¿Quién o quiénes ganan con las pensiones de mierda?

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-295.232 pensionistas vascos cobran por debajo del
umbral de la pobreza
-El patrimonio fondos privados acumula 111.077
millones de euros y en la crisis aumentó un 41,67%
En Hego Euskal Herria hay 682.221 pensionistas en estos momentos,
según los datos oficiales de la Seguridad Social del mes de febrero de
2018. El 43,28% percibe por debajo del umbral de la pobreza establecido
en esta zona rica de la Unión Europea (1.033 euros en doce pagas o
885,8 euros en catorce pagas, según los últimos datos dados a conocer
por el Movimiento Social Elkartzen), es decir son 295.232 pensionistas.
Y, en total, el 49,27% de los pensionistas no llega a unos ingresos de
1.100 euros al mes. Es decir, son 336.164 pensionistas, que no llegan a
esa reivindicación que lleva años en nuestras calles de ninguna
pensión por debajo de 1.080 euros, después de estar cotizando por
encima de los 35 ó 40 años.
En el lado contrario, los fondos de pensiones o de entidades de previsión
social voluntaria están creciendo a una velocidad ultrarrápida. Los gobiernos,
encargados de garantizar un sistema público digno de pensiones, están
expandiendo ese temor de que no hay futuro, por lo que los ‘buitres’ acechan
y engordan sus carteras. Es una realidad clara y directa.
En 1990 los fondos de pensiones acumulaban un patrimonio de 3.214
millones, según los datos de la patronal de ese sector (Inverco), pero en el
año 2000 ya sobrepasaban los 37.860 millones y al inicio de la crisis
acumulaban 78.407 millones. AL cierre de 2017 los datos oficiales confirman
que el patrimonio que acumulan llega a los 111.077 millones.
Como se ve en este siglo los fondos de pensiones privados casi han
triplicado su patrimonio y sólo en la crisis han crecido un 41,67%. Es
evidente que las reformas del Gobierno del PSOE, José Luis Rodríguez
Zapatero, y rematada por el actual presidente del Gobierno español, Mariano
Rajoy, del PP, han logrado ese engorde y la avaricia empresarial, porque no
se quedan ahí, sino que los "buitres" quieren apropiarse de un pastel mayor.

En la OCDE, según el último informe sobre pensiones publicado en
diciembre del año pasado, los fondos de pensiones de los países de
economías mas grandes controlan 31,3 billones de euros. Los fondos
privados en el Estado español controlan en torno al 14% del PIB, por debajo
de la mayoría de países de la OCDE.
MAYORÍA FONDOS PENSIONES SON DE LOS BANCOS
La mayoría de los fondos de pensiones en el Estado español son bancos,
que durante la crisis han elevado sus ingresos. El mayor fondo de pensiones
está en manos de Caixabank, que controla 26.133 millones, seguido de
BBVA (22.363 millones), Banco Santander (9.908 millones), Bankia (7.935
millones), Ibercaja (6.363 millones), Mapfre (5.354 millones), Allianz Popular
(4.710 millones), Fonditel (3.863 millones), Banco Sabadell (3.566 millones),
Renta 4 (3.368 millones) y Kutxabank (1.214 millones) y Laboral Kutxa 239,8
millones), según los datos oficiales de Inverco.
La necesidad de una pensión pública y de calidad lleva a pensionistas y al
Pueblo Trabajador a ocupar las calles. Los recortes y cambios en las
pensiones para hacer más difícil el acceso a una pensión digna lleva desde
1985 y la entrada en vigor del Pacto de Toledo, en 1995-1996, tampoco sirvió
para frenar los recortes. Gobiernos del PSOE y del PP han aplicado, sin
rubor, y con el apoyo de CCOO y UGT, en la mayoría de los casos, los
recortes. La marea de pensionistas que se está movilizando en estos
momentos tuvo, sin embargo, en Hego Euskal Herria en 2011 y 2013 un
rechazo a los recortes traducido en sendas huelgas generales, con una
repercusión importante.
Y, en estos momentos, el hartazgo de los pensionistas ha roto la tranquilidad
de quienes nos gobiernan porque solo desde el año 2011 la pérdida del
poder adquisitivo de las pensiones ha sido de un 6,5 % y de continuar con la
mísera subida del 0,25 % hasta el 2022 –como está previsto– la pérdida
puede superar el 12 %. Y en cuanto a las nuevas personas pensionistas,
producto de la ampliación progresiva del cálculo de la base reguladora hasta
los 25 años y la aplicación del factor de sostenibilidad a partir del año 2019 la
merma de sus pensiones aún será mayor.
La disculpa que los gobiernos ponen siempre es que no hay dinero para
garantizar unas pensiones dignas. Sin embargo, no es cierto. La economía
crece al 3% y hay suficiente riqueza, lo que ocurre es que los gobiernos
están legislando para que la élite económica acumule mas beneficios en
contra de un reparto más equitativo. Esta realidad está elevando la
desigualdad social.
HAY DINERO, RIQUEZA, PERO MAL REPARTIDA

En este sentido, la doctora en Economía, Miren Etxezarreta ha explicado
recientemente que eso de no hay dinero "es falso. El dinero que hay en el
país se tiene que repartir entre los que estamos en el país. Si no hay dinero
para las pensiones depende de cómo se reparte. Porque vamos a ver: si se
van a pagar pensiones privadas ¿no es dinero del país también?.
Sostiene que el problema con las pensiones es "una crisis construida, una
crisis elaborada. Tal como la plantean los medios de comunicación sí que es
una crisis, porque la plantean desde una óptica manipulada. Ni es verdad
que no hay dinero, ni es verdad que hay demasiada gente, porque entonces
quiere decir que nos aconsejan lo que dijo el ministro japonés: que nos
muramos antes. Que por lo menos tengan el valor de decirlo. Un dato global
que aporta Etxezarreta es que "si resulta que España, a pesar de las crisis,
tiene ahora el doble de producción o más que el año 1977, y la población no
ha aumentado más que un 25% ¿por qué no hay dinero? Lo que tendríamos
que preguntarnos es dónde está el dinero.
Ya en 2011 ante la huelga que la mayoría sindical vasca convocó contra la
reforma del Gobierno de Rodriguez Zapatero,Miren Etxezarreta señaló que la
patronal del sector Inverco precisaba que, "para obtener una pensión de 898
euros al mes después de 35 años de cotización, tendrías que tener 225.000
euros acumulados y para tener una pensión de 2.400 euros, que es la
máxima de la Seguridad Social, tendrías que tener acumulados 751.265
euros. Y, por supuesto, no está asegurado.
Partidaria del sistema a público porque "las cotizaciones sociales te
aseguran la pensión, pero estos fondos privados no, porque los privados
pierden. Está claro, nos quieren llevar a la ruina, a adelgazar el Estado de
Bienestar para que se quede en un mero Estado Asistencial. El que más
tiene siempre es la banca y el sistema financiero. Según Ignacio Zubiri, un
economista ortodoxo que ha estudiado este tema, el coste de las comisiones
es el 37% de la pensión en 35 años, porque te cobran más de un 1% en
comisiones. Una tercera parte de lo que aportas al sistema se va en
comisiones para los bancos y las entidades. Es un coste altísimo dijo.
A esta situación que describe la doctora en Economía, hay que añadir que
com la reforma en 2013 de Mariano Rajoy los empleos son cada vez más
precarios y las cotizaciones han caído de forma alarma te, tanto que el
Gobierno del PP ha descapitalizado el Fondo de Reserva de las Pensiones,
que si en 2008 contaba con un remanente de 57.158 millones, y llegó al
máximo en 2011 con 66.815 millones, en 2017 cerró con 8.095 millones, pero
no se agotó porque el Gobierno español ha tenido que ofrecer dos créditods,
en dos ocasiones, para pagar las pagas extraordinarias a los pensionistas.

De hecho, La Comisión Europea reconoce que las reformas de las pensiones
de 2011 y 2013 han supuesto un recorte del gasto en pensiones valorado en
25.000 millones, lo que supone -también según la Comisión- un efecto
negativo en los estándares de vida de la población mayor, es decir, un
empobrecimiento generalizado". Sin embargo, insiste en la necesidad de
recortar el gasto, lo que es incompatible con garantizar una pensión digna.
Ls reformas de la Seguridad Social española son muchas. EL objetivo
siempre ha sido el mismo recortar las pensiones y hacer más difícil el acceso
a las mismas. Se nos hizo creer que con el Pacto de Toledo se solucionaba
el problema, pero no fue así. Porque ese acuerdo, logrado con los sindicatos
españoles, situaba su fuente de ingresos en las cotizaciones sociales, de los
sueldos de los trabajadores. De hecho mas del 85% de los ingresos de la
Seguridad Social llevan por esa vía, pero el problema es que en la actualidad
no sólo es que haya menos trabajadores cotizando, sino que una parte
importante de las cotizaciones son muy bajas o inexistentes por la
precariedad laboral. Además las dos últimas reformas elevando la edad de
jubilación han provocado la salida del mercado laboral de forma precipitada
de muchos trabajadores, lo que ha elevado el coste de las mismas, que al
año tienen 122.174 millones al año.
CRONOLOGIA REFORMAS DE PENSIONES-SEGURIDAD SOCIAL
LA primera reforma de calado del sistema de pensiones español se realizó
en 1985, al aumentarse el período mínimo de cotización de diez a quince
años y el número de años utilizados para el cómputo de la base reguladora
desde dos años hasta los ocho previos a la jubilación. A pesar de la misma,
se mantuvo el incremento del número de pensiones y de la cuantía de la
pensión media. Entre 1980 y 1995 el gasto en pensiones contributivas pasó
del 5,6% del PIB al 8,4% y la relación afiliados/pensionistas disminuyó desde
2,7 hasta 2,1. En la actualidad se mantiene ese porcentaje y el gasto se
encuentra en el 12% del PIB, aunque las proyecciones del Banco de España
señalan "con toda la prudencia" que en 2060 el gasto será inferior al 11%.
Aunque admite que las últimas reformas reducirán en un tercio, por lo
menos, la pensión real de cada pensionista.
Despuės de 1985 siguieron otras reformas. En 1995-96 llegó el Pacto de
Toledo. Sus quince recomendaciones constituyeron la base del acuerdo
alcanzado el 9 de octubre de 1996, como explica el Banco de España, entre
el Gobierno y los dos sindicatos mayoritarios, que se denominó Acuerdo
sobre Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social. Este
acuerdo fue, posteriormente, plasmado en la Ley de Consolidación y
Racionalización del Sistema de Seguridad Social, aprobada por el Congreso
el 15 de julio de 1997.

De entre las modificaciones que introdujo en el sistema cabe destacar el
aumento de 8 a 15 del número de años aplicados al cálculo de la base
reguladora de la pensión, la revalorización de las pensiones según la
evolución prevista para el IPC y su revisión en función de las divergencias
con el aumento del IPC observado en noviembre, y la creación de un fondo
de reserva.
Otra llegó el 9 de abril de 2001, el Gobierno español y CCOO, CEOE y
Cepyme firmaron un Acuerdo para la Mejora y el Desarrollo del Sistema de
Protección Social, que se concretó con posterioridad en la aprobación de la
ley 35/2002, de 12 de julio, por la que, entre otras modificaciones, se
incentiva la jubilación más allá de los 65 años y se permite la jubilación
anticipada, a partir de los sesenta y un años, a los trabajadores afiliados a la
Seguridad Social con posterioridad a 1 de enero de 1967, con determinados
requisitos.

El Pacto de Toledo limitó su vigencia a cinco años, estableciéndose que a
partir del año 2000 debía procederse a su revisión. Como resultado de esta
revisión, el 2 octubre de 2003 fue aprobado por el Pleno del Congreso de los
Diputados el Informe elaborado por la Comisión no permanente para la
valoración de los resultados obtenidos por la aplicación de las
recomendaciones del Pacto de Toledo. Tomando como referencia las
prioridades marcadas por el Pacto de Toledo en su renovación parlamentaria,
el 13 de julio de 2006 se firmó el Acuerdo sobre Medidas en materia de
Seguridad Social, entre el Gobierno, UGT,CCOO, CEO y Cepyme que se
plasmó quedó en la Ley 40/2007.
Las principales modificaciones introducidas fueron el cómputo de los días
efectivos de cotización para el cálculo de la pensión, en lugar de los
correspondientes a las pagas extraordinarias, con el fin de aumentar el
numero de años efectivos de cotización para el cálculo de la pensión hasta
15 años; el aumento de la edad límite para la jubilación parcial hasta los 61
años, condicionando esta a que el trabajador tenga al menos 6 años de
antigüedad en la empresa y pueda acreditar un período de cotización de 30
años; y la racionalización de los criterios para acceder a las pensiones de
incapacidad.
En 2011 el sistema público de pensiones empezó a gastar más de lo que
ingresaba, pero los problemas comenzaron antes. El Gobierno español de
Zapatero congeló las pensiones incumpliendo el compromiso de subir el IPC,
aunque elevó las mínimas un uno por ciento y reformó el sistema de
pensiones para aumentar la edad de jubilación de 65 a 67 años.
Y en 2013 llegó el cambio impulsado por el Gobierno del PP, que
básicamente introdujo dos novedades. Primero cambió la forma de
revalorizar las pensiones. Se pasó de subir anualmente el IPC a subir un

0,25% mientras el sistema estuviera en déficit. La segunda gran novedad fue
la introducción del conocido como "factor de sostenibilidad". Se aplicará a
partir del año que viene, en 2019, e implica tener en cuenta la esperanza de
vida de los nuevos jubilados. Los futuros pensionistas vivirán más años, sus
derechos cotizados durante la etapa activa deberán repartirse durante más
tiempo, por tanto, aunque de manera global recibirán una cantidad
equivalente a los jubilados actuales, la cuantía mensual será más reducida.
Es decir, se cobrará menos al mes pero durante más tiempo. "Por poner un
ejemplo. Un trabajador que se jubilara este año y cobrara una pensión de
1.000 euros; si lo hiciera en 2019 cobraría 995.
SISTEMA PÚBLICO VASCO
Por último, la necesidad de crear un sistema público de pensiones vasco.
Sería la mejor salida, si se evitase caer en los mismos problemas del sistema
español. Porque quienes nos gobiernan apuestan por un sistema compartido
con las entidades de previsión social voluntaria, para complementar las
pensiones públicas, pero es cierto que ese sistema está subvencionado y
quienes más aportan, para que les desgrave o le sirva para deducir en la
declaración de la renta (IRPF) son los que más recursos tienen.
Hay un antecedente porque los pensionistas vascos presentaron sendas
iniciativas legislativas populares (ILP) en el Parlamento de Gasteiz y en el de
Iruñea. En Gasteiz entregaron 71.723 firmas para equiparar las pensiones a
1.080 euros, pero PNV,PSE y PP rechazaron la iniciativa, y en Nafarroa se
logró una aportación para las más bajas.

Juanjo Basterra

 



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