Oasis Vasco: El Negocio del Agua

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El negocio del Agua

Consorcio de Agua de Busturialdea: Unai Rementeria y gestión ruinosa

(Extracto del capítulo “El Negocio del Agua”, recogido en el libro GESTIÓN A LA VASCA (II). EL OASIS VASCO, Igor Meltxor / ed.Pepe Rei Elkartea, 2016)

La gestión del Consorcio de Aguas de Busturialdea, acumuló una deuda de 3,35 millones en 2011, con el actual Diputado General de Bizkaia al frente, Unai Rementeria. Una situación económica complicada, y con unas infraestructuras en una situación preocupante. A pesar de tratarse de una Biosfera, el saneamiento del agua en Urdaibai se encontraba en una desastrosa situación.

El Consorcio pasó en tan solo tres años de estar en serio riesgo a verse fortalecido con Iratxe Arriola como presidenta. No fue tarea fácil pero se pasó de cerrar con un saldo negativo de 700.000 euros en 2011 a lograr superávit en 2014. La mancomunidad que agrupa a catorce municipios del eskualde demostró que la gestión de los recursos hídricos desde la proximidad puede ser igual de eficiente o más que los modelos de agrupaciones enormes, muy del gusto del PNV, que funcionan con economías de escala y que huyen de la estructura lógica desde una perspectiva hidrológica del territorio.

Tras la nefasta gestión de Unai Rementeria, el Consorcio redujo su deuda en un 90%, publificaron los servicios de suministro y saneamiento que estaban subcontratados y se aplicó una tarificación más progresiva que premiaba el consumo responsable.

Mientras el señor Rementeria se dedicó a hacer campaña electoral en su carrera hacia el sillón del palacio foral, obviaba que era el responsable de una deuda de 3,35 millones, mientras vendía humo, prometiendo puestos de trabajo de manera irresponsable y prometiendo el aterrizaje en el herrialde de toda clase de multinacionales.

El PNV, pretende hacer desaparecer el Consorcio de Aguas de Busturialdea, y transferirlo al de Bilbao-Bizkaia, escudándose en la recuperación de costes, gravar a la ciudadanía unas tasas desmesuradas, para en segundo plano pasar a plantear la privatización del servicio.

A partir de que la Unesco declara Urdaibai como “Reserva de la Biosfera” en 1984, a propuesta precisamente, del Gobierno vasco, la planificación de Urdaibai está basada en una Ley de la Reserva de la Biosfera y dos decretos del Gobierno vasco: un Plan Rector de Uso y Gestión y un Plan estratégico económico y social.

Un plan estratégico acordado con los agentes económicos y sociales de Busturialdea, y aprobado por el PNV y los demás grupos políticos en el Parlamento de Gasteiz y Gobierno vasco. De esta manera, son las instituciones públicas, las que tienen la obligación de desarrollarlo.

El único partido que no quiso aceptar el compromiso fue el PNV. Su portavoz en el eskualde, entonces alcalde de Mundaka y actual Diputado General de Bizkaia, Unai Rementeria, dijo que estaban de acuerdo con lo que se planteaba, pero como de costumbre, ellos tenían “su propio proyecto”. Es decir, su objetivo no era el de todos los firmantes, y nada tenía que ver con favorecer el desarrollo de la Ley de Urdaibai y del Plan estratégico.

Utilizar el dinero a su capricho, sin respeto alguno a la planificación acordada y aprobada, no es otra cosa que “malversación continuada de fondos públicos o utilizarlos con objetivos ajenos a lo acordado para el desarrollo sostenible de Busturialdea”.

Además del clientelismo en las adjudicaciones de obra, hay otras fórmulas más sibilinas. Ya no es necesario poner dinero en un sobre para conseguir un contrato público. Basta con asegurar un futuro lucrativo para los suyos. Ejemplo de ello son en Busturialdea, Juan Félix Naberan (asesor técnico de seguridad, 67.000 euros/año), Josu Olano (trabajador de Aquarbe, empresa que ha llevado la red en alta del Consorcio de Busturialdea con un coste anual que superaba los 2 millones de euros), José María Gorroño e Iñaki Gorroño (140.000 euros/ año, por la alcaldía de Gernika, sin ningún escrúpulo en defender hoy una cosa y mañana la contraria), Unai Rementeria y Xabier Legorreta (promotores de Denokinn, fracasado proyecto de fábrica en Bermeo que recibió 4,2 millones de euros en ayudas públicas), José Antonio Ardanza (ha presidido Idoki hasta 2014, empresa que ha recibido 2,5 millones de euros de ayudas públicas).

La guerra del agua: privatización y lucro

El agua se está convirtiendo en un bien codiciado. Son muchas las personas que alertan de que la falta de agua potable puede provocar una “guerra por el agua” en Africa, Medio Oriente y Asia. Quizá desde Euskal Herria, este problema se vea como lejano porque por una parte, tenemos la percepción de que tenemos mucha agua ya que vivimos en un territorio verde con una orografía accidentada, y donde llueve frecuentemente; y por otra parte, tenemos la concepción de que la gestión del agua es eminentemente pública.

Sin embargo, sobre lo primero tenemos que añadir que apenas tenemos sistemas de regulación hídrica y que nuestros rios son cortos, y enseguida desembocan en el mar; y que hay provincias como Bizkaia, que en más de un 60% se nutre de Zadorra (Araba) y con un fuerte apoyo en el sistema Ordunte (Burgos). Por tanto, Euskal Herria como tal, no cuenta con una planificación de recursos hídricos propios. Por otra parte, sobre lo segundo añadir que como no existe ninguna regulación ni definición de modelo público de gestión del agua, parece que todo cabe y ello da lugar a la heterogeneidad que se da en la CAPV.

El tipo de gestión que realizan los 8 consorcios existentes el la CAPV, Bilbao Bizkaia, Aguas de Añarbe, Txingudi, Gipuzkoako Ur Partzuergoa, Busturialdeko Ur Partzuergoa, Kantauriko Urkidetza, AMVISA y el de la Rioja Alavesa, es diferente. Mientras que algunos se encargan de la red primaria, es decir, de la recogida de agua, deposito, tratamiento y distribución hasta la entrada del municipio; otros, se ocupan del ciclo urbano integral del agua, es decir, de todo el camino que hace el agua hasta llegar al grifo de casa. Asimismo, hay consorcios que gestionan los recursos hídricos desde la proximidad, de manera que el ciclo del agua se genera y desarrolla en la propia comarca; y otros, que tienen una fuerte dependencia de recursos hídricos externos, y que funcionan con una economía de escala, huyendo de la estructura lógica desde una perspectiva hidrológica del territorio. En cuanto a la plantilla de trabajadores, hay consorcios donde el 100% de la plantilla es propia, y otros donde más de la mitad de la plantilla está subcontratada a grandes empresas.

A pesar de que todos o casi todos los consorcios de la CAPV han firmado el pacto social por la gestión pública del agua, teoria y práctica han de ir de la mano, para que no se quede en simple postureo. Más aún a día de hoy, cuando la amenaza de la privatización, es latente. Quizá de una manera discreta, mucho más sutil que en otros lugares, como por ejemplo Chile, camufada en un paternariado público privado (PPP Public Private Partnership), pero no por eso menos peligrosa. No obstante, a nuestros responsables políticos, parece seducirles la idea de la colaboración público-privada y muestra de ello es el acto que tuvo lugar en el Museo Marítimo de Bilbao el 17 de junio del 2015 donde tanto la Consejera de Medio Ambiente y Política teritorial, Ana Oregi, como el Director de URA, Iñiago Ansola, manifestaron buscar la colaboración público-privada y la intención de trabajar en ello, en unas jornadas organizadas por el diario Expansión en colaboración con Acciona, y donde el Consejero de Cuatrecasas, Adolfo Ruigomez, expuso la necesidad de buscar un marco legal, un marco regulador, para blindar la gestión privada más allá de los ciclos políticos, para que a la Carmena de turno no se le ocurra remunicipalizar el servicio o llevarlo por sus propios medios.

Precisamente es eso lo que se hizo en el Consorcio de Aguas de Busturialdea, donde en el 2013 se optó por revertir el servicio de red primaria tanto en agua de abastecimiento como en saneamiento y recuperar así el control, el know how, y las riendas de la gestión pública. El mencionado servicio llevaba externalizado unos 20 años, en manos de una empresa privada, una multinacional del agua: Aquarbe (antes Aquagest y anteriormente Aguas del Norte) que tiene a nivel mundial 80.000 trabajadores y destinaba a este contrato 17.

En otro orden de cosas, conviene mencionar que la empresa Aquarbe está imputada en el caso Pokemon debido a las irregularidades en las contrataciones municipales, y se enfrenta a delitos como cohecho, falsedad en documentos mercantiles privados y públicos, tráfico de influencias, fraude a las administraciones públicas, uso de información privilegiada, prevaricación, y asociación ilícita. Las mencionadas causas las tiene abiertas en toda la cornisa cantábrica (Galicia, Asturias, Cantabria, Cataluña) exceptuando la CAPV, que parece un oásis.

Volviendo la mirada al Consorcio de Aguas de Busturialdea fue el 2014 cuando éste terminó la relación contractual que tenía con Aquarbe e internalizó el servicio contratando para ello a 20 trabajadores, que previamente tuvieron que pasar un proceso de selección de personal, tal y como exige el funcionamiento de la administración pública, y como expresamente decían que había de hacerse los informes jurídicos de la Diputación Foral de Bizkaia. Llegados a ese punto, y tras haber jugado órdagos a la mayor, Aquarbe, despidió a los 17 trabajadores que tenía cuando gestionaba el contrato de Busturialdea, de los cuales 10, que previamente pasaron el proceso de selección, son actualmente personal de plantila del Consorcio de Busturialdea.

A reglón seguido, el sindicato ELA, decidió demandar por despido colectivo conjuntamente a Aquarbe y al Consorcio de Busturialdea. La Sentencia que ha dictado la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco condena tanto al Consorcio de Busturialdea como a Aquarbe por despido colectivo. Los abogados que llevaban el caso del Consorcio de aguas de Busturialdea han manifestado, que a su entender, la sentencia es conceptualmente endeble y no cuenta con respaldo por parte del Tribunal Supremo; recomendando así encarecidamente que se recurra. Pues bien, la nueva directiva del consorcio, donde el PNV tiene 6 de los 8 representantes, ha decidido no recurrirla, eludiendo así a la opción de defenderse y asumiendo con dinero público las consecuencias de la tesis de la Sentencia del Tribunal Superior, que en principio no tiene ningún respaldo por el Tribunal Supremo, y en cierta manera exonera a la empresa privada, a Aquarbe, de la responsabilidad para con sus trabajadores.

Otra vez más, el PNV, vuelve a demostrar que es incapaz de diferenciar entre partido e institución y que juega alegremente con el dinero público, con el de todas y todos. Y que ese halo de buen gestor que se le atribuye poco tiene que ver con las actuaciones y hechos que practica. Y que en definitiva para el PNV el fin sí justifica los medios, y que éste no es más que hacer desaparecer al consorcio de Busturialdea para que toda Bizkaia sea gestionada por un único consorcio que funcione con la colaboración público-privada, y de paso enmierdar la gestión de EHBILDU. Fue EHBILDU quien gestinó el consorcio de Busturialdea en la legislatura 2011-2015, dándole la vuelta contra todo pronóstico; y pasando de ser un consorcio económicamente arruinado con una deuda de casi 3 millones de € a ser un consorcio pionero, solvente técnica y economicamente y que realiza la gestión integral del agua en su propia cuenca, en la comarca, y todo ello con personal propio.

Gestión pública, objetivo privatizador

Artículo escrito por Iratxe Arriola e Iñaki Urkijo, y publicado el 10.10.2016 en http://www.elperiodistacanalla.net

El cambio de gestión en el Consorcio de Aguas de Busturialdea va camino de convertirse en el paradigma de enfrentamiento entre dos modelos de gestión con dos objetivos antagónicos y bien definidos. Uno, el de Busturialdea, donde el 100% de la plantilla de trabajadores es propia y que gestiona los recursos hídricos desde la proximidad, de manera que el ciclo del agua se genera y desarrolla en la propia comarca; y otro, como el de Bilbao Bizkaia donde más de la mitad de la plantilla está subcontratada a grandes empresas y que trae el 60% de los recursos hídricos de Araba y Burgos, funcionano en base a grandes infraestructuras interterritoriales, huyendo por tanto, de la estructura lógica desde una perspectiva hidrológica del territorio.

La gestión anterior del Consorcio de Aguas de Busturialdea ha demostrado durante cuatro años que es posible revertir el proceso privatizador de los alumnos aventajados del capitalismo, ha demostrado que se puede llevar a cabo una gestión apegada a los intereses de la ciudadanía y no plegada a los de la capital privado. Una gestión al fin y al cabo que revierte la riqueza en el pueblo que la ha generado y no en los bolsillos de unos pocos pesebreros.

Pero esto no gusta en Sabin Etxea, no tienen ningún tipo de límite ni pudor. Ni siquiera un recurso básico e imprescindible como es el agua escapa a su afán privatizador. A través de una estrategia tan simple como eficaz, una nefasta gestión, hace deficitario el servicio y de esta manera facilita y justifica una futura privatización.

Aquellos que se vanaglorian de ser los buenos, y prácticamente únicos, gestores de este país, aquellos que tiemblan cuando les toca ir a la oposición y actúan como el chiquillo consentido, que presta sus juguetes a regañadientes pero no deja de mirar de reojo, pensando “cuándo me lo va a dejar”, transluciendo cuál es la percepción real que tienen de lo público; un cortijillo particular (costeado entre todos) desde donde alimentar a las empresas privadas a las que pretenden dar el gran salto.

Aquellos que se autoproclaman buenos gestores son los que han ido dejando los grandes agujeros económicos que nos encontramos en este país.

Por eso no pueden ser nuestros compañeros de viaje, no podemos hacer confluir una hoja de ruta que aspira a transformar la sociedad generando un sistema decente con un proyecto fundamentado en el amiguismo.

Nuestra obligación como proyecto transformador es desalojarlos de cualquier responsabilidad de gestión pública, se lo debemos a nuestro futuro como pueblo y como sociedad, nos lo debemos a todos y todas las que pensamos que el derecho a una vida digna, y la gestión colectiva del acceso a los recursos necesarios para ella, es incompatible con las políticas que nos han llevado a la precarización, a la pobreza y a ponernos a los pies de los caballos del capital y de sus lacayos.

Si no lo hacemos ahora, dejaremos de herencia a las futuras generaciones un país hipotecado para con el capital privado de por vida, dejaremos de herencia un sistema que a lo máximo que podrá aspirar será a la alternancia política, gestión por gestión, sin posibilidad de transformación ninguna.

(Extracto del capítulo “El Negocio del Agua”, recogido en el libro GESTIÓN A LA VASCA (II). EL OASIS VASCO, Igor Meltxor / ed.Pepe Rei Elkartea, 2016)



Categorías:BIZKAIA, EUSKAL HERRIA, PNV

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