El IBEX 35 en guerra contra la vida

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Ecologistas en Acción, OMAL-Paz con Dignidad y Calala Fondo de
Mujeres, han publicado el informe ’El IBEX 35 en guerra contra la vida.
Transnacionales españolas y conflictos socioecológicos en América
Latina. Un análisis ecofeminista’.
Publicado esta misma semana, describe tres conflictos originados por la
acción de varias empresas españolas: Repsol, ACS, Iberdrola, Gas Natural
Fenosa, Acciona y Renovalia. En todos los casos analizados se han
detectado patrones comunes en los impactos socioecológicos provocados y
en la violación de derechos humanos cometidos, como explican en el
informe.
El documento muestra cómo la irrupción de las transnacionales en
comunidades indígenas y campesinas ha supuesto una reconfiguración de
las relaciones de género. El informe destaca que durante el año 2017 más
de 300 personas defensoras de los derechos humanos fueron asesinadas
por realizar esta labor. Casi el 70% de ellas defendían la tierra, el territorio y
el medio ambiente, tal y como señala el último informe de Front Line
Defenders-Ventana nueva. Pero los asesinatos son solo la punta del iceberg
de un patrón sistemático para acallar a quienes se enfrentan a los intereses
corporativos, que incluyen amenazas, hostigamiento y detenciones, entre
otras agresiones físicas, legales y sociales.
Ecologistas en Acción, OMAL-Paz con Dignidad y Calala Fondo de Mujeres
indican que "la acción de las transnacionales españolas en el exterior no está
desvinculada de este contexto. El informe visibiliza y denuncia los impactos
socioecológicos y la vulneración de derechos humanos cometidos por la
acción de empresas españolas en América Latina.
Aseguran que se pretende así mostrar la otra cara de la ‘Marca España a
través de la descripción de tres conflictos: La extracción de gas del proyecto
Camisea en la Amazonía peruana por parte de Repsol.

TRES CASOS DIRECTOS
La extracción de gas del proyecto Camisea en la Amazonía peruana por
parte de Repsol; otro ejemplo involucra al Grupo ACS y la construcción del
complejo hidroeléctrico Renace en Guatemala; y el corredor eólico del Istmo

de Tehuantepec en México que involucra a Iberdrola, Gas Natural Fenosa,
Acciona y Renovalia.
El primero destaca la extracción de gas del proyecto Camisea en la
Amazonía peruana por parte de Repsol. Entre 2004 y 2012 se registraron
siete rupturas en el ducto Transportadora de Gas de Perú (TGPE). En total –
como dice el informe- fueron derramados alrededor de 10.000 barriles de gas
natural licuado que contaminaron gravemente los suelos y cuerpos hídricos
del bajo Urubamba.
Hay que recordar que en aquel tiempo Repsol era también propietaria del
10% de TGP, cuya participación vendió a Enagás en enero de 2014. Los
impactos no solo se han producido por los derrames, sino por el incremento
del transporte fluvial ante el aumento de las actividades extractivas.
El informe relata también los impactos de género, por la gran concentración
de obreros, lo que ha llevado aumento consumo alcohol y de enfermedades
de transmisión sexual.
Otro ejemplo involucra al Grupo ACS y la construcción del complejo
hidroeléctrico Renace en Guatemala. Se hizo a través de la filial Cobra. El
complejo hidroeléctrico en su conjunto afecta al cauce del río Cahabón a lo
largo de 30 kms. de su recorrido sobre el que se asientan 20 comunidades
rurales «con una población conjunta de 29.000 personas.
El informe confirma que un estudio de 2016 corroboró que el caudal mínimo
ecológico referenciado no es suficiente para garantizar el abastecimiento de
agua a las comunidades ni para mantener la vida acuática en el Cahabón.
Sin embargo, las empresas multinacionales españolas sacan altos
rendimientos económicos por su rentabilidad.
Otro ejemplo es el Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec en México que
involucra a Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Acciona y Renovalia. EL informe
resalta que el megaproyecto está generando importantes afectaciones en
términos de sostenibilidad ambiental. El Banco Mundial señala en un informe
de 2011 que en un solo parque eólico -La Venta II con 98 molinos, construido
por Gamesa e Ibedrola y operado por la estatal CFE habría ocasionado la
muerte por colisión de, al menos, 3.900 aves y 6.000 murciélagos en un
período de un año.
En ese corredor se implementarán más de 5.000 torres, lo que el impacto
sobre la biodiversidad será considerable. Se estima que podría provocar la
muerte de 200.000 aves y 300.000 murciélagos al año, especies que tienen
enorme importancia por su función ecológica como dispersoras de semillas y

polinizadoras. Además la implantación de los aerogeneradores genera un
movimiento de tierras y de infraestructuras que destruyen el medio natural".
Lejos de constituir casos aislados de malas prácticas, los ejemplos descritos
en este informe dan cuenta de un problema sistémico. Por eso, todos ellos
presentan patrones comunes en la actuación de las transnacionales,
explican sus autores.

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TERITORIOS INDÍGENAS Y DE CAMPESINOS
Así destacan que, en primer lugar, los megaproyectos de las empresas
analizadas se ubican en territorios indígenas y campesinos, provocando
graves impactos socioecológicos en las zonas donde se asientan.
Contaminación y acaparamiento de tierras y de agua, deforestación y
fragmentación de ecosistemas, y pérdida de biodiversidad son algunos de los
impactos ecológicos provocados por las empresas de forma sistemática en
todos los casos analizados.
Para las poblaciones locales la llegada de las corporaciones ha supuesto
una pérdida de su soberanía alimentaria y su autonomía, y una ruptura de
sus formas de reproducir la vida tanto en términos materiales como socio-
culturales, como inciden.
Asimismo sostienen que se han detectado patrones sistemáticos de
vulneración de derechos humanos cuando las empresas españolas tratan de
implantar sus megaproyectos en los territorios. La ausencia de un ejercicio
de consulta previa, libre e informada tal y como exige el Convenio 169 de la
OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones
Unidas, es un rasgo común en todos los casos analizados, pero no el único.
Desinformación, engaños, firma de contratos abusivos, incumplimiento de
acuerdos, sobornos, generación de redes clientelares, cooptación de
dirigencias locales, extorsión, injerencias e infiltración en organizaciones
locales son algunas de las tácticas identificadas que utilizan las compañías,
como precisan.
En este contexto, las defensoras y defensores del medio ambiente que se
oponen a los intereses corporativos son objeto de procesos de
criminalización, acoso, persecución, estigmatización, judicialización,
amenazas, agresiones y asesinatos cometidos en el marco de los conflictos. Estas agresiones no siempre -según precisan-son cometidas directamente
por los actores corporativos, pero todas ellas tienen lugar en el marco de los
conflictos originados por sus actividades, y están dirigidas a asegurar los
intereses económicos de sus inversiones.

MIRADA ECOFEMINISTA
Este amplio y detallado trabajo llega también a unas conclusiones a partir de
un análisis ecofeminista. El informe muestra cómo la irrupción de las
transnacionales en comunidades indígenas y campesinas ha supuesto una
reconfiguración de las relaciones de género. La implementación de los
megaproyectos se asienta sobre la existencia de desigualdades entre
mujeres y hombres, y las profundiza.
Los impactos de género que el informe relata son múltiples y variados, por
ejemplo: exclusión de las mujeres de los procesos de toma de decisiones (al
impulsar negociaciones bilaterales y no colectivas), precarización económica
de las mujeres (al fomentar la dependencia del trabajo asalariado, un sector
muy masculinizado en las zonas descritas), o el aumento de la inseguridad
en la vida de las mujeres, de su control social y de las violencias de género
(provocados, entre otras causas, por la militarización de las zonas y el gran
aumento de presencia de hombres foráneos, relacionado con los trabajos de
infraestructuras).
Ante este escenario, Ecologistas en Acción, OMAL-Paz con Dignidad y
Calala Fondo de Mujeres señalan que no es de extrañar que las mujeres
estén asumiendo, cada vez más, un rol protagónico en la defensa del
territorio y la naturaleza.
El informe reconoce el papel fundamental de las mujeres activistas frente a
los intereses corporativos. Con su trabajo diario, las defensoras recuperan el
espacio político en el cual no han sido reconocidas y se constituyen como
referentes para poder construir paradigmas de vida alternativos frente a un
escenario global de crisis ecológica y civilizatoria.
Frente a esta situación, el informe reclama la necesidad urgente de poner
en marcha varias medidas políticas, entre ellas: impulsar y establecer marcos
normativos nacionales e internacionales jurídicamente vinculantes sobre
empresas transnacionales y Derechos Humanos, que establezcan
regulaciones de obligado cumplimiento e impongan sanciones frente a las
violaciones cometidas.
En un segundo lugar, pide suspender y abandonar las negociaciones sobre
tratados de comercio e inversión (como el TTIP, CETA, TISA y otros que la
Unión Europea pretende implementar con México, Mercosur, Japón, etc.), ya
que refuerzan la arquitectura jurídica de la impunidad a favor de las
transnacionales y ponen la generación de beneficios económicos por encima
de cualquier proceso de reproducción de la vida.

Y, en último caso, demandan la necesidad de incentivar el desarrollo de
formas de economía social, feminista y ecológica, centradas en el bien
común y no en la acumulación de plusvalía monetaria, que pongan en el
centro los procesos la sostenibilidad de la vida y garanticen la equidad
social.

Juanjo Basterra



Categorías:EKONOMIA

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