IRITZIA – «Pisando barro»

«35 horas y horas extras»

Vuelve la polémica. La batalla por el reparto del trabajo continúa en tiempos
de ultraprecariedad. Costó el acuerdo en el sector público a inicios de este
siglo, y en esta ocasión ha sido el Tribunal Supremo, quien ha ratificado la
sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, el que sentencia
la eliminación de su aplicación en el sector público.
Fue a inicios de este siglo donde el Parlamento Gasteiz ratificó el acuerdo
entre sindicatos y el Ejecutivo de Gasteiz, después de una huelga general,
por cierto. Dejarse perder este derecho será una contrariedad y eliminar una
decisión que rompe todos los argumentos de la patronal privada, porque se
puede repartir el trabajo para trabajar más personas. Recursos económicos
existen.
La patronal vasca Confebask no quiso extender su incidencia al sector
privado en un acuerdo interprofesional que se malogró en el Consejo de
Relaciones Laborales (CRL-LHK). La razón o razones las imaginamos todos:
obligar a los trabajadores hacer horas extraordinarias porque sus sueldos
son bajísimos y, así, no contratar a mayor número de trabajadores y, a la vez,
elevar sus beneficios a costa del sudor y la sangre de los trabajadores.
El Supremo ha impuesto que los empleados públicos de la Administración
deben trabajar 37,5 horas. Eso significará destrucción de empleo. ¡Hagan
números señorías! Pero el Tribunal Supremo también podría prohibir las
horas extras, que eliminan contratos y defraudan a las arcas públicas, porque
sólo se declaran una de cada cuatro de las que se hacen en realidad.
Según el INE, las horas extraordinarias en 2017 han aumentado en 2017
casi un 12%, según datos semanales de la Encuesta de Población Activa
(EPA), pero el 45% de las mismas no se pagan. Según datos por
comunidades autonómicas de la compañía Randstad, en 2016 se realizaron
en Hego Euskal Herria un total de algo más de 9 millones de horas extras, un
crecimiento superior al 25%, y se pagaron 243,4 millones. Se podrían haber
creado 7.068 puestos de trabajo, más de 5.500 a tiempo completo. Pero ahí
ni los jueces, ni la Administración quieren entrar, entre otras cosas porque
sólo se declaran una de cada cuatro horas extras. El problema es profundo.

Juanjo Basterra