El Gobierno Vasco pagará en 2018 un 18,1% menos
a los afectados por la exclusión y la pobreza sobre 2008 y el
Gobierno navarro, un 57,26% menos. Desde 2008 el riesgo de
pobreza ha aumentado un 65% en la Comunidad Autónoma
Vasca (CAV) y un 110% en Nafarroa.
El Movimiento a favor de los Derechos Sociales en Euskal Herria,
Elkartzen, ha realizado estos días atrás un amplio análisis crítico de los
presupuestos 2018 de Hego Euskal Herria en el apartado de
prestaciones sociales, que confirman que actúan en favor de quienes
más tienen y van abandonando poco a poco a quienes mas sufren por
la falta de trabajo y de ingresos económicos.
Elkartzen concluye que la pobreza es ;el resultado del modelo económico
capitalista; y advierte de que Capitalismo es polarización, es un proceso de
acumulación de la riqueza generada entre todas en cada vez menos manos,
y cuyo reverso es la extensión de la pobreza en cada vez más sectores
populares y en cada vez más aspectos vitales.
Aporta el dato de que desde el 2015 el 1% más rico de la población mundial
acumula más riqueza que el 99% restante, y que 42 personas poseen la
misma riqueza que 3.700 millones de personas (la mitad de la humanidad) –
como ha desvelado Intermón Oxfam en sus informes- cuando en 2010 eran
388 personas.
En la década de los años noventa del siglo pasado se afirmaba que de
seguir la tendencia actual, la mitad de la humanidad estaría en situación de
pobreza absoluta entre 2050 y 2075. Pero el adelanto a estas previsiones ha
sido meteórico, desde 2010 ya la mitad de la humanidad malvive con solo el
2% de la riqueza del planeta. Y si el capitalismo polariza el reparto de la
riqueza entre clases sociales, lo mismo podemos decir del patriarcado entre
géneros: de todos los milmillonarios que existen en el mundo nueve de cada
diez son hombres, mientras las mujeres sufrimos con más intensidad las
consecuencias de este sistema (menor patrimonio y menos posibilidades de
acceso a él, mayor precariedad laboral, menor sueldo por el mismo
trabajo…), según explica el movimiento a favor de los derechos sociales.
122,3 millones de europeos en riesgo de exclusión
Como indica Elkartzen, según el método y la terminología utilizada por las
instituciones públicas europeas en 2015 en la UE, 122,3 millones de personas estaban en ‘pobreza y riesgo de exclusión’ (indicadores AROPE), de las cuales 13 millones pertenecen al Estado español (casi un 28% del
total de la población, cuando en 2008 eran el 23%). Y esta situación no es
neutral en materia de género, en total, hay 12 millones de mujeres más que
hombres que viven en la pobreza en la UE. Mientras el año pasado se
produjo el mayor aumento de la historia en el número de personas cuyas
fortunas superan los mil millones de dólares, con un nuevo milmillonario cada
dos días (342 en europa).
Pobreza en Euskal Herria
Esta situación tiene su reflejo en Hego Euskal Herria y, a juicio de este
movimiento social, ni siquiera las administraciones públicas pueden ocultar:
la tasa de pobreza y exclusión social es del 22,9% en Araba, Bizkaia y
Gipuzkoa, cuando en 2008 era el 13,9%, y del 18,1% en Nafarroa (8,6% en
2008). Desde 2008 ha aumentado un 65% en ABG y un 110% en Nafarroa.
Los datos ponen de manifiesto que la “crisis” ha perjudicado de especial
manera a estas personas. La pérdida de ingresos por parte de las personas
más desfavorecidas y la mejoría de las más ricas, ha generado un proceso
de movilidad descendente de una parte importante de la población y el
avance de otra hacia el polo definido por el completo bienestar. En la CAV el
1,67% de la población controla el 44,78% de la riqueza, mientras que el 8%
sobrevive con ingresos inferiores a 500€ al mes, añade.
Precarización y extensión de la pobreza
Elkartzen manifiesta en este amplio análisis que en un contexto de
empobrecimiento creciente, tener empleo ya no es una salvaguarda de
protección ante las situaciones de pobreza: desregulación e individualización
de las relaciones laborales, incremento de la discrecionalidad empresarial a
través de la reforma de la negociación colectiva, abaratamiento del despido y
la menor tutela jurídica de éste que se derivan de las sucesivas reformas
laborales aprobadas desde 20127 cuyo resultado ha sido el de destruir
empleo estable y sustituirlo por otro más vulnerable y peor remunerado".
Al contrario de lo que publicitan las administraciones públicas, Elkartzen
confirma que en Hego Euskal Herria "los datos son alarmantes: altas tasas
de desempleo (163.514, frente a las 95.200 del año 2007, de las cuales solo
63.146, el 38,6%, cobran alguna prestación frente al 73,2% del año 2007);
precarización de contratos (en 2017 más del 90% han sido temporales y más
del 40% a tiempo parcial y más del 80% de las jornadas parciales las
realizan mujeres, además de tener salarios un 30% más bajos) y
precarización salarial.
Recortes en derechos sociales y prestaciones
Lamenta que este sistema, sus políticos gestores y sus medios de
comunicación tratan de estigmatizar a las miles de personas perceptoras
tratándolas como sospechosas de fraude para desviar la atención sobre el
verdadero fraude, el que realizan las empresas y las grandes fortunas
(13.560 millones de euros anuales en la CAV). Con todo ello nos olvidamos
del verdadero responsable de la situación, el capitalismo, y con ello
olvidamos que las personas que reciben prestaciones sociales y comparten
vivienda, lo hacen por necesidad económica no por elección libre.
Elkartzen lamenta que se produce una insuficiencia de las prestaciones
sociales, lo que provoca que cada vez son más las personas que necesitan
acceder a las prestaciones sociales. Mientras que en 2008 el número de
personas perceptoras de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) en la CAV
era de 29.585, en 2017 el número ha ascendido a 60.594 personas (¡se ha
duplicado!). De éstas, el 57% son mujeres; el 62,7% tienen DNI español,
desmintiendo esos discursos xenófobos y racistas que culpabilizan de la
situación a las personas migradas; y el 45,5% son personas con empleo
(7.877 mujeres y 4.178 hombres, casi el doble de mujeres) o pensionistas
(15,546).
En Nafarroa 31.889 personas (51,1% mujeres) percibieron en el 2016 (no
hay datos de 2017) la Renta Garantizada -antes Renta de Inclusión Social-
cuando en 2008 eran 3.162 (¡se ha multiplicado por diez!). Al igual que en las
otras tres provincias, en Nafarroa también es muy mayoritario el porcentaje
de perceptores con DNI español, el 71,9%. El 35,9% es menor de edad, y ha
habido un crecimiento especial en las solicitudes de los grupos de edad entre
18 y 24 años y entre las personas mayores de 65 años.
Esta realidad demuestra, a juicio de Elkartzen, claramente el fracaso de las
políticas implementadas desde ambos gobiernos. Cabe destacar que
muchas personas ni siquiera tienen acceso a estas prestaciones aun estando
en “riesgo de pobreza y exclusión social”: en 2016 de las 134.563 personas
que deberían haber accedido a la RGI (un 62,1% más que en 2008), casi la
mitad no lo hicieron (un 25% más que en 2008).
Bajan las ayudas per cápita
En la CAV en 2008- según los datos que aporta este movimiento social- el
importe medio por persona perceptora era de 7.510,56 euros anuales en
precios corrientes de 2008 (222,2 millones de euros presupuestados), que
"para ser equiparables en poder de compra a valores monetarios de 2018,
habría que aplicarles la inflación acumulada (11,7%), y esto nos daría
8.389,29 euros por persona perceptora. En 2018 el importe medio por
persona perceptora ha descendido hasta los 6.871,97 euros anuales. Solo
para mantener el mismo nivel de protección de 2008, el presupuesto de 2018
debería de ser de 508.340.638,26 euros (frente a los 489.191.500 euros
presupuestados), con lo que el presupuesto de Renta de Garantía de
Ingresos (RGI) de 2018 respecto al de 2008, teniendo en cuenta la inflación y
el número de personas perceptoras, ha disminuido un 23%.
En Nafarroa, aunque el aumento de esta partida respecto de 2015 es
considerable, en 2008 el importe medio por persona perceptora era de
6.306,13 euros anuales en precios corrientes de 2008 (19,94 millones de
euros presupuestados), que para ser equiparables en poder de compra a
valores monetarios de 2018, habría que aplicarles la inflación acumulada
(9,4%), y esto nos daría 6.898,91 euros por persona perceptora. Sin
embargo, en 2018 el importe medio por persona perceptora ha descendido
hasta los 2.948,81 euros anuales. Solo para mantener el mismo nivel de
protección de 2008, el presupuesto de 2018 debería de ser de 219.999.341
euros (frente a los 94.034.649 euros presupuestados), con lo que el
presupuesto de RG de 2018 respecto al de 2008, teniendo en cuenta la
inflación y el número de personas perceptoras, ha disminuido un 57%.
Elkartzen extrae otra conclusión a esta radiografía de la falta de recursos en
años de necesidad: la realidad es aún más demoledora. Que el importe
medio por persona haya disminuido no significa que las personas que
accedan a las prestaciones vayan a cobrar menos de lo estipulado, sino que
muchas personas no podrán acceder a las prestaciones por haberse
terminado el presupuesto antes de cubrir toda la demanda, número que
como ya hemos indicado no hace más que crecer.
Organización y lucha
Elkartzen recuerda que "en nuestros pueblos se va haciendo visible la
pobreza en sus múltiples formas, como la llamada ‘pobreza energética. Pero
podríamos hablar de ‘pobreza nutricional’, ‘pobreza de cuidados’, ‘pobreza
cultural’…en definitiva mostrar de forma parcial o dividir en segmentos lo que
es un todo: la pobreza económica manifestada en múltiples partes. La
situación de las mujeres no solo es peor, sino que se degrada mucho
más rápidamente que la de los hombres, ya que el empeoramiento de las
condiciones de vida por culpa de la precariedad social es mucho más
evidente. Las mujeres constituyen el sector social con mayor riesgo de
padecer nuevas formas de pobreza -existen 5 mujeres por cada hombre en
dicha situación.
Ante esta situación, defendemos que ha de establecerse un criterio
homogéneo para definir y determinar el umbral de la pobreza. Nuestra
propuesta pasa por indexar los salarios al PIB per cápita:
– El SMI no debería nunca de ser inferior al 50% del PIB per cápita
– Ninguna prestación debería ser inferior al 37,5% del PIB per cápita,
que pasaría a ser considerado el umbral de la pobreza.
En base al análisis, Elkartzen concluye que podemos afirmar que no se han
realizado unos presupuestos participativos, primero porque el debate y las
posibles enmiendas se hacen solamente en una parte del presupuesto: el
presupuesto de gastos. Y luego porque tanto la población como los
diferentes agentes sociales no podemos participar ni en la elaboración ni en
la discusión del documento presupuestario. Los presupuestos de 2018 para
Hego Euskal Herria no van a repartir la riqueza de una manera más
equilibrada, no se van a garantizar unos servicios sociales públicos y de
calidad y no se van a garantizar los derechos sociales básicos.
Especialmente el derecho de toda persona a percibir unos ingresos mínimos.
Los presupuestos de 2018, al igual que los anteriores, no van a garantizar
unos ingresos superiores al umbral de la pobreza que defendemos. Son pues
unos presupuestos antisociales y no participativos.
Juanjo Basterra
Reblogueó esto en Bagauda.
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