Hoy es noticia, que el Estado se quedará finalmente con las ocho autopistas en quiebra y riesgo de liquidación. La solución se dará aunque no se alcance un acuerdo con los bancos acreedores de las vías, que soportan una deuda de unos 3.400 millones de euros.
En el #Oasis vasco algo sabemos de estas cosas…
Túneles de Artxanda. Cuando la mala gestión la paga el contribuyente
(GESTIÓN A LA VASCA I, Igor Meltxor, Ed. PepeReiElkartea 2015, pags 149-150)
Rescate foral: socializar las pérdidas y privatizar los beneficios
A finales de 2010, la Diputación presidida por el “señor de Bizkaia”, José Luis Bilbao, decidía asumir la responsabilidad de las obras, instalaciones y bienes de los Túneles de Artxanda. Tras cerca de seis meses de negociaciones, nunca conocidas por la opinión pública, la Diputación de Bizkaia anunciaba el 29 de octubre de 2010 el acuerdo alcanzado con la empresa concesionaria Túneles de Artxanda S.A., la firma a la que en 1998 se le adjudicó la construcción, conservación y explotación hasta 2048 de los túneles que conectan Bilbo con Txorierri. Esta empresa estaba formada por Europistas (50%), BBK (20%), las constructoras “afines” al PNV, Moyua y Balzola, y las firmas Caslever 2000 y Mcc Inversiones. Destaca, la omnipresente Balzola, participante en las principales obras a cometidas en Bizkaia en los últimos años. Desde el Guggenheim hasta el Metro, pasando por el BEC, campos de golf, autopista A-8… Todo el reparto de la tarta entre las mismas manos.
El coste de la extinción anticipada se tradujo en casi 63 millones de euros. De ellos, alrededor de 66 millones eran de deuda viva que mantenía la concesionaria por la inversión realizada, que rondó los 96 millones.
La mayoría de la deuda que asumió la Diputación de Bizkaia es con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), 37,6 millones de los 40 millones solicitados en 1999, y otros 20,7 millones con BBK, de los 20,5 que pidió a la Caja en noviembre de 1999. La BBK entonces, ahora englobada en Kutxabank, fue uno de los socios más importantes de Túneles de Artxanda, al disponer directamente del 20% del accionariado, y luego participar también en Itínere, que era el accionista mayoritario de la concesionaria con el 50%; el resto son constructoras “amigas”.
La renuncia a la gestión de los Túneles, tuvo mucho que ver con las enormes pérdidas económicas acumuladas en los primeros ocho años desde que entraron en servicio, y debido a que en ningún momento se cumplieron las expectativas creadas. De los 36.000 vehículos pronosticados en un principio, no pasaron de 15.000 a pesar de la rebaja de tarifas e incentivos a partir de 2007.
El entonces responsable de Obras Públicas, José Félix Basozabal, vendió el modelo de concesión como la panacea para las arcas públicas. La arrogancia del PNV llego al extremo de vender el proyecto con frases como, “los riesgos de la construcción son para la empresa concesionaria”. Unos visionarios. Se hartaron de clamar a los cuatro vientos que la construcción “no era una obra de Diputación” o que “las responsabilidades son asignadas a los que realmente tienen responsabilidades”, decían en relación a la empresa concesionaria. A la vista está, pasado los años, que nada era cierto.
Los túneles han resultado un pésimo negocio. Lo han sido desde el principio, en gran parte por los optimistas cálculos sobre el tránsito de coches.
La concesionaria recibió también en octubre de 2010, con la rescisión del contrato, 1,4 millones de indemnización y otros 3,3 millones para “facilitar la transición” y seguir durante seis meses con la explotación y el mantenimiento del peaje –sin quedarse con el dinero-, incluido el personal, que sumaba 41 trabajadores. El mencionado periodo se seis meses finalizó, pero la empresa continuó al frente de la gestión, labor por la que recibía 300.000 euros al mes. Al principio la Diputación presidida por José Luis Bilbao, parecía inclinarse por contratar otra concesionaria, posteriormente apostó por un contrato de servicios bajo “control público”.
(GESTIÓN A LA VASCA I, Igor Meltxor, Ed. PepeReiElkartea 2015, pags 149-150)