por 
Igor Meltxor
«No entremos en guerra con otros vertederos»; «aquí, por ahora, estamos en pacto de no agresión»; «cedamos Sevilla, no lancemos contraoferta». Mensajes de este tipo se extrajeron de los miles de emails que compañías como FCC, ACS, Ferrovial y Sacyr se cruzaban para repartirse contratos, clientes y territorios, ofertar precios a la baja y expulsar a posibles competidores, entre otras prácticas ilícitas.
Había en juego un macrocontrato de 542,9 millones de euros. Corría noviembre de 2012 y el Ayuntamiento de Madrid sacó a licitación la gestión del servicio público para la “Contenerización, recogida y transporte de residuos en la zona periférica de la ciudad de Madrid y otras prestaciones específicas en la zona central”. Las tres grandes del sector, FCC (hasta la fecha adjudicataria de ese servicio), Urbaser (ACS) y Cespa (Ferrovial) comenzaron a trabajar conjuntamente para repartirse el pastel.
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Kazetari Kanaia - Periodista Canalla 