Iñaki Uribarri (Argilan-ESK): “El Gobierno Vasco ha decidido no acabar con la pobreza”

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REFORMA RGI:
Iñaki Uribarri (Argilan-ESK): El Gobierno Vasco ha decidido no acabar
con la pobreza
La reforma de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) todavía no se está tramitando en el
Parlamento de Gasteiz porque el Gobierno Vasco no ha enviado el texto articulado,
aunque está al caer. Hace casi un año mostró las directrices que fijará y que supondrá
un endurecimiento de acceso de condiciones a la RGI a fin de expulsar a más gente del
sistema, para destinar menos recursos.
Iñaki Uribarri, miembro de Argilan-ESK, confirma a PERIODISTA CANALLA que el
Gobierno Vasco ha decidido no acabar con la pobreza. PNV y PSOE, con el apoyo
evidente del PP, proponen recortar derechos para gastar menos. Entiende que el texto
"está al caer, aunque todavía las comparecencias de los grupos sociales en el
Parlamento de Gasteiz de la mano de una iniciativa de EH Bildu y Elkarrekin Podemos, se
está alargando y todavía quedan comparecencias por celebrarse en las próximas
semanas.
Sólo mediante la movilización popular se podrá modificar ese camino emprendido por el
Gobierno de Urkullu (PNV-PSE), que persigue esa merma económica y la salida de
demandantes, aunque esos socios del Gobierno de Gasteiz no tienen problemas en
ofrecer ayudas y reducir impuestos a la élite económica y empresarial. En ese sentido,
Iosu Balmaseda, de ESK, admite que van a realizar asambleas con perceptores y
afectados por RGI y, por otro lado, "trabajamos por conseguir una respuesta unitaria a
nivel colectivos sociales y partidos políticos para hacer frente a estas medidas que
perpetúan la pobreza. Tratamos conseguir un apoyo como la campaña no tragamos, que
nos llevó a la huelga de hambre
La realidad de los datos confirman que, a juicio de Iñaki Uribarri, como registra la propia
Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales (EPDS) que realiza el Gobierno de
Gasteiz, hay 60.000 personas que, siendo pobres, no perciben RGI; y otras 63.000
unidades convivenciales que, percibiéndolas siguen siendo pobres.
Por eso, llama la atención sobre esa dramática realidad y advierte de que, aunque no se
conoce el nuevo texto articulado, cualquier modificación de la actual RGI que no vaya en
la línea de aumentar los recursos en la lucha contra la pobreza será ineficaz para acabar
con la misma. Uribarri entiende que las intenciones de la consejera de Empleo y Políticas
Sociales, Beatriz Artolazabal, van "a imponer nuevos recortes y dificultades para acceder
a esa ayuda subjetiva, que está perdiendo el origen para el que se creó. A juicio del
miembro de Argilan-ESK no se puede caer en la autocomplacencia diciendo que en la
Comunidad Autonómica Vasca (CAV) se está aportando más que en el resto de
comunidades, porque, siendo así, los recursos que se destinan no son suficientes y, por
lo tanto, sería necesario un esfuerzo mayor. Hay riqueza suficiente para acometer este
grave problema social, dijo.
Se sabe que existe una comisión, formada por PNV y PSE, que están cocinando el texto
articulado y que, de vez en cuando, filtran o toman decisiones en relación a la misma. De
hecho, Artolazabal informó en el Pleno del Parlamento de Gasteiz este pasado viernes
que pondrán en marcha el control de usuarios de RGI mediante huella digital. Es un
proyecto piloto que se adecuará en unas pocas oficinas de Lanbide, hasta que entre en
vigor de forma definitiva.

PUNTOS MAS REGRESIVOS
Uribarri advierte que del texto inicial enviado por la consejera Artolazabal en mayo del año
pasado al Parlamento, son quince medidas que determinarán un retroceso en la RGi,
pero hay varios muy regresivos.
Así el Gobierno Vasco pretende modificar la fórmula para determinar las unidades de
convivencia. De hecho, solo garantizará una unidad de convivencia por vivienda. Dará
dos años, por lo que se conoce, para adaptarse a la normativa, que dará un máximo de
644 euros por unidad, y un máximo de 500 euros en caso de que en esa vivienda haya
una segunda unidad de convivencia. Para Uribarri, la gente comparte pisos,
habitaciones, etc porque no pueden tener acceso a pisos, por lo que esta medida es
regresiva Admite, de todas maneras, que tenemos que ver la letra del texto porque no
lo tienen fácil a nivel legal para acometer esa medida.
Otra medida regresiva entra en las formas de certificar el empadronamiento de los
demandantes. En 2011 se subió a tres años. Ahora, como han visto que esa medida se
cumple, han decidido poner seis vías de control, que no parece que habrá que cumplir
todas, pero que van desde visitas que se hacen al médico, los pagos de recibo de la luz,
del agua o gas.
Y también la nueva normativa incidirá en el control de remesas de los inmigrantes, que
aunque tienen controles bestiales, les siguen pareciendo insuficientes. Pero Lanbide
también podrá suspender la entrega de la RGI si considera que ha habido gastos
excesivos por la compra de cremas, calzado… Esto ya está pasando en varios casos.
Lo que cada vez está más claro que el fraude sobre la RGI es mínimo.Los últimos datos
confirman un 0,7% del total de perceptores, 442 casos sobre 60.405 perceptores en 2017.
Iñaki Uribarri, en realidad, considera que fraude-fraude son el 0,3%, el resto no es fraude
como total, pero se ve que no llega ni al 1%. El control sobre estas ayudas es elevado y
contrasta con lo que se realiza con el fraude fiscal, que según estudio oficial realizado por
profesores universitarios, alcanzaría entre el 18,5% y 22% del PIB y que representa que
las arcas públicas de la CAV pierdan cada año 2.300 millones de ingresos.
DEPENDERÁ DE LO QUE SE QUIERA PRESUPUESTAR
A estas medidas se añaden otras tres importantes como son que se avanza ya que la
RGI no se indexará o actualizará con el SMI, como ha ocurrido en los últimos años, o con
conque debería ser el 88% del SMI, que ya se perdió hace con la reducción del 7% desde
2012. Para Uribarri, se eliminará ese umbral de rentas, al no contar con las referencias
del SMI o el IPC, con lo que quedará en manos de lo que se presupuesta. Lo que es claro
es que los recursos que se destinan son insuficientes para terminar con la pobreza. Como
no quieren aportar más recursos su estrategia es la utilización de controles invasivos y
masivos para expulsar del sistema a mucha gente. Es lo que está ocurriendo. Pone como
ejemplo el sistema de las Ayudas de Emergencias Social (AES), que no son derechos
subjetivos, y que las ayudas que provisionan cada año son insuficientes y para algo más
de la mitad de cada año, se agotan.

La conclusión a la que llega es evidente vamos a peor, estamos yendo a peor. Nos van a
vender la idea de que sólo os fijáis en los aspectos críticos, como me dijeron cuando
comparecimos en el Parlamento de Gasteiz, porque desde 1989 el sistema de ayudas ha
permitido reducir la pobreza severa. Es cierto, pero también lo es que con ese modelo
60.000 personas pobres (31%)

no cuentan con esa renta de garantía, porque no cumplen esos requisitos tan elevados y
resulta que un 47% del total de los afectados en 2016 sigue siendo pobre.

ESK - RGI
DEMANDAS QUE RECLAMAN:
Para acabar con la pobreza es necesario: revertir los recortes de derechos que se han ido
implantando desde la Ley de la RGI de 2008 y la reforma muy negativa llevada a cabo por
el PSE y el PP en noviembre de 2011 y recuperar las cantidades perdidas desde el
presupuesto de 2012, que han rebajado la cuantía de la RGI y Prestación
Complementaria de Vivienda a niveles de ingresos insuficientes para llevar una vida
digna.

-La RGI debe situarse en el 100% del SMI y debe mantenerse ligada a este índice
salarial.

-Eliminar el límite de 3 años para percibir los incentivos al empleo (sin hacerlo a cambio
de reducir la cuantía como en la propuesta del Gobierno). Mantener estas
limitaciones precariza aún más a quienes ya son precarias. En muchos casos,
mujeres con empleos de pocas horas para poder compatibilizarlos con tareas de
cuidados que son, por otro lado, imprescindibles para el sostenimiento de las vidas.

-Eliminar los 3 años de empadronamiento previo, dejándolo en 1.

-Eliminar el tope de dos RGI por vivienda; admitiendo el número de habitaciones
existentes en una vivienda.

-Eliminar el límite de 2 años improrrogable para poder percibir la RGI en caso de aquellas
familias monoparentales que residan en al hogar familiar (mayoritariamente,
mujeres); para aquellas personas migrantes con cónyuge en su país de origen; o
las personas y/o familias afectadas por una separación, divorcio o desahucio.

-Como las prestaciones de la RGI y PCV son un derecho subjetivo, su dinámica debe ser
igual que la de las pensiones de la Seguridad Social; es decir, hay que eliminar la
renovación a los dos años que figuran en la legislación actual.

Eliminando los recortes no acabamos con la pobreza. Se deben tomar una serie
de medidas en esta reforma que logren que la aplicación de la ley acabe con la pobreza
en la CAV:

-Rebajar el requisito de empadronamiento a un año e incluso flexibilizarlo en
determinadas circunstancias (por ejemplo, en el supuesto de mujeres que vienen de otras
comunidades huyendo de situaciones de violencia machista), pudiendo utilizar pruebas de
residencia.

-Rebajar la edad para cobrar la RGI a 18 años.

-Otorgar a las AES naturaleza de derecho subjetivo.

-Tener derecho a la RGI a pesar de estar en situación de reducción de jornada
voluntaria por cuidados de las personas dependientes de la unidad familiar.

-Eliminar el requisito de unidad de convivencia. La prestación se asignaría con carácter
individual.

-Al desaparecer como modelo de asignación la unidad de convivencia, desaparecen los
topes en función de las personas que conformen la unidad de convivencia, que
limiten la cuantía de la prestación e impiden que se alcancen los baremos de
umbrales de pobreza.Modificación del requisito de patrimonio, de forma que la
tenencia de patrimonio -por debajo de un límite razonable- no impida cobrar la
RGI. Lo fundamental, en este sentido, es distinguir entre patrimonio que genera
rentas y patrimonio que no.
-Eliminar cualquier contraprestación. Especialmente con el ánimo de que no sea
utilizada como un recurso punitivo por parte de Lanbide.

-Mejorar la forma actual de compatibilidad de los ingresos del empleo y la prestación de la
RGI. Para ello, obviamente, es necesario eliminar el límite de 36 meses de percepción de
por vida de la “Renta Complementaria de Ingresos de Trabajo”.

-Garantizar un procedimiento de gestión que garantice los derechos recogidos en
el procedimiento administrativo-común y que rompa radicalmente con el modelo de
gestión que hemos padecido desde que Lanbide se hizo cargo de la RGI-PCV a partir del
año 2012.

Medidas de gestión necesarias para que la ley proteja a la gente empobrecida y
no la hunda como ocurre en demasiadas ocasiones en la actualidad:

-Establecer en todos los casos el silencio administrativo positivo cuando la
administración no responda en el plazo señalado a solicitudes, alegaciones, recursos…

-Acortar los plazos de los procedimientos al máximo. Por ejemplo, ninguno debería
exceder de los 2 meses que actualmente se fija para la concesión de la RGI-PCV.
-La administración no podrá exigir ninguna documentación que puede recabar por
sus propios medios (a través de las conexiones informáticas ya existentes dentro
de las diversas áreas de la administración).

-La prestación de la RGI y PCV no se podrá suspender hasta finalizar la vía
administrativa en Lanbide.

-Necesidad de contar con espacios y profesionales adecuadas en la atención a mujeres
víctimas de violencia machista. Asimismo, es urgente fijar criterios mucho más
amplios para determinar en qué supuestos se considera a una mujer como víctima de
violencia. El criterio actual de exigir, para ello, una orden de alejamiento en vigor, es
injusto y excluyente.

-Diferenciar cobros indebidos de “pagos indebidos”. Estos últimos atribuibles a la mala
gestión de la administración, por lo que Lanbide debe asumir su error y el costo
correspondiente.

Juanjo Basterra



Categorías:EKONOMIA, EUSKAL HERRIA, SINDIKATUAK

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