DRAGADOS y la adjudicación de la A-8 en Gipuzkoa

Hace unos días, Francisco Correa señalaba a DRAGADOS en el juicio de Gúrtel, por los pagos de comisiones al PP…

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La adjudicación en 2003 de la explotación de la autopista A-8 en Gipuzkoa a la empresa BIDELAN S.A. se efectuó mediante un supuesto «tráfico de influencias» a favor de las empresas vinculadas a cargos internos del PNV, tal y como denunció Aralar en febrero de 2007. El PNV cambió la puntuación de las formas licitantes y contó con la «ayuda» del PSE para apoyar la oferta empresarial que recibió la peor valoración de una consultora de ingenieria externa. Aralar destapó que en la trama participaron el aque fuera Diputado de Carreteras, Javier Zuriarrain, y otros cargos y simpatizantes del PNV.

El presunto trato de favor se remonta a octubre de 2002, cuando la sociedad foral BIDEGI sacó a concurso la explotación, mantenimiento y conservación de la autopista A-8 por un periodo de 10 años, al que se presentaron tres grupos empresariales. El cobro del peaje en las autopistas de Gipuzkoa genera unos ingreso anuales de 60 millones de euros. Un informe técnico elaborado por la consultora Ingenieria y Economia del Transporte (Ineco), recomendó adjudicar la licitación a Autopista Vasco Aragonesa (Avasa), que obtuvo mejor puntuación que Europistas y la UTE formada por DRAGADOS, Asfaltos Naturales de Campezo y SERBITZU ELKARTEA.

En medio de «desavenencias muy serias» entre los miembros de la mesa de contratación, los representantes del PNV Javier Zuriarrain y Antton Marquet (ex Diputado de Hacienda) presentaron una propuesta de puntuación diferente, que daba como ganadora a la citada UTE (DRAGADOS-Campezo-Serbitzu), con una oferta de 175 millones de euros por los 10 años de contrato. Finalmente, la mesa aprobó el informe definitivo con los votos del PNV y el PSE, y el rechazo de EA, que defendió el informe técnico de Ineco.

Entre las empresas ganadoras figura SERBITZU ELKARTEA, cuya cabeza visible es Xabier Agiriano, quien en el momento de adjudicarse el concurso, era representante por Gipuzkoa en la Asamblea Nacional del PNV. Tras hacerse con el contrato, la UTE constituyó la sociedad privada BIDELAN, que en abril de 2003 comienza a explotar la autopista.

Destacar que SERBITZU toma la presidencia del consejo de BIDELAN pese a tener sólo el 14,5% del capital de esta compañía.

 

Auténtico escándalo

En esas fechas, BIDELAN nombró directo general a Isaac Loiola, uno de sus apoderados y que en ese momento era «suplente por Gipuzkoa en la Asamblea Nacional del PNV», cargo que desempeñó posteriormente. Se da la circunstancia de que cuando se adjudicó el concurso de la A-8 tanto Aguiriano como Zuriarrain también eran cargos internos del PNV.

Cargos internos del PNV se repartieron la explotación de las autopistas, aunque todo se realizó «de manera totalmente legal». El grupo de Aralar también reveló la existencia de varias empresas que tenían su domicilio social en la residencia de ancianos Txara II, propiedad de la Diputación. Rebeka Ubera aseguró que el presidente de los consejos de administración de estas compañías es Aguiriano.

Una presunta trama que «no era más que la punta de un iceberg de todo un entramado empresarial de gente vinculada al PNV, que obtiene cuantiosos beneficios de la Administración mediante la adjudicación de concursos públicos».

 

El juzgado tramitó la demanda por el cambio del contrato con BIDELAN (24.11.2013)

La demanda que la Diputación de Gipuzkoa interpuso contra la modificación del contrato que BIDEGI y BIDELAN suscribieron en 2010 -cuando gobernaba el PNV en el herrialde- continuaba su andadura judicial, y así en noviembre de 2013, se conocía que el Juzgado de lo contencioso Administrativo nº3 de Donostia la había admitido a tramite. La demanda tenia como base la lesividad que la Diputación, gobernada por Bildu en ese momento, observó en el contrato de BIDELAN, al considerar que «es perjudicial para los intereses de los guipuzcoanos», por cuanto dicha empresa privada ha estado obteniendo beneficios sin asumir el principio de riesgo.

Todo se sustentó en la modificación del contrato que ambas partes sellaron en 2010. Hasta esa fecha, BIDEGI realizaba los abonos a BIDELAN conforme al tráfico, es decir, al número de vehiculos que transitaban por las vías bajo su competencia, la AP-8 y la AP-1. Sin embargo, la cuestión empieza a cambiar en 2009, cuando la tendencia del tráfico no se ajusta a las previsiones y BIDELAN denuncia que no está ingresando lo suficiente.

El contrato fue modificado en 2010 de manera que, además de recuperar los costes de mantenimiento, la empresa privada pasó a obtener un beneficio del 7,7% asegurado independientemente de la tendencia del tráfico. Por si ello fuera poco, los contratos de la AP-1 y de la Ap-8 fueron prorrogados hasta 2018.

 

15,6 millones de euros más

Como consecuencia de la modificación del contrato, la Diputación calculó que entre los años 2009 y 2012 BIDEGI abonó 15,6 millones de euros de más a BIDELAN (3,5 millones en 2009, 4,9 en 2010, 3,9 en 2011 y 3,2 en 2012). Mientras, la sociedad pública acumula una deuda de 900 millones de euros con los bancos, razón principal que llevó a la Diputación gobernada por Bildu, a elaborar una propuesta de norma foral para la financiación de las carreteras del herrialde. Propuesta que, a dia de hoy, no cuenta con el respaldo de los partidos que conforman la oposición en las Juntas Generales de Gipuzkoa.

 

Una nueva licitación

Un informe provisional del Tribunal de Cuentas Públicas (TVCP), datado el 19 de abril de 2012, concluía que la modificación del contrato de BIDELAN requería una nueva licitación. Como recoge dicho informe, la modificación del contrato supuso «una alteración sustancial del precio estipulado» por el hecho de que BIDELAN pasara de ingresar de acuerdo a los tráficos reales, a recibir además de los costes fijos, un «extra» del 7,7%. Además añadía que el cambio del contrato «en la práctica conlleva la eliminación del riesgo y ventura», principio que se recogía en los pliegos que sirvieron de base para la adjudicación de ambos contratos.

Por ello, el TVCP señaló que el contrato que la Diputación llevó a los tribunales y los inicialmente licitados «tienen diferencias tan significativas que el objeto de los mismos ha quedado desnaturalizado» por lo que concluía que «el respeto a los principios licitatorios hubiera requerido de una nueva licitación». No obstante, se da la circunstancia de que dicha conclusión desapareció del Informe de Fiscalización elaborado por el mismo TVCP referente al ejercicio de 2010, que fue datado el 20 de septiembre de 2012, sin que haya constancia de las alegaciones que acarrearon la modificación del informe.

Igor Meltxor