IRITZIA: «Pisando barro»

«El dumping social y la caja única de la Seguridad Social»

La marea de pensionistas en las calles eleva la presión social y muestra
que la lucha es necesaria para tener futuro. La pensión debe ser
pública, porque es la única manera para que la gran mayoría de la
población tenga garantizada una cuando llegue la edad de jubilación;
digna, es decir nunca debe estar por debajo del umbral de la pobreza y,
por lo tanto, hasta no mejorarla no sirven subidas similares de la
inflación; y, a la vez, debe ser gestionada aquí en Euskal Herria. Se
puede, si se quiere. Y, sin duda, la edad de jubilación debe volver a los
65 años, precisamente para activar el sistema y permitir las nuevas
incorporaciones al trabajo.
A la par, se deben modificar y derogar las reglas desiguales instauradas en el
mercado laboral con las últimas reformas laborales llevadas a cabo por el
Gobierno español, tanto por el PSOE como el PP, sobre todo la que llevó
adelante Mariano Rajoy, que desde 2013 situó todo el poder en quienes más
tienen: la élite económica, que no ha sufrido durante la crisis económica, sino
que ha ganado más a cuenta de explotar al Pueblo Trabajador.
El estallido social ha sido un revulsivo para el conjunto, pero no debemos
olvidar que en Hego Euskal Herria ya se realizaron dos huelgas generales
contra las pensiones en el 2011 y en el 2013, contra la reforma del Gobierno
de Rodríguez Zapatero (PSOE) y contra la del Gobierno de Rajoy. Casi todas
las reformas de la Seguridad Social que se han realizado desde 1985 en el
Estado español han tenido los mismos protagonistas: gobiernos, sean del
PSOE o el PP, los empresarios y los dos sindicatos mayoritarios del Estado
español. Ellos nos han llevado al desastre para favorecer a la élite
económica. Por cierto, con la aquiescencia de los gobiernos del PNV y los
sucesivos de Nafarroa.
Hoy es más necesario que nunca contar en Euskal Herria con un sistema
propio de protección social. En este momento, las pensiones suponen un
11,41% del PIB de Hego Euskal Herria, según los datos cerrados de 2016, y
hay un déficit de unos 2.500 millones entre las cotizaciones y las
prestaciones. En el Estado español el déficit ronda los 10.000 millones. La
razón del déficit se encuentra en la falta de creación de empleo de calidad y
por la permisividad que tienen los empresarios para hacer contratos
superprecarios que no cotizan. Por eso, el sistema vasco debe cambiar, no

se puede dejar el futuro solo en las cotizaciones para las pensiones, sino que
deberán obtenerse recursos de otras fuentes de ingresos: eliminando el
fraude fiscal, estableciendo una presión fiscal similar a la media europea y
estableciendo una fiscalidad acorde con la máxima de que quien más tiene,
más paga, pero de verdad.
Es cierto que cada vez que sale esta reivindicación algunos dicen que no
puede ser porque se rompería la caja única de la Seguridad Social. La
realidad es que estaba rota antes de empezar. El Pacto de Toledo, acordado
por el Gobierno español, las patronales y los sindicatos mayoritarios del
Estado español, fijó esa ruptura, porque son las cotizaciones sociales
logradas con el sudor y la sangre de los trabajadores las que alimentan el
sistema de pensiones. A menor sueldo, menor cotización y, a la vez, más
beneficios para los empresarios. Todo avalado por las reformas que hacen
los gobiernos.
En el Estado español se produce un dumping social del que solo la élite saca
tajada. En Hego Euskal Herria las pensiones son más elevadas, sí, pero las
cotizaciones de los vascos están por encima que el resto.
En los diez últimos años las sociedades no financieras del Estado español
obtuvieron beneficios empresariales un 30% superiores sobre los diez años
anteriores de crecimiento económico desbocado. Según el Banco de
España, entre 2007 a 2016, (último dato oficial cerrado) las empresas no
financieras obtuvieron unos resultados acumulados antes de impuestos de
756.081 millones. Hay que añadir 43.480 millones más de beneficios de
2017, un 15,41% más que un año antes, y sólo de las empresas del Ibex 35.
Una década de oro para algunos, que repartieron en ese tiempo 464.503
millones en dividendos, pero en ese plazo las empresas pagaron en
impuestos sobre beneficios un total de 53.761 millones, un 7,1%, casi cuatro
veces menos que lo que marca la legislación sobre Impuesto de Sociedades
Y, sin embargo, el 43,28% de los pensionistas cobran por debajo del umbral
de la pobreza establecido en esta zona rica de la Unión Europea (1.033
euros en doce pagas o 885,8 euros en catorce pagas, según los últimos
datos dados a conocer por el Movimiento Social Elkartzen), es decir son
295.232 pensionistas. Y, en total, el 49,27% de los pensionistas no llega a
unos ingresos de 1.100 euros al mes. Es decir, son 336.164 pensionistas.
Por eso, no basta -como están ofreciendo algunos en estos momentos- con
subir el IPC, porque las pensiones de miseria que muchas personas cobran,
seguirían prácticamente igual. Las pensiones deben ser dignas y deben
permitir que quienes han contribuido con sus cotizaciones durante años
logren una jubilación tranquila y adecuada, lejos de las pretensiones de los

sistemas privados de pensiones que solo buscan enriquecer a quienes más
tienen.
¿Cuánto tienes que tener para que te den una pensión privada similar a la
pública? La patronal del sector Inverco indica que, para obtener una pensión
de 898 euros al mes después de 35 años de cotización, tendrías que tener
225.000 euros acumulados y para tener una pensión de 2.500 euros, que es
la máxima de la Seguridad Social, tendrías que tener acumulados más de
750.000 euros. Y, por supuesto, no está asegurado. Las cotizaciones
sociales te aseguran la pensión, pero estos fondos privados no, porque los
privados pierden. Debemos el coste de las comisiones es el 37% de la
pensión en 35 años, porque te cobran más de un 1% en comisiones. Una
tercera parte de lo que aportas al sistema se va en comisiones para los
bancos y las entidades. Es un coste altísimo
La lucha de las mujeres, la de los pensionistas y….la de los jóvenes debe
saltar a la calle, porque, sin entrar en muchos detalles, éstos son los
depositarios de los contratos temporales y quien tiene uno de ellos percibe,
de media, un 33,4% menos, es decir que esa cantidad se la embolsa un
empresario que tiene en bandeja una legislación hecha a su medida para
llenarse los bolsillos.

Juanjo Basterra