como se desprende de la crónica de Vocento, el centro contaría con una plantilla estable de 45 investigadores -de ellos unos 12 ya trabajan en la compañía- y el edificio que lo albergará estará finalizado en enero de 2013. “Será un edifico singular y estará construido en acero”, aseguró Gonzalo Urquijo. “En su interior, además de oficinas, se instalarán laboratorios e incluso pequeñas instalaciones siderúrgicas para realizar pruebas. Será el segundo centro de este tipo de ArcelorMittal en España, ya que la firma dispone de otra planta de investigación en Asturias, dedicado al desarrollo de aplicaciones para los productos planos. La multinacional dispone de otros 14 de estas mismas características repartidos en diversos países del mundo y con diferentes especializaciones. En el que se construirá en Sestao, los principales trabajos se desarrollarán en torno al ahorro de energía”.

De eso nada. Juan Carlos Matilla, responsable de LAB en la siderúrgica de Sestao, explicó a El PERIODISTA CANALLA que es cierto que la primera idea fue hacer un edificio en la empresa en Sestao, «pero cogieron unos locales en el Parque Tecnológico de Zamudio. Allí están tres o cuatro personas. Vienen por la fábrica, interesados, pero ni dios les hace ni puto caso. Nos han traído cosas para probar y mejorar, pero ¡quita niño que estorbas!”.

Matilla añade que “el mix productivo de calidades del inicio a hoy ha variado 180 grados. Nuestra máquina hace doce coladas, en Asturias hay 290, 300, 500 coladas, que da margen de reducción de costos. Aquí hemos ido a fabricar con más detalle y valor añadido para el sector del automóvil y altos carbonos, es sencillo fabricarlo, pero son tiradas de producción cortas. Estábamos funcionando muy bien, pero vamos a dejar una serie de clientes en la estacada, y parte de esa producción que no se nos permiten fabricar no sé si en la parte norte Alemania se podrá hacerlo, pero con muchas reservas”.

Insiste que antes de que Arcelor Mittal se hiciera con el control de la planta, «teníamos un departamento comercial,  y nos conseguía pedidos de entre 70.000-90.000 toneladas sin problema todos meses, pero con el tema de globalización, Mittal reubica todo en Luxemburgo, y comenzamos a tener problemas. En Sestao solo quedaba el tema productivo y de mantenimiento, lo demás departamentos se lo ha llevado de Sestao a Luxemburgo».

21,7 MILLONES para Gobierno Vasco y BBK

Con la venta del 20% de las acciones en “manos públicas” y que eran una garantía de futuro”,  cada uno de los dos socios minoritarios (Gobierno Vasco y BBK) recibieron por su 10% de participación 21,7 millones de euros, aunque el pago de este importe se realizará en fases y culminará en diciembre de 2012. Un tercio se pagó en 2011 y el resto, en 2012. Pese a este pago diferido, tomó el control total desde el primer día, como afirmó ‘Expansión’, que admitió “la buena voluntad del grupo” para “continuar con el negocio en Sestao” pasados los cinco años de compromiso de mantenimiento, porque, como precisó Arcelor Mittal, tenía la intención de ampliar la capacidad productiva, “a los 1,8 millones de toneladas”. Nunca han llegado.

Por lo tanto, está claro que la multinacional quiere “sacar tajada” de esta situación, mientras que el Gobierno Vasco, después de perder la planta de Zumarraga, se ampara en la presión social para llevar adelante ese camino de las ayudas.  Porque desde el principio se sabe que no tiene sentido cerrar una planta que produce entre 600.000 y 800.000 toneladas porque «hay una invasión, como dicen, de acero chino, indio o de donde sea, en una producción total de 25 millones de toneladas que hace Arcelor Mittal», sentenció Juan Carlos Matilla, de LAB.

¿Quién se puede creer que una planta de poco más de 300 trabajadores y otros tantos en contratas pueden poner en riesgo a este gigante siderúrgico que emplea a mas de 220.000 trabajadores en todo el mundo, 80.000 en la Unión Europea? Nadie.

Juanjo Basterra

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Las arcas públicas perdieron 24.602 millones por el fraude fiscal en plena crisis. 

-Suma más que dos años del presupuesto del Gobierno Vasco.

-Desde 1990 a 2014 la evasión fiscal alcanzó en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa 194.616 millones, que habrían generado unos ingresos a las arcas públicas por 60.720 millones.

-El fraude fiscal se sitúa en el 17,4% del PIB

Entre 2008 y 2014, en tiempo de crisis, las arcas públicas perdieron 24.602 millones por el fraude fiscal y la economía sumergida. De esa cantidad, 13.597 millones corresponderían a las haciendas vascas; 1.901 millones serían competencia de la hacienda española y 9.094 millones de la Seguridad Social por impago de cotizaciones, etc. Se dejó de recaudar una cantidad superior al presupuesto de dos ejercicios del Gobierno Vasco. Mientras se recorta con la excusa de la crisis y se dice que no hay dinero, lo que está ocurriendo es que algunos no pagan impuestos ante la pasividad inspectora. Y como explica Gestha, Inspectores de Hacienda, el 71% de la evasión fiscal la ejecutan las grandes empresas.

El informe “ECONOMÍA SUMERGIDA Y FRAUDE FISCAL EN LA C.A.DE EUSKADI” muestra la profundidad del fraude fiscal y la economía sumergida en el ámbito de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Ha pasado de puntillas entre los medios de comunicación, poco preocupados de la gravedad de los datos. Porque analiza lo que ha pasado desde 1990 a 2014. Así, la evasión fiscal y la economía sumergida en este casi cuarto de siglo transcurrido (24 años) ha impedido que las arcas públicas de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa ingresaran  60.720 millones (2.530 millones cada año de media). De esa cantidad, 37.697 millones tendrían que haber ido a las haciendas públicas y la Seguridad Social. En realidad, no se declararon ingresos por valor de 194.616 millones -que sería el 17,4% del PIB  más o menos-, que se han ocultado a las haciendas y a la Seguridad Social para no pagar los impuestos correspondientes y, por lo tanto, han cometido fraude fiscal, según el estudio.

Este informe está elaborado por Ignacio Zubiri Oria, Catedrático de Hacienda Pública (UPV-EHU); Javier Fernández-Macho,Catedrático de Econometría y Doctor of Philosophy (PhD) en Economía y Master of Science (MSc) en Estadística por la London School of Economics (LSE); y Mari Carmen Gallastegui Zulaica, Catedrática de Teoría Económica y de Fundamentos del Análisis Económico (Teoría Económica) de la UPV-EHU. Fue consejera del Gobierno Vasco y ahora es consejera de CajaSur, perteneciente a Kutxabank.

El informe analiza el tamaño del fraude fiscal en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa en el período 1990–2014, aunque sus autores afirman que “el período de análisis para el que hemos tenido la información necesaria es el que cubre los años 2000–2014”. Admiten que es un período muy especial, porque la CAV, lo mismo que Estado Español, ha experimentado “dos recesiones: la del tercer trimestre de 2008 (la primera después de quince años de crecimiento continuado) y el segundo trimestre de 2011”.

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Admiten que “ha sido una época dura que, sin duda, ha dejado cicatrices y, en términos de estimación de economía sumergida y de fraude fiscal, una época complicada, complicación que hemos intentado tener en mente a lo largo de nuestro análisis”.

La pérdida de recaudación por el fraude fiscal en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa entre 2008 y 2014 ha ascendido a 24.602 millones en total, como consta en ese estudio encargado por el Gobierno Vasco. Dicen sus autores que “ha superado los 3.700 millones anuales en el periodo 2011–14”. Añade que “dada la magnitud del problema es importante identificar cuál es la Administración encargada de luchar contra este fraude. En el caso de las Cotizaciones Sociales, la recaudación pertenece a la Seguridad Social que es quien debe controlar este fraude. Los demás impuestos pertenecen a Euskadi, pero sin embargo nos los gestiona todos. Por ejemplo, el Estado es responsable de la inspección de las empresas que tributan en Euskadi según normativa común. De igual forma, el Estado es responsable de la parte del IVA que recibe Euskadi”.

De esos 3.700 millones anuales perdidos, que son y hubieran sido tan necesarios, un 37% correspondería a cotizaciones a la Seguridad Social (economía sumergida). De los 2.320 millones anuales de fraude en los impuestos generales, algo más de 2.000 millones (un 55 % del total) corresponden a impuestos gestionados por las Administraciones Vascas, y casi 300 millones (un 8 % del total) a los gestionados por la hacienda del Estado español.

Los autores del estudio muestran la gravedad de la situación, pero en el trabajo no tardan en fijar excusas para determinar que el fraude fiscal y la economía sumergida en la CAV son inferiores al existente en el Estado español. Hay un cierto clima de tranquilidad porque -como explican- durante el periodo 1990–2014, “la economía sumergida y el fraude fiscal en Euskadi oscila aproximadamente en torno al 17% de su economía legal. En el cuatrienio más reciente se sitúa en el 17,4%”. Crece, pero es “inferior en 5,7 y 5,5 puntos porcentuales al español”.

La evolución de la evasión fiscal oscila “en torno a los 10.000 millones de euros anuales llegando a sobrepasar los 11.000 millones en el último cuatrienio”, a precios constantes de año 2010, “pero de forma contracíclica siguiendo a la inversa la evolución del ciclo económico representada por el PIB oficial”. De hecho, en el cuatrienio 2011–2014 creció en un 13,39% el volumen de ingresos no declarados (economía sumergida) frente al anterior, ya que pasó de 9.831 millones al año a 11.147 millones en la última etapa.

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EMPLEO AFLORADO

Por otro lado, los datos de empleo aflorado en la CAV en los últimos cinco años muestran 2.200 empleos anuales. Esto supone que durante el lustro 2010–14 se han descubierto más de 10.000 trabajadores irregulares, equivalentes al 1,2% del empleo anual. “Esta es una cifra que, sin ser escandalosa, no es despreciable. En España, por su parte, se han descubierto más de 75.000 empleos anuales. Esto supone casi 385.000 empleos en el lustro 2010–14, equivalentes a un 2,2 % del empleo anual. Esto duplica la cifra de Euskadi y sugiere que el empleo irregular en Euskadi es menor”. Y añade que en el periodo 2012–2014, “el 19,6 % de las inspecciones de trabajo han encontrado empleo oculto. Este empleo es equivalente al 6,5 % de los trabajadores de las empresas investigadas”.

Es una realidad en la que  los empresarios ocultan estos trabajos para pagar menos impuestos, y a la vez una pérdida de derechos de los trabajadores, impulsados por el estado de necesidad actual.

Otro dato importante que aporta el estudio es que en el periodo 2010–2014 “el enfoque contable sugiere una discrepancia entre la producción declarada por empresas y autónomos y la medida por la Cuentas Económicas equivalente a un 10,5% del PIB”. En realidad, cada año las haciendas forales pueden constatar cómo los trabajadores declaran una renta superior a las rentas por actividades económicas y profesionales entre 7.000 y 8.000 euros.

 

PRIMER TRABAJO SOBRE FRAUDE FISCAL.

El primer trabajo sobre el fraude fiscal en la CAV es de 1986, según los investigadores del IEP (Instituto de Economía Pública), por encargo de la Diputación de Bizkaia, valoraron los potenciales efectos en precios de la introducción del IVA en sustitución de un grupo de impuestos indirectos preexistentes. “El cálculo se llevó a cabo utilizando las Tablas Input-Output de Euskadi de 1980 y, aunque de manera tangencial, se realizó una estimación del fraude en Impuestos Indirectos sustituidos por el IVA evaluado en torno al 51% de la cantidad potencial a recaudar. La hipótesis de trabajo, en aquel momento, consistía en que la introducción del IVA, al simplificar la gestión del impuesto y establecer la devolución de lo previamente abonado por los agentes en la cadena de valor, reduciría el nivel de fraude existente en los Impuestos Indirectos, algo que parece haberse producido”, según explican.

El segundo trabajo tuvo lugar en 1991. El IEP llevó a cabo un trabajo de estimación del Fraude Fiscal por encargo del Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi. El trabajo se plasmó en dos Informes: “Fraude Fiscal en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el País Vasco” y en “el Impuesto sobre el Valor Añadido”. Se analizó Araba, Bizkaia y Gipuzkoa “el Informe sobre el fraude en el IVA sigue los pasos del que se realizó en 1985, introduciéndose algunas modificaciones y utilizando como información básica la correspondiente a las Tablas Input-Ouput de Euskadi de 1985”. Así en el del IRPF, según citan los autores, “se concluye que para el total de rendimientos, el nivel de cumplimiento no superó el 67%, por tanto, según este análisis, el porcentaje de rendimientos no declarado es, por lo menos, del 33%. Si se distingue entre rendimientos derivados del trabajo y el resto de rendimientos, se aprecia que, en el primer caso, el nivel de cumplimiento supera, en algunos años, el 80%, lo que implica un nivel muy superior al estimado para el resto de rendimientos”.

Entre los trabajos, citan el llevado a cabo por Francisco Javier Sasigain que llevó a cabo dos estimaciones posteriores que fueron publicadas en la revista Ekonomiaz. En el primer trabajo (Sasigain, 1993) el autor aborda la aproximación al fraude en el IRPF en el País Vasco. El enfoque utilizado es similar al propuesto en el estudio del Instituto de Economía Pública (IEP), si bien los datos en que se basa proceden del estudio Renta nacional y su distribución provincial, del Banco Bilbao Vizcaya así como, de la Contabilidad Regional elaborada por el INE. “A nivel agregado de Euskadi el resultado que se obtiene es muy similar al estimado en el trabajo anterior, dado que los índices de fraude fiscal en IRPF se estiman entre el 40% en 1983 y el 36% en 1989, si se usan los datos de Contabilidad Regional y entre el 37% y el 31% en 1989, si se utilizan los datos de la publicación del BBVA”.

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OPINIONES

El diputado vizcaíno de Hacienda, José María Iruarrizaga estima en 2.000 millones el fraude en Euskadi, “con todas las prevenciones que hay a la hora de medir”, y precisó  son “estimaciones teóricas” y recordó que el fraude “que se ha aflorado en Bizkaia el pasado año” fue de  más de 500 millones, aunque más de un 70% de esa deuda no se devuelve, en el mejor de los casos.

Iruarrizaga es muy dado a echar balones fuera. Y es evidente que, aunque no quiera admitirlo, el fraude existe y debería de ponerse a trabajar para que aflore y, sin embargo, ante preguntas lógicas sobre el mismo, siempre suele contestar a ver dónde hay fraude para enviar a los inspectores. Entonces ¿Qué pinta en Hacienda?

Otro que habló fue el consejero de Hacienda y Finanzas, Ricardo Gatzagaetxebarria, quien consideró que aporta “datos positivos” porque valora el trabajo de las instituciones vascas en la lucha contra el fraude y, además, éste “es menor que en otras comunidades gracias al mayor peso de la industria”.

Juanjo Basterra

 

 

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El expresidente de Kutxabank, Mario Fernández, el exdelegado gobierno español Mikel Cabieces y el abogado Rafael Alcorta serán juzgados

Fernández pagó 240.000 euros en tres años a Cabieces por supuestos trabajos para el banco.

Mario Fernández, que fue denunciado pr la actual dirección de Kutxabank, reitera su inocencia

La Audiencia de Bizkaia rechaza los recursos contra la decisión de la jueza de abrir juicio oral contra los imputados en el llamado “caso Kutxabank” o “caso Cabieces” entre ellos el ex-presidente del banco, Mario Fernández. Ya que por decisión de éste, se pagó al exdelegado del Gobierno español más de 240.000 euros en tres años. La denuncia inicial llegó de la nueva dirección de Kutxabank, lo que molestó de manera importante al expresidente Mario Fernández, miembro del PNV.

El juzgado concluyó en febrero la fase de instrucción y acordó seguir con el procedimiento para preparar el juicio oral contra los imputados: el expresidente de Kutxabank, Mario Fernández; el exdelegado del Gobierno español en la CAV Mikel Cabieces y el abogado Rafael Alcorta.
La jueza les acusa de los delitos de “administración desleal y/o de apropiación indebida, más de falsedad documental”, por el cobro irregular por parte de Cabieces de una retribución de más de 240.000 euros en tres años, pagada por Kutxabank por supuestos trabajos realizados para el banco desde la firma de abogados que dirige el letrado Rafael Alcorta.

El auto de la Audiencia tacha de “innecesario” y desproporcionado” el contrato de Cabieces. Destaca como Mario Fernández admitió que contrató a Cabieces porque se lo pidió “un responsable político”, para su reciclaje en su actividad laboral tras abandonar la Delegación del Gobierno español en Gasteiz, en base a una “ley no escrita” para ayudar a las personas que habían desempeñado cargos relevantes contra el supuesto terrorismo.

La Audiencia vizcaína deniega este argumento. Así, según el auto, “estas motivaciones subjetivas pudieran resultar entendibles desde un prisma de manejo de dinero propio, pero desde el ejercicio de su cargo como presidente y máximo gestor de dinero ajeno, se encuentran alejadas de la necesidad empresarial de una entidad de la envergadura de Kutxabank y del nivel de competencia profesional exigida al despacho del señor Alcorta».  Tapa la boca las defensa de los acusados y además dice que “no se comprende qué interés podía tener la entidad bancaria en su contratación”, a la vez que  subraya la “desproporción monetaria” de lo que cobraba Cabieces. Porque Kutxabank paga al despacho de Alkorta 7.800 euros al mes, y Cabieces empezó a cobrar, cuando llevaba “22 años sin ejercer la abogacía”, como remarca el auto judicial, “5.783 euros al mes más 900 de gastos de viaje”.

La Audiencia también explica que la contratación fue una decisión de Mario Fernández, y, en contra de lo alegado por su defensa, no hubo “consentimiento por parte de la cúpula de la entidad, sino reconocimiento parcial de algunos dirigentes situados en la pirámide societaria por debajo del presidente; lo ordenó este último, pero ni el director general de negocio, Sánchez Asiaín, ni el jefe de relaciones laborales, Diego Ricondo, tuvieron un conocimiento exacto y completo de la contratación”.

HONESTIDAD
En un comunicado, Mario Fernández ha reiterado su honestidad.  “Quiero dejar constancia de que mi conducta en los casi seis años que he desempeñado el cargo de presidente de BBK, primero, y de Kutxabank después, ha sido totalmente honesta y siempre han prevalecido los intereses de Kutxabank sobre cualesquiera otros” y, tras esa posición, remarca su “disconformidad más absoluta” con la resolución de la Audiencia, aunque la “respeta”. “Vamos a ir a juicio y sinceramente, después del proceso al que me he visto sometido, quiero dejar claro, con luz y taquígrafos, mi inocencia de los presuntos delitos de los que se me acusa”.

El expresidente de Kutxabank hace un primer análisis del auto, opinando que “las pruebas practicadas durante toda la instrucción no han sido tenidas en cuenta, ya que únicamente se ha basado en la denuncia de Kutxabank y el escrito del fiscal”.

El acusado ha recordado que el origen de la denuncia “se basaba en el pago de servicios no prestados por el señor Cabieces. Una vez demostrados por las declaraciones del responsable del servicio y otros testigos que sí se prestaron, ahora se modifica el origen dirigiéndolo hacia la existencia de una retribución desproporcionada”. Fernández espera “un juicio oral, abierto, transparente, donde todos y cada uno de los actores y guionistas de este esperpento tendrán que defender públicamente sus decisiones e intereses”.

Antes, la Fiscalía y la acusación particular- un grupo de sindicatos y colectivos liderados por LAB- tendrán que presentar sus escritos, por lo que el juicio se demorará.

Juanjo Basterra

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 El informe global de la COFEDERACION SINDICAL INTERNACIONAL confirma las irregularidades

El Índice Global de los Derechos de la CSI que se ha publicado hoy confirma que los derechos de los trabajadores se han debilitados en casi todas las regiones del mundo y esel peor año jamás registrado en cuanto a ataques a la libertad de expresión y la democracia.

A juicio de esta organización sindical internacional, el deterioro de los derechos de los trabajadores en la mayoría de las regiones “se ha visto agravado por serias campañas de represión contra el derecho la libertad de expresión y de reunión”, según la edición 2016 del Índice Global de los Derechos de la CSI. “Restricciones de la libertad de expresión y de reunión, incluyendo intensas campañas de represión en algunos países, se incrementaron en un 22%, registrándose restricciones en 50 de los 141 países considerados”.

El Índice Global de los Derechos de la CSI clasifica a 141 países en función de 97 indicadores reconocidos internacionalmente para evaluar dónde están mejor protegidos los trabajadores, tanto en la ley como en la práctica.

“Estamos siendo testigos del cierre de espacios democráticos y un aumento de la inseguridad, el temor y la intimidación hacia los trabajadores y trabajadoras. El ritmo al que se están intensificando los ataques contra los derechos, incluso en algunas democracias por ejemplo las propuestas del Gobierno en Finlandia o la nueva ley de sindicatos en el Gran Bretaña, indican una alarmante tendencia para los trabajadores/as y sus familias”, declaró Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI.

“La represión de los derechos de los trabajadores va a la par con un control gubernamental reforzado sobre la libertad de expresión y de reunión, y otras libertades civiles fundamentales, con demasiados Gobiernos que intentan consolidar su propio poder y a menudo siguen el juego a las grandes empresas, las cuales generalmente consideran que los derechos fundamentales resultan incompatibles con su búsqueda de mayores beneficios a toda costa”.

La región de Oriente Medio y Norte de África fue una vez más la peor región para los trabajadores y trabajadoras, con el sistema de la “kafala” en los países del Golfo que impone condiciones de esclavitud a millones de personas. En el otro extremo de la balanza, prosigue el deterioro de los derechos en Europa, tradicionalmente la región mejor situada en el Índice.

Destaca la CSI QUE, “pese al fracaso evidente de las políticas de austeridad, muchos Gobiernos europeos continúan socavando los derechos de los trabajadores. El incumplimiento por parte de la mayoría de los países europeos respecto a sus obligaciones hacia los refugiados, incluyendo el derecho al trabajo, está agravando aún más el problema”.

 

LOS DIEZ PEORES

Los diez peores países del mundo para los trabajadores y trabajadoras son Belarús, China, Colombia, Camboya, Guatemala, India, Irán, Qatar, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos.

Camboya, India, Irán y Turquía se sumaron a la clasificación de los diez peores países del mundo para los trabajadores, por primera vez en 2016. Con la aprobación de una nueva Ley de Sindicatos, el Gobierno camboyano ha limitado aún más la capacidad de los trabajadores para negociar sus condiciones de trabajo y sus salarios, mientras que la policía en India ha empleado una violencia desproporcionada para reprimir manifestaciones de trabajadores/as y muchos fueron detenidos por el simple ejercicio de derechos garantizados en la legislación nacional.

“En Irán se han dictado duras sentencias de prisión contra trabajadores por llevar a cabo actividades pacíficas, y Turquía se está ensañando contra los trabajadores/as del sector público que intentan participar en acciones sindicales pacíficas, con al menos 1.390 funcionarios públicos sometidos a investigaciones. El Gobierno turco se ha convertido también en sinónimo de ataques contra la libertad de expresión, con la expulsión de diez periodistas extranjeros desde al pasado mes de octubre y los periodistas turcos enfrentándose a una severa represión incluyendo juicios y encarcelamiento en base a falsos pretextos”.

“Las cuatro nuevas adiciones a la galería de villanos que representan los diez peores países del mundo constituyen claros ejemplos del asalto combinado contra los derechos de los trabajadores y otras libertades fundamentales”, indicó Burrow.

En otros países aparte de los diez peores, las condiciones “se han deteriorado” en este último año, como por ejemplo en Indonesia, Montenegro y Paraguay. Las protestas en Indonesia contra los cambios en el sistema de fijación del salario mínimo fueron brutalmente reprimidas por la policía, utilizando cañones de agua, gases lacrimógenos y procediendo a arrestos masivos. El Gobierno de Paraguay se ha negado sistemáticamente a proceder al registro de sindicatos, exponiendo a los trabajadores a discriminación por parte de los empleadores, mientras que ley de quiebras en Montenegro supone la suspensión de la legislación laboral en las empresas en proceso de liquidación, afectando a los trabajadores/as de unas 2.363 empresas en los últimos cinco años.

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CONCLUSIONES:

Las principales conclusiones del informe son:

. 82 países excluyen a trabajadores de la legislación laboral

. Más de dos tercios de los países no conceden a los trabajadores el derecho a hacer huelga.

. Más de la mitad de los países deniegan a algunos o a todos los trabajadores/as la negociación colectiva.

. De los 141 países, el número de países que deniegan o limitan la libertad de expresión y de reunión aumentó pasando de 41 a 50, con Argelia, Camerún, Estados Unidos y Pakistán sumándose a la lista.

. De los 141 países, el número en que los trabajadores/as están expuestos a violencia física y amenazas se incrementó en un 44% (de 36 a 52) e incluyen a Colombia, Egipto, Guatemala, Indonesia y Ucrania.

. Se ha asesinado a sindicalistas en 10 países, incluyendo Chile, Colombia, Egipto, El Salvador, Guatemala, Honduras, Irán, México, Perú, Sudáfrica y Turquía.

“Trabajar colectivamente para reclamar mejores salarios, derechos y condiciones de trabajo convierte a los trabajadores en el blanco tanto de las fuerzas de seguridad del Estado como de matones contratados por las empresas”, asevera Burrow. “Esto está ocurriendo tanto en el sector público como en el privado, incluyendo las cadenas mundiales de suministro, una fuente notoria de explotación y pobreza. Los Gobiernos deben cumplir con sus obligaciones con la legalidad internacional, respetando las normas que ellos mismos adoptaron en la Organización Internacional del Trabajo, y asegurarse de que las multinacionales con sede en sus respectivos países se responsabilicen por todos los trabajadores/as en sus operaciones internacionales, tanto en su país como en el extranjero. La alternativa sería un empobrecimiento aún mayor de las familias trabajadoras con la consiguiente paralización de la economía mundial, debido a que las personas encuentran problemas para hacer frente a los gastos básicos, siendo incapaces de invertir en el futuro de sus hijos o de efectuar compras adicionales”, precisa la secretaria general.

El Índice Global de los Derechos de la CSI 2016 clasifica a los países de uno a cinco en base a 97 indicadores, con una puntuación global que sitúa a los países en una de estas cinco categorías.

Violaciones irregulares de los derechos: 13 países incluyendo Alemania y Uruguay.

Violaciones repetidas de los derechos: 22 países incluyendo Irlanda y Japón

Violaciones regulares de los derechos: 41 países incluyendo Australia e Israel.

Violaciones sistemáticas de los derechos: 30 países incluyendo Polonia y EE.UU.

Derechos no garantizados: 25 países incluyendo Belarús, China y Nigeria

5+ Derechos no garantizados debido a la desintegración del Estado de derecho: 10 países incluyendo Burundi, Palestina y Siria.

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CASO ESTADO ESPAÑOL:

La CSI recuerda sobre el Estado español la sentencia absolutoria para los 8 de Airbus que fueron enjuiciados bajo las acusaciones de “delitos en contra de los derechos de los trabajadores” y “atentados y lesiones”, supuestamente cometidos durante el transcurso de una huelga general el 29 de septiembre de 2010. Las penas, totalmente desproporcionadas, solicitadas inicialmente eran de ocho años y tres meses de prisión para cada uno de los encausados, por haber formado parte de un piquete que bloqueó la entrada de la fábrica en Getafe, Madrid.

Los ocho sindicalistas –Tomás García, Enrique Gil, Rodolfo Malo, José Alcázar, Raúl Fernández, Armando Barco, Jerónimo Martín y Edgar Martín– fueron acusados en virtud del artículo 315.3 del Código Penal español, “una ley que data de la época franquista y que permite dictar sentencias de prisión para los sindicalistas que intervienen en piquetes para incitar a otros trabajadores a sumarse a una huelga o a continuarla”.

Recuerda, sin embargo, que “queda también pendiente la sentencia dictada contra cinco trabajadores de la empresa ArcelorMittal, liados a MCA-UGT, que fueron condenados en total a 31 años de prisión por sus actividades sindicales durante una huelga general que tuviera lugar en 2012”.

Otro caso que destaca es el de Ryanair que “demanda a su personal en el Estado español por una acción de huelga: Los trabajadores de ‘handling’ de equipaje de Ryanair en el aeropuerto de Madrid se declararon en huelga para protestar por recortes salariales y las malas condiciones de trabajo, interrumpiendo el servicio durante varios días”. En respuesta a esta prolongada acción de protesta, Ryanair presentó una demanda contra los huelguistas dado que, según un portavoz de la compañía, “los sindicatos incumplieron con los servicios mínimos establecidos por la ley”. La compañía es bien conocida en toda Europa por sus políticas antisindicales y ha sido condenada ya en diversos Tribunales Laborales europeos, desde Francia hasta Dinamarca, explica la CSI.

En el informe también recuerda que la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y su organiza- ción regional, la Federación Europea de Periodistas (FEP), se han sumado a sus a liados españoles FAPE, FESP, FSC-CC.OO. y ELA-Gizalan para rechazar la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, también conocida como “Ley Mordaza”, que entró en vigor el 1 de julio de 2015.

La Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana convierte en delito penal “el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales” y además limita de manera arbitraria el derecho de los ciudadanos de reunirse y expone a los fotoperiodistas a ser perseguidos por tomar fotografías que incluyan agentes en los eventos públicos.

Organizaciones de periodistas han denunciado los motivos de la ley, incluyendo el esfuerzo del Gobierno para prohibir las multitudinarias protestas contrarias a los recortes presupuestarios. Los sindicatos temen que el texto aprobado afecte de manera especial a los medios regionales y a los comunicadores sociales, socavando así la diversidad mediática y el pluralismo informativo.

 

CASO FRANCES

Las irregularidades detectadas por la CSI en el Estado francés también son importantes. Cita el recurso ilegal a empleados temporales durante una huelga, suspensión de delegado sindical de la CGT en Start People, una agencia de empleo temporal, fue suspendido y será objeto de un procedimiento de despido por falta grave. Se le reprochaba haber impedido, el 16 de diciembre de 2015, que empleados temporales accediesen a las oficinas de Correos de Rivesaltes (Pirineos-Orientales) y dehaber agredido al director de Correos, algo que el sindicalista niega rotundamente.

Discriminación y represión antisindical: Tras años de procesos judiciales, el tribunal impuso importantes multas en 2015 a la empresa de ferrocarriles, la SNCB y al grupo Air Liquide por el trato discriminatorio en relación con los activistas sindicales, ya sea en materia salarial o de promoción profesional. La Agence France Presse (AFP) también fue declarada culpable de discriminación antisindical contra un miembro del sindicato de periodistas, el Syndicat national des journalistes (SNJ-CGT), que siempre ha visto denegada su candidatura a puestos de responsabilidad sin explicación ni razón alguna objetiva. «Este hecho confirma una tendencia constante en Francia: los delegados/as sindicales reciben menos promociones que los compa–eros/as a los que representan y que presentan las mismas características (edad, formación, antigüedad, etc.); el 40% de los delegados/as sindicales también señalan que han sido obstaculizados en su mandato. Y así cita uynos cuantos casos más.

Juanjo Basterra

CONTAMINACION

Informe Ecologistas en Acción:

Aire contaminado por los vehículos y la industria

 Los gobiernos no evalúan determinados peligros, ni ponen medios para lograr un aire sano y saludable.

 Cada año se registran más de 25.000 muertes prematuras en el Estado español por afecciones derivadas de la contaminación del aire

“La calidad del aire en el Estado español durante 2015” es el título del informe que ha presentado Ecologistas en Acción y que prueba, pese a ciertas apariencias, que cerca de 46 millones de personas respiraron aire contaminado. En Hego Euskal Herria la situación tampoco es óptima y, además, esta organización ecologista destaca la falta de datos, para evitar conocer las consecuencias.

De Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, Ecologistas en Acción ha recopilado los datos de 48 estaciones de control de la contaminación pertenecientes a la red del Gobierno Vasco. “Un tercio de estas estaciones han registrado porcentajes de captura de datos para algún contaminante inferiores a los mínimos establecidos por la normativa, por lo que las conclusiones expuestas en este apartado deben ser consideradas teniendo en cuenta esta insuficiencia de la información de partida” y destaca que en los últimos años se han suprimido las estaciones de Arrigorriaga, Náutica (Portugalete), Elorrieta, Indautxu, Zorrotza (Bilbao), Santa Ana (Getxo) o Getxo (las últimas Elorrieta y Zorrotza), “lo que ha debilitado de manera notable el control de la contaminación en una zona con focos de emisión tan importantes como el Bajo Nervión”.

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Por lo que se reclama al Gobierno Vasco que  “mejore la medición de la calidad del aire” y, en todo caso, “no la empeore en la zona más contaminada históricamente”.

Las partículas PM10 y PM2,5 (partículas en suspensión) afectaron principalmente a las zonas industriales del Alto y Bajo Nervión (Laudio, Algorta, Basauri, Erandio, Santurtzi), el Alto Ibaizabal (Durango, Amorebieta) y Goiherri (Zumarraga), además de a las ciudades de Bilbo, Donostia y Gasteiz, “superando el valor medio diario o anual recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), aunque no los valores límite legales”.

El trabajo indica que “conviene reseñar la escasa calidad de las mediciones realizadas por la red de vigilancia y control de calidad del aire del Gobierno Vasco en PM2,5, para el que la mitad de las estaciones presentaron porcentajes bajos de captura de datos. Lo que impide realizar un diagnóstico preciso de la situación en Euskadi para este contaminante”.

La contaminación por ozono troposférico registró más de 25 superaciones del valor octohorario recomendado por la OMS en 7 de las estaciones de la red vasca, la mitad que en 2014. “Los peores registros se dieron en las estaciones de Jaizkibel, perteneciente a Donostialdea, Eltziego y Valderejo”.

La estación de Abanto, en el Bajo Nervión, “conflictiva en años anteriores”, no ha medido ozono en 2015. “En Eltziego y Valderejo se sobrepasaron los 75 días de superación. Es decir que si se aplicara el mismo criterio establecido en la normativa para evaluar este contaminante (un máximo de 75 superaciones en tres años), en un solo año se habrían sobrepasado todas las superaciones permitidas durante tres años”. En la estación de Valderejo, se superó además el valor objetivo octohorario establecido por la normativa que no deberá superarse más de 25 días al año, como promedio trianual en el periodo 2013-2015.

El informe determina que en la estación citada, una de las cuatro estaciones de referencia en la CAV para la evaluación de los niveles para la protección de la vegetación, se ha superado también el objetivo legal establecido para el ozono durante el quinquenio 2011-2015, y el objetivo a largo plazo se rebasó en 2015 también en las de Mundaka y Eltziego, además de en otras cuatro estaciones no de referencia. Por lo que concluye que “una parte significativa de los cultivos, montes y espacios naturales de Euskadi están expuestos a niveles de ozono que dañan la vegetación. No obstante, en el último año se han reducido muy significativamente los niveles de este contaminante secundario, en contra de la tendencia general en la Península Ibérica”.

Respecto al dióxido de azufre, cinco estaciones del Bajo Nervión (Abanto, Mazarredo, Muskiz, Parque Europa y Zierbena) superaron “en más de 3 ocasiones la concentración máxima diaria que la OMS recomienda no exceder nunca; sin que se rebasen en ninguna estación los límites legales para la protección de la salud ni el nivel crítico para la protección de la vegetación establecidos por la normativa para este contaminante”.

En dióxido de nitrógeno la estación de María Díaz de Haro, en Bilbo, sobrepasó el valor límite anual establecido por la normativa, “si bien con un porcentaje de captura de datos de sólo el 44%, por lo que no se ha considerado representativa en el presente informe”. En las estaciones de Erandio y Tres de Marzo (Gasteiz) se registraron sendas superaciones del valor límite horario fijado por la normativa para este contaminante.

Finalmente, Ecologistas en Acción explica que “hay que notar que para la elaboración de este informe no se ha dispuesto de información sobre los niveles de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) y metales pesados (arsénico, cadmio, níquel y plomo), cuya evaluación es obligada”.

El cuadro general que “presenta Euskadi” es el de determinados focos de contaminación importantes como son la zona del Bajo Nervión (debido a la importante actividad industrial que alberga, la refinería de Muskiz, la central térmica de Santurtzi o la incineradora de Zabalgarbi, al intenso tráfico rodado que soporta y al tráfico marítimo del puerto), los polígonos industriales y las centrales energéticas que se distribuyen de manera dispersa por todo el territorio, y el tráfico rodado de Bilbo, Donostia y Gasteiz. La contaminación generada en estos lugares al extenderse por los territorios circundantes afecta a lugares alejados en la forma de ozono troposférico, como es el caso de los territorios comprendidos en la Llanada Alavesa, Rioja o Kostaldea”.

Así, confirma que “toda la población vasca respira un aire perjudicial para la salud según las recomendaciones de la OMS, y la mitad del territorio está expuesto a niveles de contaminación que dañan la vegetación”.

Afirma, además, que “no se tiene conocimiento de la elaboración ni aprobación por el Gobierno Vasco de ningún plan de mejora de la calidad del aire, referido a las superaciones de los valores objetivo legales de ozono en la estación de Valderejo. Sí existen una decena de planes relativos a la contaminación por PM10 y/o NO2, elaborados en la década pasada”, pero son “insuficientes”.

En lo referido a Nafarroa, el estudio de Ecologistas en Acción indica que se han recopilado los datos de 10 estaciones de control de la contaminación, pertenecientes a las redes del Gobierno de Nafarroa y de las centrales termoeléctricas de ciclo combinado de Castejón y de biomasa de Sangüesa. Dos de esas estaciones (Leitza y Lesaka) corresponden, en realidad, a una única instalación que a finales del año ha cambiado su emplazamiento.

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En Nafarroa el contaminante que más incidencia presentó fue el ozono troposférico. “Afectó a todo el territorio. En todas las estaciones salvo Iturrama y Plaza de la Cruz en Iruñea se registraron superaciones elevadas del valor octohorario recomendado por la OMS: cuatro estaciones alcanzaron las 85 superaciones o más. Es decir que si se aplicara el mismo criterio establecido en la normativa para evaluar este contaminante (un máximo de 75 en tres años), en un solo año se habrían sobrepasado todas las superaciones permitidas durante tres años”.

Además, explica que “dos de las cuatro estaciones de la zona de la Ribera (Olite y Tudela), superaron también el valor objetivo octohorario establecido en la normativa, que no deberá superarse más de 25 días al año, como promedio trianual referido en este caso al periodo 2013-2015”.

En tres de las seis estaciones de referencia en la Comunidad foral para la evaluación de los niveles para la protección de la vegetación (Funes, Olite y Tudela), “se ha superado el objetivo legal establecido para el ozono durante el quinquenio 2011-2015, situándose en 2015 también las restantes estaciones de referencia (Lesaka, Alsasua y Sangüesa) muy por encima del objetivo a largo plazo, por lo que puede concluirse que la totalidad de los cultivos, montes y espacios naturales de Nafarroa están expuestos a niveles de ozono que dañan la vegetación”.

A diferencia de años anteriores, en partículas PM10 no se superaron los valores medios diario ni anual recomendados por la OMS. “En cambio, la estación de Iturrama, en Iruñea, superó las recomendaciones diaria y anual de partículas PM2,5”.

Finalmente, reconoce que han contado con “escasa información sobre los niveles de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) y metales pesados (arsénico, cadmio y níquel), cuya evaluación es obligada. Dichos contaminantes sólo se han medido en la estación de Iturrama, en el caso del cancerígeno benzo(a)pireno con unos límites de detección excesivos que elevan el cálculo de la media anual hasta 0,24 ng/m3, superando la recomendación de la OMS, aunque por debajo del objetivo legal de 1 ng/m3”.

Destaca que “el cuadro general que presenta Nafarroa es el de dos focos de contaminación importantes como son la ciudad de IRUÑEA, debido al importante tráfico rodado que soporta y a los polígonos industriales que se localizan a su alrededor, así como los polígonos industriales ubicados junto al municipio de Tudela y las centrales térmicas de ciclo combinado en Castejón, al sur. La contaminación generada en estos focos se extiende por el resto del territorio transformada en ozono, afectando ne- gativamente a las zonas interiores y rurales”

Como conclusión, Ecologistas en Acción advierte de que “toda la población navarra respira un aire perjudicial para la salud según las recomendaciones de la OMS, y la práctica totalidad del territorio está expuesto a niveles de contaminación que dañan la vegetación”.

 

46 MILLONES DE PERSONAS

Cerca de 46 millones de personas respiraron aire contaminado durante 2015 en el Estado español. “El informe anual de calidad del aire de 2015” de Ecologistas en Acción concluye que el 99% de la población y el 95% del territorio estuvieron expuestos a unos niveles de contaminación que superan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

La coyuntura meteorológica, el repunte del tráfico, el fraude en las emisiones de los automóviles y la apuesta gubernamental por las energías sucias en detrimento de las renovables, entre las causas de un problema que afecta a la salud de la ciudadanía, pero también a los cultivos y espacios naturales.

El informe elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos en 700 estaciones oficiales de medición instaladas en todo el Estado español. Presenta datos exhaustivos de la calidad del aire, por comunidades autónomas y por sustancias contaminantes.

Entre sus principales conclusiones, destacan que  en 2015 “se ha producido un aumento general de los niveles de contaminación de partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), dióxido de nitrógeno (NO2), ozono troposférico (O3) y dióxido de azufre (SO2), el primero desde el inicio de la crisis económica en 2008, lo que explica el sensible empeoramiento de la situación y la mayor población y territorio afectados”.

 

VULNERACIÓN DE LA LEY SUAVIZADA

El informe de Ecologistas en Acción toma como referencia los valores máximos de contaminación recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el objetivo a largo plazo para proteger la vegetación establecido por la Unión Europea. De acuerdo a esos niveles, el aire contaminado afectó en 2015 a 45,9 millones de personas en el Estado español, el 99% de su población, así como a 478.000 kilómetros cuadrados, el 95% del territorio. “Si se toman los valores límite establecidos por la normativa española y europea, más laxos que las recomendaciones de la OMS, la población que respira aire contaminado por encima de los valores legales es de 18,5 millones de personas, un 40% del total y tres millones de afectados más respecto a 2014; es decir, dos de cada cinco españoles respira aire que infringe los límites que marca la ley. Y la superficie expuesta a niveles de contaminación que dañan la vegetación alcanza 322.000 km2, un 64% del Estado español y 60.000 km2 más que en 2014; en otras palabras, casi dos tercios del territorio español soportan una contaminación atmosférica que incumple los estándares legales vigentes para proteger los cultivos y los ecosistemas naturales”.

CENTRALES TERMICAS

Explica también que la principal fuente de contaminación en áreas urbanas, “donde se concentra la mayor parte de la población”, es el tráfico rodado. En determinadas áreas fabriles y en el entorno de las grandes centrales termoeléctricas de carbón y otros combustibles fósiles son estas fuentes industriales las que condicionan de manera decisiva la calidad del aire.

Añade que el ozono troposférico es “el contaminante que presenta una mayor extensión y afección a la población, con unos niveles que se mantienen estacionarios o incluso al alza. Esto se debe al incremento de las temperaturas medias y de las situaciones meteorológicas extremas (olas de calor) durante el verano, como resultado del cambio climático”.

Durante el año 2015, de hecho, los niveles de ozono aumentaron por el incremento del calor respecto a los de 2014, “salvo en la cornisa cantábrica”, de manera que la mayor parte de la población y el territorio españoles han seguido expuestos a concentraciones de ozono “perjudiciales para la salud humana y vegetal”.

Respecto de las partículas (PM10 y PM2,5), el dióxido de nitrógeno (NO2) y el dióxido de azufre (SO2) en el aire afectan a más de cuatro quintas partes de la población del Estado. “Siguen, por tanto, siendo una seria amenaza para la salud, más ahora que durante el año pasado se interrumpió la tendencia a la baja de estos contaminantes que se inició en 2008, con la crisis económica”.

Ecologistas en Acción llama la atención porque “aunque el aumento de la contaminación del aire es consecuencia en primera instancia de la coyuntura meteorológica, caracterizada por una mayor estabilidad atmosférica, hay señales preocupantes que advierten de que podemos estar asistiendo a un cambio general de tendencia, tras años de reducción de los contaminantes clásicos (partículas NO2 y SO2): el repunte del tráfico por carretera (el consumo de combustibles de automoción en 2015 fue superior al de los tres años anteriores), el fraude en los sistemas de certificación de las emisiones de los automóviles (conocido a partir del escándalo Volkswagen) y el aumento de la producción eléctrica en centrales térmicas de carbón, petróleo y gas, a costa de las energías renovables”.

Por lo que insiste en que “la contaminación del aire debería abordarse como un problema de primer orden”. Cada año se registran más de 25.000 muertes prematuras en el Estado español por afecciones derivadas de la contaminación del aire, de acuerdo a las últimas estimaciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente.

Los costes sanitarios derivados de la contaminación atmosférica representan al menos 32.000 millones de euros al año, un 2,8% del PIB español, según la OMS y la OCDE, “sin considerar el coste de los daños provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales”.

A juicio de esta organización ecologista, “las administraciones públicas arriesgan la salud de la ciudadanía y el pago de una multa millonaria por vulneración de la ley. La Comisión Europea inició, en enero de 2009, un procedimiento de infracción contra España por el incumplimiento de la normativa sobre partículas PM10 que está a punto de llegar al Tribunal de Justicia Europeo. En 2015, la Comisión ha abierto un nuevo expediente por los niveles de dióxido de nitrógeno”.

Sin embargo, denuncia que “la información a la ciudadanía por parte de las administraciones públicas no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema”.

Por último, añade que las principales vías de actuación para reducir la contaminación del aire son la disminución del tráfico motorizado, la reducción de la necesidad de movilidad y la potenciación del transporte público. Es necesario además dar facilidades a la bicicleta en las ciudades. Así como la adopción generalizada de las mejores técnicas industriales disponibles y la reducción drástica de la generación eléctrica por centrales térmicas, en particular las que utilizan carbón.

“Este informe pretende dibujar una imagen amplia y  el de la situación de la calidad del aire en nuestro país durante el año 2015, en relación a la protección de la salud humana y de la ve- getación. Respirar aire limpio y sin riesgos para la salud es un derecho inalienable de todo ser humano. Está sobradamente demostrado que la contaminación atmosférica causa daños a la salud de los ciudadanos y al medio ambiente. Se trata de un problema con una importante vertiente local, pero también de magnitud planetaria, ya que los contaminantes pueden viajar largas distancias”

Juanjo Basterra

 

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Dos años y medio después de la muerte de Joseba Asensio, un testigo del juicio escribía este artículo clarificador en el diario EGIN:

¡La tuberculosis se ve!
Un testigo del juicio
EGIN, 7 de febrero de 1989

Pobre juez, después de nueve días sales con ésto. Has superado ampliamente la ideología del Plan ZEN, constituyendo tu sentencia una auténtica apología de la negligencia médica.
“Ni existen pruebas, ni existirán”, “La tuberculosis se ve, pero no se oye”,… son frases que pertenecen al mismo contexto.
Has pasado a engrosar la lista de guardias civiles y policías que disparan a quemarropa y son condecorados. Como Nuria de Castro, que de Herrera de la Mancha fue destinada a Alcalá-Meco, tú también ya estás más cerca de Madrid.
Tú no has mentido como los catedráticos de la defensa, que afirmaron que Joseba Asensio no padecía de ningún proceso respiratorio previo, que consideraron no patológico la existencia del pulmón izquierdo reducido a más de la mitad de su tamaño normal, según corrobora el informe de la autopsia.
Tú has hecho peor, has rematado a Joseba y pretendes hacer lo mismo con el resto de presos de Herrera, al afirmar que cada uno de ellos se encuentra veinte veces mejor atendido que cualquier ciudadano de la calle.
Cuando encontraron a Joseba en su celda y llamaron urgentemente al médico, éste tardó 95 minutos en llegar a la prisión, como consta en el sumario. Y no fue Nuria de Castro la que se presentó, no estaba, sino el médico de régimen abierto, al que tuvo que ir a buscar a su casa la Guardia Civil, como también consta en el sumario. Y en tu veredicto, a ésto no le llamas negligencia sino diligencia.
Pero sabes, con seguridad, que la tuberculosis de Asensio “se veía y se oía”. ¿Cuántos jóvenes fallecen en un medio rural, ene l que el médico también dispone “únicamente” de un fonendoscopio? ¿Qué es lo primero que haría ese médico si acudiese a su consulta una persona de 27 años con antecedentes de una pleuritis y tratado seis años antes, con procesos gripales de repetición acompañados de tos y expectoración abundante, y que cada día se encuentra más cansado? ¿Le enviaría al centro hospitalario más próximo para hacerle un estudio clínico o no? Nuria de Castro no hizo nada de eso, por ello Joseba murió, y tú lo sentencias como atención médica privilegiada.
Podrías hacer una prueba, juez. Podrías acudir a la consulta de esa funcionaria, de Nuria, relatarle los mismos síntomas que refería Joseba, y verías cómo le faltaba tiempo para enviarte a hacer unas radiografías.
Decía Lord Byron que en la sociedad sólo hay un status social más bajo que el de prisionero: el del carcelero.
Desde ahora, tú también te encuentras ahí.

Cronología de los hechos:

Joseba Asensio Artaraz, «Kirruli», apareció muerto a causa de la desasistencia sanitaria en Herrera de la Mancha el 8 de junio de 1986. Con sólo 27 años, conoció de primera mano varias prisiones españolas. Apenas faltaban unos pocos meses para que recobrara la libertad, tras cumplir seis años encarcelado.

La muerte del joven, de 27 años, causó estupor en la ciuda-danía vasca, sobre todo porque fue el resultado de una grave desasistencia médica por parte de Instituciones Penitenciarias. Asensio sufría de tuberculosis. Tras su arresto en 1980, cuando hacía la «mili», y después de pa- decer torturas durante cerca de nueve días en los calabozos de Madrid, ingresó en Caraban- chel. En los años posteriores también conoció las cárceles de Burgos, Soria, Puerto de Santa María, Alcalá-Meco y Herrera de la Mancha.
«Mi hermano había realizado varias huelgas de hambre muy duras. Recuerdo que una de ellas duró 45 días. A raíz de esas protestas, en Carabanchel se le diagnosticó una pleuritis. Quizá en el traslado a Puerto la enfer-medad estuvo un tanto enmas-carada por tratarse de un chico joven. Pero allí volvieron a realizar dos huelgas de hambre salvajes. Y en diciembre de 1983, cuando se llevaron prácti- camente a todos los presos polí-ticos a Herrera, él ya mencionó lo de la pleuritis. Parece ser que le hicieron una revisión médica en la que no le detectaron na-da», recuerda.
De todos modos, en aquel periodo, Kirruli hizo unas diecinueve visitas al médico del centro, la última de ellas tan sólo nueve días antes de su muerte;no le diagnosticaron más que «gripes y fuertes catarros». La autopsia, sin embargo, reflejó «algo terrible»: Un pulmón se le había reducido al tamaño de una nuez. «¿Eso no se ve? Esa muerte nunca debió producirse. Siempre nos quedará la duda de saber qué sintió en el transcurso de esa enfermedad, porque a todas luces podía haber sido un sufrimiento evitado», agrega la hermana. A estas alturas, subraya, «las intenciones me tienen sin cuidado, el resultado es el que hubo y es lo que vale».
La familia se querelló contra Instituciones Penitenciarias, y, como única presunta responsable de la muerte de Kirruli figuró la doctora de la prisión en aquel momento.
Begoña Asensio explica que el juicio, que se celebró en Ciudad Real, «fue como un tratado de medicina. Fue bastante largo y duro, declaró mucha gente… pero no sirvió absolutamente para nada», lamenta.

Y es que, al igual que sus familiares, gran parte de la ciudadanía todavía mantiene viva la trayectoria de aquel joven militante, a quién tampoco dejaron tranquilo una vez muerto.
La represión del funeral de Kirruli en la capital vizcaina tuvo tintes dramáticos cuando la Policía cargó contra la comitiva fúnebre que portaba el féretro, provocando cuarenta heridos que fueron hospitali- zados. Varias televisiones europeas se hicieron eco y no dudaron en filmar esta actuación policial. Tres inspectores de Policía llegaron a disparar fuego real, lo que provocó un pánico generalizado.
Begoña Asensio recuerda todo lo acontecido aquellos días a la perfección; desde cómo supieron de la noticia hasta cómo dieron sepultura a su hermano, pasando antes por el viaje en busca de los restos a Herrera, así como las muestras de apoyo que nada ni nadie pudo reprimir. Relata cómo incluso los familiares, y la compañera de Joseba, Itziar Zabala, fueron golpeados con dureza.
«Recuerdo cómo la zarandeaban, e incluso cómo una de las ikurriñas se enganchó en el crucifijo de la tapa del ataúd. Querían arrancarla, pero se le enterró con ella», concluye. –

Crónica de El País (11.6.1986)
30 heridos al retirar la policía el féretro de Joseba Asensio a militantes de Herri Batasuna

Asensio funeralAsensio funeral

La policía impidió ayer en Bilbao la celebración de un homenaje al etarra Joseba Asensio, que fue encontrado muerto el pasado domingo en su celda de la cárcel de Herrera de la Mancha. Numerosos efectivos de la Policía Nacional dispersaron a simpatizantes de Herri Batasuna cuando trasladaban el féretro con los restos mortales de Asensio desde el hospital de Basurto hasta la plaza del Arenal, lugar donde los abertzales habían convocado una concentración. Durante los incidentes resultaron heridos, entre otras personas, el dirigente de dicha coalición Txomin Ziluaga y una hermana del fallecido.
Sobre las siete de la tarde la policía interceptó en la calle de Ercilla el furgón que trasladaba el féretro de Joseba Asensio desde el hospital de Basurto hasta el Arenal, donde estaba programado un acto de homenaje. Ante la imposibilidad de que el furgón siguiera su recorrido, familiares de Asensio y dirigentes de Herri Batasuna tomaron el féretro a hombros y siguieron a pie. La policía se lo impidió. En el forcejeo que siguió al intervenir la policía, sufrieron heridas una hermana de Asensio y Txomín Ziluaga, miembro de la Mesa, Nacional de HB, atendidos en el hospital de Basurto. Ziluaga sufría fuertes contusiones en la cabeza y se le dio de alta. La policía se hizo cargo del féretro y lo trasladó al cementerio de Derio.A las siete y media de la tarde empezó en el Arenal el acto de homenaje al etarra muerto en la cárcel, con asistencia de varios miles de personas. Dicho acto no había sido autorizado por el gobierno civil pero, con -posterioridad, fue autorizado expresamente por la Junta Electoral de Zona. Tomaron la palabra desde el estrado de la música Txema Montero, abogado de Joseba Asensio, y un representante de las gestoras pro amnistía, quienes denunciaron las condiciones en que se había producido el fallecimiento de Asensio y la falta de asistencia médica durante los años que estuvo en prisión.
Cuando tomaba la palabra un ex preso de ETA, que recientemente salió de la cárcel, se produjo un movimiento entre el público asistente. Una mujer reconoció a una persona como uno de los policías que había detenido a su hijo, y en ese momento el supuesto policía y otros; dos hombres que le acompañaban, sacaron las pistolas e hicieron numerosos disparos al aire, en torno a 20, causando el pánico entre algunas personas; algunas quisieron huir, otras se tiraron al suelo. Los tres policías abandonaron el Arenal corriendo, seguidos por varias personas que no consiguieron alcanzarles.
A partir de ese momento se sucedieron cargas policiales para disolver la concentración y barricadas en la zona del casco viejo de Bilbao. La policía actuó con gran contundencia, utilizando botes de humo contra los manifestantes. Varios heridos se refugiaron en la parroquia de San Nicolás, de donde salió el párroco con un pañuelo blanco para pedir a la policía que dejara de disparar y permitiera evacuar a los heridos.
Según el gobierno civil, que en un primer momento negó que se hubieran producido los disparos y aseguró que todos los funcionarios que se encontraban de servicio en la zona del Arenal lo hacían de uniforme, los tres policías que efectuaron los disparos eran inspectores de la Brigada de Información. Uno de los agentes, según la versión oficial, sufrió una agresión al ser reconocido, lo que provocó que hicieran uso del arma él y sus compañeros. La misma versión del gobierno civil añade que el inspector fue atendido en el servicio de urgencia del hospital de Basurto y que ha causado baja en el servicio. Pero el servicio de urgencia desmintieron haber atendido a ningún policía y dicen que los funcionarios siempre se identifican, porque los partes de lesiones es obligatorio entregarlos al juez.
Herri Batasuna, en una conferencia de prensa, había anunciado que se querellará contra la Administración al considerar que Asensio no recibió tratamiento médico adecuado; y que el caso será denunciado ante organismos internacionales. Instituciones Penitenciarias alega que el preso sólo se quejó de una afección en los ojos.
Joseba Asensio, encontrado muerto en su celda de la prisión de Herrera de la Mancha (Ciudad Real) el pasado domingo, no fue sometido a exámenes radiológicos ni a tratamiento específico desde que en febrero de 1982 le fue diagnosticada en el hospital penitenciario de Carabanchel una pleuritis, según manifestaron sus familiares.

Según el dictamen del equipo forense, en el que ha participado una colegiada nombrada por la familia, la muerte del miembro de ETA, producida de un modo natural, fue originada por “las graves lesiones de tipo médico halladas en los pulmones”, en concreto, de una infección tuberculosa reactivada. Por el momento falta aún el análisis toxicológico, con vistas a dilucidar si se produjo o no un envenenamiento externo.
Joseba Asensio, de 27 años y natural de Bilbao, estaba a punto de cumplir su condena de nueve años -acusado -de pertenecer a ETA Militar y de tenencia ilícita de armas-, que se había acortado como consecuencia de la redención de la pena por haber cursado estudios en la cárcel. Asensio había sido detenido en mayo de 1980 y estuvo internado en las prisiones de Burgos, El Puerto de Santa María, Soria, Alcalá Meco y Herrera de la Mancha. Fuentes cercanas a la familia de la víctima informaron que el recluso había participado en seis huelgas de hambre, a consecuencia de las cuales tal vez se agudizó su enfermedad. No obs.tante, estas mismas fuentes adujeron que Asensio, “aunque era un hombre conocedor de sus derechos, no era un quejica”.
Por su parte, una hermana del preso muerto, presente también en la conferencia de prensa, anunció que la familia Asensio va a presentar una querella contra Instituciones Penitenciarias, “únicos responsables”, en su opinión, del desenlace fatal. La hermana de Asensio argumentó que éste había pedido una revisión al inédico de la prisión de Herrera y “no se le hizo ningún caso”.

Carta premonitoria

asensio-carta

En 2013 los familiares de Asensio, hicieron pública una carta del fallecido donde ya alertaba de la situación en las cárceles españolas. La misiva está fechada en noviembre de 1983, y Joseba Asensio ya denunciaba las condiciones de vida en la prisión de Puerto y también mostraba su preocupación ante un posible traslado a Herrera de la Mancha.

Igor Meltxor

AUTO GIPUZKOA ZUTIK 1

Las detenciones efectuadas por la Ertzaintza la semana pasada, evidencian un intento de criminalización del movimiento popular #GipuzkoaZutik. El acta de comparecencia del jefe del operativo de la Ertzaintza, nos deja “perlas” como esta:

“(…) por lo que el agente compareciente ayudado del resto de los agentes desplazados al lugar y de miembros de la Brigada Móvil, procede a solicitar la identificación a quienes parece que llevan la voz cantante por la forma de comportarse”

La jueza no vio delito en la acción de desobediencia del jueves pasado en la plaza Gipuzkoa y ordenó el archivo inmediato de la causa:

“Conforme al Código Penal, los hechos denunciados no revisten carácter de delito, al no poder ser calificados conforme a ninguno de los tipos delicitvos contemplados en dicho Código”

AUTO GIPUZKOA ZUTIK 2

Después de esto se puede decir abiertamente que la Ertzaintza ha llevado cabo detenciones ilegales, tal y como indicó el colectivo de abogad@s de ATZIETA (Atzieta Kolektiboa).

Igor Meltxor

 

 

imanol montoya desigualdades

Muertes atribuibles a las desigualdades: 5.278 fallecimientos en el período 1996-2001 y 4.475 en el período 2002-2007. 

“Es un 10 % sobre el total de fallecimientos en los hombres”, dice Montoia

Ezkerraldea es una de las principales zonas afectadas, pero se citan más de 22 zonas o barrios de las capitales

Hace unas semanas se dio a conocer los resultados de una tesis doctoral de la UPV/EHU que concluye que existen diferencias relevantes en el riesgo de mortalidad dependiendo de dónde se viva. El estudio es anterior a la crisis, por lo que se estima que los resultados a partir de 2008 serían más extremos.

La investigación llevada a cabo por Imanol Montoya en la UPV/EHU, en colaboración con el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, ha cuantificado, por primera vez en la CAV, el impacto que las desigualdades socioeconómicas tienen en la mortalidad general y en las principales causas de mortalidad. De hecho, concluye que ha en el caso de los hombres hay un promedio de dos fallecimientos diarios atribuibles a las desigualdades sociales en la salud relacionadas con el lugar de residencia.

“Evolución de las desigualdades socioeconómicas en la mortalidad en áreas pequeñas de la Comunidad Autónoma del País Vasco” es el título de la tesis de Imanol Montoya en el Departamento de Economía Aplicada III (Econometría y Estadística) de la Facultad de Economía y Empresa de la UPV/EHU.

En opinión de Montoya, “el análisis de la distribución geográfica de indicadores de salud es muy importante para poder desarrollar políticas públicas adecuadas que permitan reducir las desigualdades en salud”, aunque la realidad, como certifica el estudio, no se ha hecho. Para ello, la tesis estudia la asociación entre la mortalidad y la privación socioeconómica, según el lugar de residencia en dos períodos de tiempo (1996-2001 y 2002-2007) para los hombres y mujeres en las 1.645 secciones censales de la CAPV.

La principal conclusión de este trabajo “es que existen desigualdades socioeconómicas muy relevantes en la mortalidad general y en varias de las principales causas, entre las secciones censales de la CAV en los períodos 1996-2001 y 2002-2007 —explica Montoya—, y que estos resultados son más evidentes para los hombres que para las mujeres. En las zonas más desfavorecidas socioeconómicamente el riesgo de mortalidad es claramente superior al de las zonas más favorecidas”.

Según datos que aporta el investigador, en el caso de los hombres, se ha mostrado que el número total de muertes atribuibles a las desigualdades es relevante: 5.278 fallecimientos en el período 1996-2001 y 4.475 en el período 2002-2007; “eso supone prácticamente un 10 % sobre el total de fallecimientos en los hombres”, explica Montoya. Esto implica, según el investigador, que para los hombres en la CAV diariamente hay un promedio de dos fallecimientos atribuibles a las desigualdades sociales en la salud relacionadas con el lugar de residencia.

 

MAPA DEL DAÑO

En Bizkaia existe una agrupación muy importante de secciones pertenecientes al quintil menos favorecido en Ezkerraldea. Otras zonas menos favorecidas en Bizkaia se encuentran en las secciones del sur de Bilbo, en los barrios de Basurto, Rekalde, Ibaiondo y Begoña. Fuera de la zona del Gran Bilbao los menos favorecidos corresponden a secciones de Bermeo, Zornotza, Durango y Ermua. Por el contrario, las zonas más favorecidas en Bizkaia se reparten por todo el territorio, aunque destaca el centro de Bilbo, junto con Eskumaldea y la comarca de Plentzia-Mungia.

desigualdades - mapa

En Gipuzkoa las zonas menos favorecidas se encuentran en muchas de las secciones censales de Pasaia, Errenteria y Soraluze, algunas de Hernani, Andoain, Beasain, Arrasate y Villabona. Por el contrario, las zonas más favorecidas en el centro de Donostia, algunas de las secciones censales de Zarautz, Irun, Hondarribia, Zumaia, Elgoibar, Azkoitia, Azpeitia, Tolosa, Arrasate y Legazpi, entre otras.

En Araba,las zonas más desfavorecidas se encuentran en algunos de los barrios de Gasteiz, concretamente El Pilar, Zaramaga, Ali-Gobeo, Abetxuko, Casco Viejo y Adurtza. Por el contrario, las más favorecidas son la zona sur se encuentran sobre todo en la zona sur de Gasteiz, en los barrios de Mendizorrotza, Ariznabarra, San Martin, Lovaina y centro de la ciudad, junto con los municipios de Zuia y Zigoitia en Estribaciones del Gorbea.

 

ANTES CRISIS ECONÓMICA

El estudio, realizado en dos períodos, ha obtenido resultados que persisten en el tiempo: “tanto en un período como en el otro, los resultados son prácticamente equivalentes”, concluye Montoya. Destaca, sin embargo, que desde 2008 la CAV sufre una crisis económica importante y que este trabajo analiza la mortalidad hasta el año 2007, por lo que “en el futuro, estos resultados pueden resultar valiosos para analizar el efecto que pueda tener la crisis sobre las desigualdades socioeconómicas en la mortalidad en la CAPV”, señala el investigador.

Según explica Montoya en la tesis, “el hecho de residir en un área más desfavorecida suele suponer una acumulación de factores negativos o de desventaja a lo largo de la vida. Estos factores pueden ser una peor alimentación en las primeras etapas de la vida, un peor acceso a la educación, una mayor exposición a ambientes poco saludables, peores infraestructuras urbanas, una menor seguridad en el barrio o mayor posibilidad de estar desempleado”.

 

CONCLUSIONES FUNDAMENTALES

Las principales conclusiones para los HOMBRES del presente trabajo son:

-Se ha mostrado que el número total de muertes atribuibles a las desigualdades es relevante con 5.278 fallecimientos en el período 1996-2001 y 4.475 en el período 2002-2007. Esto implica que para los hombres en la CAV diariamente hay en promedio dos fallecimientos atribuibles a las desigualdades sociales en la salud.

fallecimientos 1996-2001

CAUSAS DE MORTALIDAD PARA LOS HOMBRES

Las causas de mortalidad que destacan por el número de muertes atribuibles para los hombres son los tumores malignos donde el número de muertes atribuibles es de 2.058 y 1.988 en cada uno de los dos períodos, el cáncer de pulmón con 682 y 655, y la EPOC (La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad progresiva que causa dificultad para respirar) con 641 y 769 respectivamente.

Al fijarse en el porcentaje que estas muertes atribuibles suponen sobre el total de fallecimientos en una causa determinada destaca el sida un 50,3% y un 48,5% de las muertes son atribuibles a las desigualdades, el cáncer del TADS con 26,8% y un 27,1% y la cirrosis con un 23,7% y un 23,2% en cada período respectivamente.

-Respecto a las causas específicas analizadas, se ha encontrado asociación entre la privación socioeconómica y la mortalidad en prácticamente todas las causas en los dos períodos de estudio.

-El sida es la causa con un resultado más extremo con un riesgo relativo estimado de 3,24 en ambos períodos y con un 50% de los fallecimientos atribuibles a las desigualdades sociales en la salud.

-El segundo riesgo relativo estimado más elevado se encuentra en causas como la cirrosis o como el cáncer del TADS (tracto aéreo-digestivo) relacionadas ambas con hábitos de vida no saludables, y en las que en torno a un 25% de los fallecimientos son atribuibles a las desigualdades sociales en la salud.

-Las siguientes casusas con más impacto son: el suicidio, las causas externas, la EPOC, el cáncer de pulmón, el cáncer de estómago y los tumores maligno. En estas causas de mortalidad se ha estimado que entre un 10% y un 20% de los fallecimientos son atribuibles a las desigualdades sociales en la salud.

-No solo existe asociación entre la mortalidad y las zonas más desfavorecidas en las causas anteriormente citadas, sino que además existe un gradiente de afectación, de manera que a mayor privación en el lugar de residencia mayor riesgo de mortalidad.

 

CAUSAS DE MORTALIDAD DE MUJERES

Las principales conclusiones del presente trabajo para las MUJERES son:

-Respecto a la mortalidad general no se puede concluir que haya una asociación entre el riesgo de mortalidad y las desigualdades sociales por áreas pequeñas de la CAV en ambos períodos.

Para el caso de las mujeres, podemos confirmar que existe asociación positiva entre la privación socioeconómica y la mortalidad general únicamente en el primer período 1996-2001.

Respecto a las causas específicas analizadas, únicamente en cinco de ellas (sida, cáncer de estómago, diabetes, EPOC y cirrosis) existe una asociación significativa positiva y una negativa (cáncer de pulmón).

En el segundo período surge una nueva asociación significativa negativa para las demencias y la enfermedad de Alzheimer.

El impacto que estas desigualdades tienen en la mortalidad, medido a través del número de muertes atribuibles a las desigualdades socioeconómicas, es claramente inferior al observado para los hombres.

Para la mortalidad general el número de fallecimientos atribuibles es solamente de 398 fallecimientos en ambos períodos. Además, este resultado no es estadísticamente significativo. En algunas de las causas específicas sí que existe un número de fallecimientos atribuibles significativo. Estas son la diabetes con 241 y 374 y el cáncer de estómago con 161 y 123 en cada uno de los dos períodos respectivamente.

fallecimientos 1996-2001 (2)

“Cabe destacar el caso del cáncer de pulmón, que tiene un mayor riesgo de mortalidad en las zonas más favorecidas y para el que el número de muertes atribuibles a las desigualdades es negativo -193 y -282 en ambos períodos”.

Para otra causa con un efecto opuesto, concretamente las demencias y enfermedad de Alzheimer, el número de muestres atribuibles en el segundo período es de -431.

Al fijarse en el porcentaje que las muertes atribuibles suponen sobre el total de fallecimientos destaca, entre otras causas, el sida donde el 26,3% y el 56,7% de las muertes son atribuibles a las desigualdades en cada uno de los períodos respectivamente.

-Respecto a las causas específicas analizadas, se ha encontrado asociación entre el riesgo de mortalidad y las desigualdades sociales en varias de ellas. Al igual que para los hombres el sida es el caso más extremo ya que el 25% y el 50% de los fallecimientos son atribuibles a las desigualdades sociales en la salud en el período 1996-2001 y el período 2002-2007 respectivamente.

-Otras causas donde se ha encontrado asociación son las siguientes. Están ordenadas por orden de importancia del riesgo relativo: la diabetes, la cirrosis y el cáncer de estómago. Para estas causas entre un 15% y un 25% de los fallecimientos son atribuibles a las desigualdades sociales en la salud.

 Juanjo Basterra

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