«La Diputación de Gipuzkoa del PNV permite que se despida sin contemplaciones»

Igor San José, responsable de la Construcción y Obras Públicas en ELA de Gipuzkoa, acudirá este viernes, junto a los trabajadores, a las Juntas Generales para entablar reuniones con los grupos políticos para intentar reconducir un conflicto que se acerca ya a los dos años. El próximo 1 de noviembre se cumplen ya los dos años y a muchos de los once trabajadores que no han sido subrogados por la nueva empresa se les terminará el paro. «Sí, son dos años de paro de esos trabajadores» que «a la Diputación de GIpuzkoa le da igual». Lo que ha hecho en este tema «ha sido permitir que se aplique la precariedad, de tal manera que el trabajo que realizaban estos once en unas condiciones dignas, ahora se realiza en menos tiempo, con jornadas de trabajo de escándalo y con salarios de miseria», se lamenta el sindicalista de ELA.

San José afirma que «se pretende despedir injustamente a los once trabajadores de una subcontrata que durante años han estado realizando labores de jardinería y mantenimiento de forma adecuada, mediante un servicio público- en las carreteras de Gipuzkoa. Y todo ello, en contra de lo que dice la Justicia y con el beneplácito de la propia Diputación Foral de Gipuzkoa, gobernada por el PNV».

Como explica, son trabajadores con más de 10 años de experiencia en el mismo servicio. «Han pasado casi dos años desde que, tras la última adjudicación ‘a la baja’ de este servicio público, la nueva empresa entrante decidiese abandonar en la cuneta a estos once trabajadores que, tal y como ha dilucidado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debieran haber sido subrogados sin problema alguno a la nueva empresa. Desgraciadamente, como pasa siempre tras una adjudicación a la baja; la precariedad, el fraude y la destrucción de empleo se adueñan del servicio  para garantizar los beneficios de las empresas entrantes»

Igor San José acudirá al encuentro con los partidos políticos de Gipuzkoa y les expondrá que llevan «dos años en el dique seco del paro, pero sin que el eco de su reivindicación haya cesado ni un sólo momento en la calle para exigir lo que legalmente les corresponde. En todos los foros sociales e institucionales donde han acudido a exponer la injusticia del drama padecido les dicen ‘que tienen razón’ y que, efectivamente, ‘su situación es injusta. También los diferentes tribunales que han juzgado el tema han dado la razón a los trabajadores, adjudicando a empresa y Diputación la responsabilidad del conflicto».

San José (responsable de ELA) sostiene que «los pliegos de condiciones del contrato redactado por el gobierno de EH Bildu en la anterior legislatura son tajantes al respecto: los posibles incumplimientos de las obligaciones de la empresa entrante en materia social y laboral (como este tema), son susceptibles de la aplicación de importantes penalizaciones económicas, pudiéndose llegar incluso a la resolución del contrato por parte del ente Foral en casos de incumplimientos». Sin embargo, denuncia que «tras la llegada del PNV al Gobierno Foral, nos ha quedado claro que les da igual lo que dice la ley, los diferentes tribunales e, incluso, lo redactado en los pliegos de condiciones del contrato. Su objetivo es clarísimo y supone un apoyo institucional explícito a empresas como la que nos ocupa, cuya estrategia pasa por deshacerse de empleo estable y digno para posteriormente sustituirlo por otro más barato y precario».

Por lo que añade que «para desgracia de estos trabajadores, la estrategia brutalmente precarizadora de la empresa adjudicataria ha encontrado el apoyo de una Diputación  que, en vez de sancionarles por lo ocurrido, les aplaude y les premia con dos años más de prorroga  tras la finalización de su contrato a finales de octubre».

Lamenta  este tipo de actuaciones políticas de esta Diputación que, «mientras en campaña electoral habla de empleo digno, en la práctica se dedica a destruirlo. Y, claro, tras las injusticias están las personas: sin trabajo, sin una nómina a final de mes y con cargas familiares, como es el caso de estos trabajadores que llevan dos largos años en esta situación»

El responsable de la Construcción y Obras Públicas explica que «esta historia de injusticias y abusos legales no acaba aquí, no al menos para estos trabajadores ni para ELA. En ese sentido, nos reuniremos de forma urgente con todos los partidos con representación en las Juntas Generales de Gipuzkoa para exponerles este cúmulo de injusticia y recabar posibles apoyos. En línea con ello, vamos a solicitar también nuestra comparecencia en Juntas Generales para que nadie pueda alegar desconocimiento a la hora de posicionarse políticamente ante esta situación».