La trama de los purines de Karrantza

Estos días tiene lugar en el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbo el juicio por la fallida planta de purines de Karrantza. Se juzga la «desaparición de 10 millones de euros de dinero público y el fracaso del proyecto», donde están implicados ex cargos del PNV.

A continuación publicamos el capítulo dedicado a este caso en el libro GESTIÓN A LA VASCA (Igor Meltxor, págs 179-187)

Karrantza. El negocio de los purines

El negocio de los purines ha resultado muy rentable para unos pocos privilegiados pero ruinoso para las arcas públicas. Los gobernantes optaron por proyectar una planta de tratamiento para residuos ganaderos, cuya millonaria financiación correría a cargo de dinero público procedente de la Diputación de Bizkaia, Gobierno Vasco y el Gobierno español. Entre los años 2006 y 2009, las empresas implicadas en la planta recibieron más de 10 millones de euros.

En 2010 se hizo público que los promotores del proyecto habían dilapidado todas las subvenciones mientras que apenas habían ejecutado un tercio de la obra. Por entonces, el Gobierno Vasco abortó la financiación de un proyecto cuyo coste se había duplicado en cuatro años de mala gestión. La promotora del proyecto entró en concurso de acreedores en 2011 para afrontar su liquidación. En sus seis años de actividad ha dejado una inservible estructura de hormigón y una larga lista de acreedores.

El último presupuesto que presentó la sociedad promotora de la planta de purines de Karrantza (Karrantzako Minda) al Gobierno Vasco duplicó lo previsto en el anteproyecto elaborado en 2006. En sólo cuatro años el coste del ambicioso centro de residuos ganaderos pasó de 12 a 26 millones de euros. El proyecto constructivo elevó la inversión prevista a 14,5 millones y con las obras ya empezadas se produjeron nuevos incrementos. La iniciativa, que en principio surgió para solucionar el problema medioambiental que generan los desechos vacunos en los pastos y en los cauces fluviales de la zona, entró en via muerta en 2010 con las obras ejecutadas en un 30% y tras un gasto público que ronda los 11 millones de euros.

Informe del Tribunal de Cuentas

Ante los claros indicios de irregularidades en la gestión, el Tribunal de Cuentas hizo públicas sus conclusiones en un extenso informe, donde dejaba claro el descontrol, la improvisación y el lucro que ha existido en el proyecto:

a. Las entidades públicas que otorgaron las subvenciones no hicieron un seguimiento de la gestión del proyecto.

b. No ha habido compromisos financieros por parte de los socios de Karrantzako Minda.

c. La comisión de seguimiento del convenio estaba formada exclusivamente por el mismo director que ha gestionado, controlado y ordenado el pago de la subvención, y que a la vez era el administrador de la sociedad que recibía esas subvenciones.

d. Ninguno de los papeles aportados en la primera justificación de gastos se corresponde con lo que contenía en la solicitud de la subvención.

e. Aceptaron como justificantes, gastos que no corresponden a inversiones realizadas en la planta.

f. También aceptaron facturas que corresponden a anticipos y no a ejecución de obras o gastos.

g. Expidieron certificaciones de obras emitidas con anterioridad al inicio de la misma.

h. Se detectan gastos no incluidos en el presupuesto de inversiones aprobado.

El Ayuntamiento de Karrantza ha participado al 21% de Karrantzako Minda y ha sido parte activa en la recalificación y compra de terrenos relacionados con la planta de purines. A este respecto, el gobierno del PNV apuró hasta seis días antes de las elecciones municipales de 2011 para llevar a un pleno extraordinario una permuta de terrenos en Las Torcachas. Solamente el miedo a perder la mayoría en las elecciones podrían justificar una maniobra tan forzada con la que distorsionaba el valor real del suelo, de forma que entregaba un terreno de 39.702 metros cuadrados para recibir a cambio 15.531 metros cuadrados de solar. Un negocio redondo para las empresas implicadas, y una ruina para el patrimonio de nuestro pueblo.

Martín Ascacibar. Director de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Gobierno Vasco en la última legislatura de Ibarretxe, y actual Director General de la Constructora ALTUNA y URÍA. Su departamento autorizó subvenciones millonarias para la planta de purines. En 2007 fue nombrado junto a Luis Miguel Macías (en ese momento Viceconsejero del Gobierno de Ibarretxe, y ex concejal del PNV en el Ayuntamiento de Trapagaran). Consejero de la empresa ADE BIOTEC. Esta empresa no solamente se encargaría de la construcción de la planta, sino que además tenía previsto beneficiarse de su explotación durante 20 años en condiciones muy favorables y sin asumir en ningún caso, ningún tipo de pérdida. De esta forma, Asccibar pasó de ser el político que firmaba subvenciones a ser el empresario que las recibía. Martín Ascacibar fue nombrado consejero delegado de Karrantzako Minda 14 días después de que el PNV perdiera el Gobierno vasco. Tanto Ascacibar como Macías, compatibilizaron sus cargos públicos en el Gobierno Vasco con sus cargos en la empresa.

ADE BIOTEC. Empresa participada en un 80% por GMSM Medioambiental, y en un 20% por Ezten Fcr. Sería esta sociedad la que se adjudicaría el contrato de construcción de la planta en octubre de 2008.

GMSM Medioambiental. Sociedad propietaria de ADE BIOTEC y vinculada con la empresa Vda. De Sainz.

Vda. De Sainz. Empresa encargada prácticamente de toda la obra de la planta de purines. Se le adjudicó parte de la obra de urbanización del terreno a pesar de no ser la oferta más ventajosa, y sin que mediara un informe justificando el favoritismo. Viuda de Sainz es sospechosamente, la única empresa presente en todas las grandes obras públicas de Bizkaia: Supersur, Metro Bilbao, San Mames Barria, TAV…

 

Karrantzako Minda desvió los fondos públicos hacia los artífices de la trama

La titular del Juzgado de Instrucción nº4 de Bilbo emitió un auto en diciembre de 2014, donde sostenía que se evidenciaban numerosas irregularidades, apuntando a que se “infiere claramente una posible distracción de fondos públicos”. En esa tarea adquiere relevancia el papel de Karrantzako Minda S.L. (KMSL), que aparece como solicitante en las subvenciones y préstamos, abanderando un proyecto que en realidad no era suyo, sino de Ade Biotec SL. (ABSL).

En el accionarado de KMSL entra la cooperativa ganadera Guvac, según la demanda judicial, por cuestión de imagen. En 2007 accede con un 21% Karrantza Haraneko-Valle de Karrantza 2006 S.A. y posteriormente por Ipar Kutxa con un 10% con el mismo objetivo.

En base al informe del Tribunal de Cuentas, se constata que ABSL facturó a KMSL por una cuantía de 5,5 millones. Al analizar las operaciones al detalle se descubre que fue una mecánica para desviar el dinero de las instituciones a ABSL y colocar a KMSL en situación de insolvencia. Esta facturación explica cómo es posible que los trabajos de construcción se iniciasen en abril de 2010 y en cinco meses se acordase su paralización por falta de dinero. Extraña que no se aportara explicación alguna para que todo el dinero público pasase a Ade Biotec SL y empresas vinculadas, sin que la obra de construcción de la planta se hubiera siquiera iniciado, más allá de unos movimientos de tierras y alguna cimentación inicial.

Según el administrador concursal, se llegaron a abonar a ABSL 4.188.583 euros sin haber empezado la obra. Cuando en el año 2010 KMSL deja de recibir dinero de las instituciones, no puede seguir pagando a ABSL, y tiene que presentar una solicitud de concurso.

El Tribunal de Cuentas destacó que los gastos e inversiones efectuados por KMSL que tienen relación con ABSL o con empresas vinculadas a ella ascendieron a 8.323.000 euros. Acusa a los administradores de Karrantzako Minda de haber vaciado las cuentas de la empresa para enero de 2010, ya que eran conscientes de que el Gobierno autonómico, en manos del PSE, no iba a seguir aportando dinero.

La planta de purines recibió dinero público con datos falsos

Karrantzako Minda percibió de 2006 a 2010 algo más de 10 millones de euros de las arcas públicas de los 13,5 que se le otorgaron, habiéndose devuelto solo 750.000 euros. El grueso (8,32 millones) fueron abonados a Ade Biotec SL y otras empresas relacionadas con ella.

En la pieza de calificación del concurso de acreedores que se sigue en el juzgado de lo Mercantil nº2 de Bilbo presentado por el Ayuntamiento de Karrantza, quien reclama 237.000 euros, se incidía en que el sistema de petición de ayudas por el que optaron los promotores lo único que logró fue detraer dinero público, “para desplazarlo directamente en manos privadas”, sin que la obra se ejecutase.

Los administradores llegaron a firmar una primera solicitud al programa Ikerketa 2006 en enero –que no fue convocado por Lakua hasta mayo- en blanco; además Karrantzako Minda no se había inscrito en el registro mercantil como era pertinente. Para subsanar ese “defecto”, presentaron más tarde un presupuesto y unos datos presuntamente falsos. En ellos afirmaban que las obras se iniciarían en mayo de 2006, cuando en esa fecha no habían siquiera comprado los terrenos donde edificar la planta, no había licencias municipales, no se había firmado contrato alguno con quien pudiera construir la planta, y no se había aceptado ningún proyecto o presupuesto para su construcción.

En la convocatoria de Ikerketa de 2008 se presentó de nuevo en blanco el 4 de enero, cuando la línea de ayudas no se publicó en el boletín hasta el 29 de septiembre, precisándose que podría acceder quien las hubiera solicitado desde el 1 de enero.

En los datos aportados a Lakua, se llegó a designar como trabajadores de la promotora a empleados de Ade Biotec, y luego con cargo al convenio de 2008 se imputaron acciones de formación de operarios y técnicos por 73.900 euros.

Duplicar facturas

Por la convocatoria de 2006, Karrantzako Minda percibió un anticipo reintegrable por importe de 1,5 millones de euros, que se convirtieron en dos 185 millones en 2008. Del primero se devolvieron 750.000 euros; del segundo se cobraron 800.000 euros y no se ha devuelto aún nada.

La abogada del Gobierno español apuntó que se presentaron por duplicado facturas ante distintas administraciones para justificar las subvenciones por 1,4 millones. La Abogacía del Estado fijó su atención sobre el convenio de colaboración que se suscribió en 2008 con la administración autonómica, en los que se preveía una prorroga tácita siempre que existiese dotación presupuestaria. El órgano encargado de valorar y aprobar el catálogo de proyectos lo componían por Karrantzako Minda, Angel Maria Ruiz Quintano Torre y por el Gobierno Vasco, Martín Ascacibar Gregorio, que simultaneó el cargo de Director de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Lakua y consejero de Ade Biotec de diciembre de 2007 hasta julio de 2009; luego ese cargo político del PNV fue consejero delegado de la promotora y de Ade Biotec de julio de 2009 a abril de 2010. Todo atado y bien atado.

Se priorizó el pago a Ade Biotec por trabajos no ejecutados

La razón esgrimida por Karrantzako Minda para paralizar el 30 de septiembre de 2010 la obra de la planta fue por falta de fondos, aunque como prueban el Ayuntamiento y la Abogacía del Estado, no había dinero porque la promotora había pagado a Ade Biotec SL facturas por trabajos que no se ejecutaron y se le devolvían avales. Siendo conscientes de que debían devolver a las instituciones los créditos que les habían facilitado y abonar licencias, los administradores priorizaron los abonos a esa mercantil y a Excavaciones Viuda de Sainz SA, vinculada a Ade Biotec, “siendo ya evidente la situación de insolvencia inminente”

Esta forma de proceder, además de perjudicar a algunos acreedores institucionales, aumentaba la inminencia de la insolvencia, que ya existía materialmente en 2009, aunque el concurso no se solicitó hasta dos años después. En 2009 se abonaron al menos a Ade Biotec siete facturas de 2,33 millones y 4 facturas a Viuda de Sainz por algo más de 1 millón de euros. Antes, según se reconoció en la Cámara de Gasteiz, se hacían facturas a la medida para justificar las subvenciones que recibían y se modificaron los hitos de pago para justificar las subvenciones.

En mayo de 2015 la Audiencia Provincial de Bizkaia revocó el auto del Juzgado de Balmaseda que desestimaba la querella interpuesta por la sociedad municipal Karrantza Haraneko contra los responsables del posible fraude de la fallida planta de purines de Karrantza, y obligó al mismo juzgado a dar comienzo al procedimiento penal.

En su auto, la audiencia vizcaína criticó la “más que escueta resolución” del juzgado de Balmaseda, por la que desestimó la querella presentada por Karrantza Haraneko “por falta de competencia territorial”.

La sala entendió que la argumentación del juzgado de Balmaseda es “insuficiente para soportar la negativa a dar comienzo a la investigación judicial por el motivo que se alega, no solo por incompleta, por no aportar un mínimo detalle sobre los datos o hechos que se consideran relevantes, sino, además, porque no resulta convincente, existiendo motivos más que de peso que justifican la competencia de tales juzgados y no siendo relevante el argumento al que parece acogerse la instructora”.

En este sentido, el auto recordaba que lo que se plantea en el escrito de querella es un complejo delictivo que tiene un “clarísimo núcleo o centro de actuaciones en el municipio de Karrantza”.

“Se trata, sintéticamente, de que, indiciariamente, 10 millones de euros de los 13,5 millones a los que ascendió el importe de diversas subvenciones públicas destinadas a un proyecto para diseñar y montar una planta de depuración de purines en la mencionada localidad, no fueron dedicados a este fin”, indicaba.

“El hecho nuclear sobre el que gira la imputación es el de la apropiación de cantidades procedentes de las administraciones públicas bajo el pretexto del desarrollo del proyecto mencionado, tal y como correctamente indica el auto objeto de apelación”, señala el auto.

Asimismo, enumera todos los posibles delitos que se derivan de este posible fraude, como falsedades documentales, prevaricación administrativa, delitos societarios o insolvencia punible. Por lo tanto, valora la consistencia de la querella y dice textualmente que “no resulta lógico ni racional otra conclusión demorando la investigación”, obligando a investigar los hechos.

En su escrito, la fiscal planteó la indemnización por valor de 12,8 millones de euros más IVA y la inhabilitación de diez años para los afectados por el concurso, entre los que se encuentran ex cargos del PNV.

Igor Meltxor (Gestión a la Vasca , págs 179-187)