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LAB, ESK, CCOO, ELA Y UGT representan a 300 trabajadores de la RTSU, gestionada por la UTE Larrialdiak – Eulen
LAB, ESK, CCOO, ELA Y UGT, todos los sindicatos con representación de los trabajadores y trabajadoras en los comités de empresa de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa de la Red de Transporte Sanitario Urgente han denunciado en rueda de prensa en Bilbo «los numerosos problemas y abusos que vienen sufriendo los y las trabajadoras que conforman la plantilla de la mencionada UTE».
Desde que el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, con el Consejero Jon Darpón a la cabeza, decidiera adjudicar el último concurso a la UTE conformada por la entonces cooperativa Larrialdiak/ LRK y Eulen Servicios Sociosanitarios, «todo han sido problemas para las plantillas que prestan servicios en la Red de Transporte Sanitario Urgente en gran parte de los servicios prestados en Euskal Herria», precisan. A la vez, añaden que «está suponiendo un quebradero de cabeza más para unas plantillas hartas de ser la moneda de cambio, hartas de aguantar subrogación tras subrogación, que ven cómo sus condiciones laborales empeoran a un ritmo frenético sin que el Ejecutivo de Urkullu, conocedor de los problemas que actualmente viene sufriendo el colectivo, haya querido tomar cartas en el asunto».
Tras varias solicitudes de reunión, el pasado día 29 de setiembre nos convocaron en la sede de Gasteiz. Tras algo más de dos horas de reunión con tres responsables del Departamento de Salud, «pudimos trasladar la situación real en la que nos encontramos. Se nos comunicó que las deficiencias detectadas en las dos inspecciones realizadas coincidían con aquellas que meses atrás les hicimos llegar a través del email y en el registro de Sanidad». A pesar de esa coincidencia con la respuesta sindical de varios incumplimientos de los propios pliegos de condiciones, «no obtuvimos compromiso alguno de solucionar los problemas que la plantilla venimos padeciendo. Al parecer, nuestras condiciones laborales no son asunto del Departamento de Sanidad, a pesar de rozar en algunos casos un límite verdaderamente peligroso».
Este servicio esencial cuenta con una plantilla de más de 300 trabajadores y trabajadoras que «somos quienes atendemos las emergencias coordinadas y asignadas por Osakidetza, las más numerosas y olvidadas. Prestamos un servicio vital para la ciudadanía vasca, pero los continuos cambios de empresa y la implantación de las nuevas políticas y sistemas de trabajo que adjudicataria tras adjudicataria nos impone, con abusos de poder, con transgresiones de la normativa vigente, con reiterados y demostrados incumplimientos de los pliegos de condiciones, están haciendo mella en la salud de muchos compañeros y compañeras que ven, con gran impotencia, cómo el ejecutivo que gobierna y que destina a estas empresas adjudicatarias importantes partidas presupuestarias que salen de los impuestos de todos los vascos y las vascas, hace oídos sordos a nuestras constantes llamadas de atención sobre hechos tan destacados y graves como los que citamos a continuación a modo de ejemplo, eludiendo cualquier responsabilidad porque considera que no son de su competencia».
En esta lista incluyen «Incumplimiento de la Normativa en relación a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ropa con restos biológicos que debe ser lavada por cada trabajador o trabajadora en su casa; techos de centros de trabajo que se caen, bases inundadas o de tamaño inasumible para el servicio que prestamos; bases sin ventilación con constantes averías en las tuberías de aguas fecales que pasan por la fachada; falta de provisión de contenedores para material fungible contaminado; ausencia de segunda taquilla para objetos personales, tuberías de plomo (agua no potable), desaparición de zonas de descanso antes existentes mediante tabiques improvisados, ausencia de zona de lavado del material contaminado, teniendo el mismo espacio para limpiar el menaje que el propio material, vestuarios inexistentes, mal aislamiento que provoca temperaturas demasiado altas o demasiado bajas según la estación del año, etc».
En segundo lugar, se preocupan por el aumento de sanciones y despidos. «La dirección de la actual adjudicataria ya ha procedido a tramitar varios, 3 en Gipuzkoa y 3 en Bizkaia. En ninguno de ellos la empresa ha podido aportar pruebas fehacientes, ni demostrar nada que pueda justificar o sustentar un despido. Pero es lo que sufrimos: una dirección que primero “dispara” y luego pregunta. Además, opta por sancionar a todo trabajador o trabajadora que le resulte incómodo, que haya reivindicado sus derechos o que tenga algún proceso abierto contra la empresa. Sanciones sin pies ni cabeza que ya están en manos de los juzgados correspondientes. Esto, obviamente, supone un estrés psicológico y una carga añadida a la que de por sí ya tiene la labor que desempeñamos».
También han denunciado «el incumplimiento de los pliegos de Condiciones. Por poner un par de ejemplos, las ambulancias de reserva que debieran llevar el mismo equipamiento que las titulares están semi-vacías, por lo que, en caso de avería, la dotación se ve obligada a emplear un valioso tiempo en pasar de una ambulancia a otra todo el material necesario para el desempeño correcto de nuestras funciones, recayendo sobre nosotras y nosotros toda la responsabilidad si la rapidez con la que debemos hacer este traslado de material hace que se nos olvide algo».
Otro ejemplo –según especifican las centrales sindciales– son las ambulancias bariátricas (preparadas para el traslado de pacientes que exceden el peso máximo que soporta una camilla normal) y la ambulancia psiquiátrica. «Debieran estar preparadas para su uso inmediato en caso de ser necesario, pero ocurre como con las de reserva. Al no estar dotadas del material necesario, somos los trabajadores y trabajadoras quienes nos vemos obligadas a pasar el material de una a otra ambulancia para poder acudir a atender la emergencia de la que se trate. Y todo ello, de servicio, pudiendo ser activados o activadas en cualquier momento por Osakidetza».
Otra denuncia se refiere a la «inaplicación de los Convenios Colectivos Provinciales en vigor en cada una de las provincias, manteniendo personal dentro de una misma empresa con hasta cinco convenios diferentes al objeto de obtener el mayor rédito posible». As´han destacado que en Gipuzkoa, «la empresa no aplica el convenio que dicha provincia tiene en vigor con ultraactividad, un derecho negado por esta nueva adjudicataria, derecho que ha sido reconocido y reafirmado por la justicia a través de sentencia del Tribunal Superior de Justicia que da la razón a los y las trabajadores y trabajadoras y que esperamos la empresa empiece a aplicar, cumpliendo con lo dispuesto en la resolución de dicho Tribunal». En Bizkaia,aplica 3 convenios distintos, «dándose la circunstancia de que, a iguales funciones, las diferencias salariales entre compañeros y compañeras de la misma empresa ronda los 700 euros al mes. Y a aquéllos y aquéllas que les ha incluido en el Convenio que nos corresponde a todos y todas, les ha pedido peaje: cubrir en sus días libres los turnos de la base de Bakio (base operativa únicamente en julio, agosto y septiembre), entre otras cosas. Aquéllos y aquéllas que no quisieron firmar semejante burrada, siguen en sus convenios anteriores».
Mientras que en Araba « los salarios son de auténtica vergüenza, dándose incluso el caso de que hay una compañera de nueva contratación cobrando por debajo del salario mínimo interprofesional».
Un cúmulo de irregularidades a las que se añaden las horas extra. Los cinco sindicatos denuncian que «no contratan al personal necesario para cubrir los puestos del personal fijo durante sus vacaciones, licencias y permisos, días de asuntos propios u horas sindicales, utilizando de manera sistemática las horas extra (expresamente prohibidas por convenio) como práctica habitual para cubrir las vacantes. Este hecho ha provocado jornadas maratonianas de la plantilla al encontrarse sin relevo tras terminar su turno de trabajo, con lo que esto supone de deterioro de la calidad del servicio por puro agotamiento. En el punto 6.2 del Pliego de condiciones técnicas podemos leer: ”la adjudicataria deberá contar con el personal suficiente para el correcto desarrollo del servicio”».
Y explican que «el perrsonal con contrato en prácticas, que cobra el 60% del salario del convenio, se les ha prohibido realizar cambios de turno y no se les ha facilitado calendario alguno que respete sus días de descanso, llegando a encontrarnos casos de personal en prácticas que, de 30 días, ha llegado a trabajar 23-27 jornadas. Los cambios de turno están recogidos en convenio colectivo, por lo que, nuevamente, se salta a la torera la normativa vigente. Además, se ha dado la circunstancia de que, ante la falta de previsión, la empresa haya optado por poner a dos personas en prácticas en una misma ambulancia sin que alguien con experiencia pudiera guiar sus actuaciones. El objetivo es ahorrar a costa de lo que sea».
Pero la denuncia, a la que el Gobierno de Urkullu mira a otro lado, se extiende también a «la vulneración del derecho a la libertad sindical». Así, han explicado, por una lado, «la actual adjudicataria se niega a reconocer la legitimidad de parte de los miembros del Comité de empresa legalmente constituido y elegida por sufragio en las correspondientes elecciones sindicales, rehusando numerosas solicitudes de reunión o aclaraciones solicitadas y llegando a acuerdos o pactos de dudosa legalidad fuera del seno del Comité, órgano máximo de representación de toda la plantilla al completo». Pero, por otro lado, «somete a las y los representantes de los trabajadores que no se pliegan a sus prácticas y maneras a una persecución en toda regla, para, después, proceder a enseñar fotos y demás para intentar amedrentar y frenar nuestra labor».
Ante esta situación, se preguntan «¿Qué tipo de servicio creen los ciudadanos y el Departamento de Sanidad de Gobierno Vasco que podemos prestar una plantilla sobreexplotada, que no cobra nunca sus nóminas a tiempo, que no cobra sus pluses en fecha, que lleva reclamando un funcionamiento correcto y un respeto a nuestros derechos laborales así como una vigilancia de las medidas de prevención de accidentes que en ningún caso se están cumpliendo?».
Interpelan al consejero en funciones Jon Darpón sobre su grado de conocimiento del número de bajas «por estrés, síndrome de burn out, lesiones en cuello, espalda… (en muchísimos recursos no funciona el escalón lateral, por lo que hemos de subir a pulso al o a la paciente en muchas ocasiones)».
Y a la población vasca le dicen pregunta «si tiene conocimiento la ciudadanía vasca en manos de quién ha puesto dicho Departamento la atención y la salud de todos y todas.Acaso no son conocedores de las cuentas de beneficios que presentan año tras año estas empresas. Y a costa de quiénes. Sencillo, usuarios y trabajadores y trabajadoras de la RTSU del País Vasco».
Ante esa situación, «exigimos que las instituciones velen porque este servicio cumpla con los parámetros de calidad exigibles e imprescindibles. Que tengan en cuenta a los sindicatos denunciantes de esta penosa situación, y pongan fin a este despropósito. A nuestro entender, la solución es muy sencilla: si formamos parte del servicio de la RTSU al igual que las UVIs móviles (que llevan escasos 16 años en uso), es de derecho que, de igual manera, las plantillas del resto de ambulancias seamos personal dependiente de la misma administración. Consideramos que al final, es el ejecutivo, el Departamento de Sanidad, el responsable del servicio, un servicio de vital importancia para la ciudadanía y que, en los últimos 3 años, ha ido pasando de mano en mano siendo siempre la plantilla y los y las usuarias las y los auténticos y eternos perjudicados».
Juanjo Basterra
Kazetari Kanaia - Periodista Canalla 