Kazetari Kanaia - Periodista Canalla

Barrika: “La Costa Nostra”

Hoy conocíamos la noticia de la condena a la Diputación de Bizkaia y al Ayuntamiento de Barrika a pagar 1,5 millones por una recalificación ilegal…

Os dejamos el capítulo dedicado a este tema en el libro: GESTIÓN A LA VASCA (I)

(Capítulo recogido en el libro GESTIÓN A LA VASCA (I) págs 79-83 , escrito por Igor Meltxor)

La Costa Nostra: Barrika

En julio de 2009, el Tribunal Supremo español dictó una sentencia en la que rechazaba el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Barrika, gobernado por el PNV, la Diputación de Bizkaia, así como las promotoras Abandonada Muriola S.L. e Inversiones Arne Muriola S.L., contra una resolución anterior del TSJPV del 29 de noviembre de 2004, y que daba la razón al colectivo ecologista Txipio Bai al considerar ilegal la recalificación de terrenos en el área de Muriola. Las dos promotoras citadas, estaban dirigidas por la familia Lezama-Leguizamon.

El conflicto tiene su origen en el proyecto municipal de construir 85 chalés y 12 viviendas de protección oficial (VPO), así como un campo de golf en los terrenos de Muriola y San Telmo, áreas a las que el Ejecutivo de Lakua otorgó una especial protección paisajística en 1987.

La asociación ecologista Txipio Bai, acudió a los tribunales por presión urbanística sobre esta zona protegida de Barrika e irregularidades, y, además, Greenpeace denunció el caso en su informe de 2008.

Txipio Bai formalizó su denuncia ante el TSJPV en 2001 y volvió a acudir en 2004, cuando les otorgó la razón.

La recalificación, aprobada por el Ayuntamiento y refrendada por la Diputación, quedó sin efecto, al considerar los magistrados que no se ajustaba a derecho.

Tras el revés, ambas instituciones recurrieron ante el Tribunal Supremo español, defendiendo su potestad  para modificar el planeamiento urbanístico.

El Tribunal Supremo se preguntaba: “qué ha cambiado para que dichos terrenos, que antes no eran adecuados para el desarrollo urbano porque había que preservar su valor paisajístico, ahora sí lo son”. Los jueces finalizaban argumentando que no existía justificación de esa recalificación “pues no consta en el expediente remitido a la Sala, ni en el recurso contencioso administrativo ni en casación”.

El origen del “problema” de Barrikabaso fue favorecer los intereses de la familia Lezama Leguizamón, “reclasificándoles” en 1.997 terrenos clasificados en las Normas Subsidiarias como no urbanizables de especial protección paisajística a urbanizables.

Esta reclasificación constituyó un agravio comparativo respecto al resto de propietarios de terreno. Tampoco satisfacía interés general alguno para  Barrika y sus habitantes y, además, fue declarada ilegal de forma reiterada por el Tribunal Superior de Justicia y por el Tribunal Supremo (dando la razón a la Asociación Naturalista “Txipio Bai” que había recurrido dicha reclasificación).

El PNV es el máximo responsable, tanto a través de sus concejales en el Ayuntamiento de Barrika (quienes aprobaron inicial y provisionalmente la reclasificación) como la Diputación Foral de Bizkaia que aprobó definitivamente la reclasificación.

El PNV de Barrika ha agravado más el problema permitiendo la ocupación de “facto” de 14 chalés sin licencia de primera ocupación pese a que la obtención de ésta era preceptiva legalmente tanto por las Normas Subsidiarias vigentes como por el propio condicionado de las licencias de construcción que otorgó.

La Diputación insiste en la recalificación

Pese a todo, la Diputación de Bizkaia, en su informe sobre el avance del nuevo PGOU, aseguraba que las edificaciones construidas “lo fueron al amparo del planteamiento en vigor”. Aludía a las normas subsidiarias que realizaron la primera recalificación pero las licencias de obras se pidieron después de 2001, tras la primera sentencia del Tribunal Superior vasco que las ilegalizó, a la que siguió otra del mismo tribunal en 2004 y la última del Supremo, en 2009.

En este informe, firmado a finales de 2012 por la arquitecto del servicio del Planeamiento Urbanístico, la jefa de sección de Planeamiento y el director de Urbanismo, se afirmaba que “no tiene sentido incluir como disconformes con el planeamiento unas edificaciones que han sido levantadas con arreglo al planeamiento en vigor” y minimizaba las contundentes sentencias judiciales al asegurar que la anulación se “basa únicamente en la falta de justificación suficiente para modificar un suelo no urbanizable de especial protección”. Por ello, planteaba que los suelos que acogen los 14 chalets “que se encuentran ya urbanizados” puedan recalificarse “al suelo urbano”. “Con ello se estaría contribuyendo a la creación de un entorno propiamente urbano”, explica el citado informe.

El hecho es que pasan los años y el Ayuntamiento de Barrika y la Diputación, dirigidos por el PNV, pese a las resoluciones judiciales, se niegan a iniciar el desalojo de los chalés ilegales.

Ninguno de los 14 chalés cuenta con licencia de uso y primera ocupación, pese a que el Ayuntamiento especificó en los permisos de obras que “no podrá utilizarse el edificio para ningún uso” sin la autorización de ocupación. El expediente de este proyecto, que el Ayuntamiento se resistió a facilitar hace cuatro años, ha permitido conocer que el Ayuntamiento concedió las licencias de obras después del primer fallo del Tribunal Superior vasco que anuló la recalificación, en 2001. Además, según los datos proporcionadas por los ecologistas, al menos 10 de los propietarios conocían que el asunto estaba en los tribunales.

Barrikabaso, al lado de los acantilados del municipio vizcaíno de Barrika, es un caramelo urbanístico. Los intentos de edificar se remontan a 23 años atrás y todas las tentativas se asocian a la familia LezamaLeguizamón (una de las más pudientes de Bizkaia), propietaria de las 65 hectáreas de Barrikabaso y que siempre ha figurado como promotora de los diferentes planes urbanísticos. En principio, querían impulsar un macroproyecto con 349 chalés, un hotel y un campo de golf.

Miles de euros en abogados y procuradores para defender una reclasificación ilegal, y muchos más para defenderse de la demanda interpuesta por la familia Lezama-Leguizamón contra el Ayuntamiento gobernado por el PNV y contra la Diputación de Bizkaia. Más coste si la demanda prospera, si se condena en costas al consistorio en el caso de licencia de ocupación, más miles de euros en una modificación puntual que venía a recoger lo que decía el convenio de 2012 y que era gratuito.

A todo esto hay que añadir que, pese a que la urbanización Muriola no ha sido recepcionada por el Ayuntamiento, por decisión del PNV el Ayuntamiento ha pagado y sigue pagando la factura eléctrica de esta urbanización. Este gasto ascendería a más de 70.000 euros.

El grupo municipal de Bildu en Barrika resumía el despropósito y las consecuencias de una gestión nefasta. Las/os propietarias/os de las viviendas que confiaron en los cantos de sirena del PNV, que les prometían un suelo urbano, han visto cómo este partido no ha hecho más que enquistar 83 más aún su situación. Un año después, el PNV reconoce que no puede ser suelo urbano y se aviene a los términos del Convenio, pero las/os vecinos/ as ahora se encuentran inmersos en un proceso judicial que puede terminar expulsándoles de sus casas. La firma del Convenio, sin embargo, hubiese evitado esta situación hace mucho tiempo pero el PNV se empeñó en una solución sin fundamento jurídico alguno (nunca presentaron informe alguno que sustentara esta posibilidad) con el objeto de beneficiar a los propietarios de los terrenos sin edificar y poniendo en riesgo las casas de los que sí habían construido (con el beneplácito de algunos de ellos). Lamentablemente para todos, esta vía sólo ha servido para que el sufrimiento de las familias de las casas se haya incrementado y alargado en el tiempo.

Una vez más, la defensa de los intereses privados repercuten en consecuencias económicas para los contribuyentes, en este caso, los vecinos y vecinas de Barrika.

(Capítulo recogido en el libro GESTIÓN A LA VASCA (I) págs 79-83 , escrito por Igor Meltxor)