PORTADA 7

Una sentencia condena a l@s vecin@s de Berriz por las irregularidades cometidas por la sociedad municipal Susa S.A. y que costarán 1,8 millones de euros a la localidad “más los intereses”. La cantidad ha de ser abonada por el Ayuntamiento a la empresa Jauregizar, tras darle la razón una sentencia judicial que dictamina que debía haber sido la adjudicataria de una construcción en el 2003.

Hace 10 años que el Tribunal de Cuentas advirtió de las irregularidades… ¿Nadie lo veía venir?

Estos son los ANTECEDENTES:

CONCLUSIONES (Informe del TCPV – 2006)

De la revisión de la contratación y enajenación de las inversiones realizadas por el Ayuntamiento y SUSA en el periodo 2002-2004, destacamos los siguientes aspectos.
1. SUSA ha adjudicado de forma directa todas las asistencias técnicas sujetas a los principios generales de la contratación administrativa para la elaboración de estudios básicos, proyectos de ejecución, direcciones de obra y estudios básicos de seguridad y salud, de inversiones ejecutadas durante el periodo analizado, por importe de 1,3 millones de euros, incumpliendo los principios de publicidad y concurrencia. (Expedientes 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 y 18).
En estas actuaciones es de destacar:
• Los estudios básicos y proyectos de ejecución y dirección de obra se han contratado, por un importe total de 984.000 euros, con una sociedad en la que uno de los administradores mantiene una relación de servicios con el propio Ayuntamiento, en virtud del cual, ejerce sus funciones asesorando tanto al Ayuntamiento como a la propia sociedad, en cuestiones urbanísticas y en las licitaciones de los diferentes contratos relacionados con las inversiones y actuaciones urbanísticas del Ayuntamiento y la sociedad, formando además parte de la mesa de contratación. Aunque el contrato prevé retribuciones adicionales a la labor de asesoramiento, existe una incompatibilidad funcional entre las labores de asesoramiento realizadas en la adjudicación de los contratos relacionados con las inversiones e intervenciones urbanísticas del ayuntamiento y la sociedad, y la adjudicación de todas las asistencias técnicas relacionadas con los proyectos y direcciones de obra de ambas entidades.
Por otra parte, la contratación del asesoramiento urbanístico por el Ayuntamiento fue aprobada por el Pleno de 25 de febrero de 1988, prorrogándose anualmente hasta el momento de emisión de este informe. Durante 2004, las obligaciones registradas por este concepto han ascendido a 36.000 euros. La duración acumulada del contrato no tiene encaje en ninguno de los plazos de ejecución que para este tipo de contrato se establece en el TRLCAP (artículo 198.1), por lo que su contratación en el periodo analizado se ha realizado incumpliendo los principios de publicidad y concurrencia (expediente 7).
A la fecha de este informe, el contrato de servicios de asesoramiento urbanístico, ha sido resuelto mediante decreto de alcaldía, y notificado al interesado con fecha 9 de diciembre de 2006 (ver Alegaciones).
• Respecto a las direcciones de la ejecución material y estudios básicos de seguridad y salud se ha verificado que uno de los que ha resultado adjudicatario por un importe de 156.000 euros es funcionario municipal, incurriendo en incompatibilidades según lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 53/84 de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas. 27
2. En un contrato de obra adjudicado por el Ayuntamiento por importe de 128.000 euros, la liquidación final resulta superior en un 18,75% al importe de adjudicación sin que conste la aprobación del correspondiente modificado por el órgano de contratación contraviniendo el artículo 146 del TRLCAP (expediente 1).
3. El Consejo de Administración de SUSA de fecha 3 de octubre de 2002 aprueba la compra de las acciones de la sociedad Berriz, S.A. por importe de 1,7 millones de euros. No consta en el expediente tasación alguna que soporte la razonabilidad del importe abonado.
4. En el ejercicio 2003 el Ayuntamiento concede a SUSA en concepto de anticipo para la compra de la sociedad Berriz, S.A. (propietaria del Palacio de la Marquesa), un importe de 500.000 euros. No consta en el Ayuntamiento acuerdo alguno ni de concesión ni de devolución del mismo.
5. A la fecha de realización de este informe existe una incertidumbre debido a que se encuentra pendiente de sentencia un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, impugnando la adjudicación realizada por SUSA, de fecha 11 de diciembre de 2003 y por un importe de 3,2 millones de euros, de la enajenación de la parcela SAPUR-4, interpuesto por uno de los licitadores que acudieron al concurso.

-BERRIZ pagó 948.000 € por obras (2002-2004) a una empresa del arquitecto municipal. El informe vio “INCOMPATIBILIDAD FUNCIONAL” entre las laboras de asesoramiento y la adjudicación de los contratos.

-Reprocha además el encargo de estudios por 156.00 € al aparejador municipal.

-El informe se centra en la sociedad municipal SUSA, creada en 1998 para la gestión urbanística, y destaca las irregularidades en la adjudicación de las asistencias técnica, como los estudios, proyectos y direcciones de obras.

-El informe selñala que en los 11 expedientes hubo ADJUDICACIONES A DEDO, lo que supuso el pago de 1,3 millones, “INCUMPLIENDO LOS PRINCIPIOS DE PUBLICIDAD Y CONCURRENCIA”.

-Irregularidades en el contrato del Arquitecto municipal, aprobado en 1988, que desde entonces se ha ido prorrogando anualmente con retribuciones en torno a los 36.000€ anuales. Afirma que esa “duración acumulada” del contrato “no tiene encaje” en lo establecido por la normativa de las administraciones locales.

 

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…y estas son las CONSECUENCIAS:

(Texto elaborado por EHBILDU Berriz – “Libro Negro de Berriz”)

Para contar esta historia nos tenemos que remontar hasta los últimos años del siglo pasado. En esa época se crea en Berriz la Sociedad Urbanistica SUSA S.A., una sociedad pública cuyo objetivo es la promoción inmobiliaria pública. Esta labor la podía seguir llevando a cabo el mismo ayuntamiento, pero las condiciones que se le ponen a una sociedad, aún siendo pública, son más laxas que las que debe cumplir un ayuntamiento, por lo que esta “agilidad” es la razón principal que se esgrime para su creación. Tenemos que decir que la izquierda abertzale de Berriz no vio con buenos ojos en ningún momento la creación de esta sociedad. De hecho denunciamos en 2006 las irregularidades que recogia el informe del Tribunal Vasco de Cuentas e intentamos la disolución de SUSA en el año 2008, pero no fue posible por el cambio en el voto de el concejal del PSE-EE en el último momento. En sus primeros años, se llevan a cabo varias obras en el municipio, por ejemplo la urbanización de Errotatxu, la remodelación del Frontón y la Plaza Urtiaga. Y más tarde también la remodelación del Palacio de la Marquesa y la construcción de la Casa de Cultura. Pero la forma de trabajar de la sociedad, y en especial sus adjudicaciones, fueron motivo de denuncia por parte del Tribunal Vasco de Cuentas en su informe del 2006 anteriormente citado. En ese informe se ponen de maniesto adjudicaciones directas (“a dedo”) de todas las asistencias tecnicas y sobrecostes no justicados en algunas obras. También se menciona que hay un proceso judicial abierto, en torno a la adjudicación de las casas tasadas y libres de la calle Margarita Maturana, y que crea “incertidumbre” (sic) en lo que respecta a la sociedad.
Esa adjudicación es la que nos ocupa en esta historia. Se adjudican ilegalmente las obras para hacer las casas mencionadas anteriormente el 11 de Diciembre de 2003, a la constructora ABAROA S.A., por valor de 3,2 millones de euros. En el consejo que toma la decisión hay tres consejer@s de EAJ-PNV, uno de PSE-EE y uno del PP. En la junta, que se compone de tod@s los concejales de esa legislatura, también estaban representados esos mismos partidos y ninguno más, ya que la izquierda abertzale había sido ilegalizada. Es por eso que en la legislatura 2003-2007 fue alcaldesa y por lo tanto presidenta de SUSA, Rosa Mª Ostogain Etxebarria con mayoría absoluta y eran parte de la corporación, y en consecuencia integrantes de la junta de SUSA ,el actual alcalde Roland Isoird Refoyo y el hoy en día concejal de EAJ-PNV Alex Perez de San Román Miño. Contra esta adjudicación interpuso una reclamación otra empresa constructora que también competía por aquel contrato, JAUREGUIZAR S.A. Aquella reclamación fue rechazada por el consejo de SUSA, basándose en sendos informes del arquitecto municipal y del asesor legal del ayuntamiento (que siguen ejerciendo su papel en el ayuntamiento a día de hoy), el 9 de Febrero de 2004. En ese momento JAUREGUIZAR S.A. decide llevar el caso al Tribunal Contencioso Administrativo, que es donde estaba cuando el Tribunal Vasco de Cuentas emite su informe en 2006. De hecho no es hasta el 10 de Septiembre de 2010 cuándo se emite la sentencia rme que da la razón a JAUREGUIZAR S.A. y que viene a decir que tenía que haber sido la adjudicataria de aquel contrato de 3,2 millones de euros. La irregularidad principal en la que se basa la sentencia, aunque también admite otras, es que al faltar documentación por parte de ABAROA S.A. en el momento de abrir los sobres de las ofertas esta empresa debería de haber sido apartada de la licitación en ese momento. Y no sólo no fué apartada, sino que se le admitió la entrega de dicha documentación fuera de plazo para que siguiera en ella.
Además la sentencia no condena a SUSA, condena al ayuntamiento de Berriz, por ser el propietario de el 100% de las acciones de la sociedad y por lo tanto responsable subsidiario de las decisiones tomadas en SUSA. Esto es, no se condena a aquellas personas que tomaron aquellas dos decisiones a nales de 2003 y principios de 2004, sino que se condena a pagar a toda la ciudadanía de Berriz por los daños y perjuicios que ocasionaron aquellas decisiones a la empresa JAUREGUIZAR. ¿Y por cuanto nos va a salir la broma? Pues, según la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Bilbao publicada en Abril de 2016, Berriz debe pagar 1.823.584,03€ en concepto de “daños y perjuicios irrogados”.
Eso supone el 40% de todo el presupuesto anual del ayuntamiento de Berriz, cuatro veces el presupuesto de el área de Bienestar social de Berriz, trece veces el dinero que se destina a los presupuestos participativos…. A esto habria que añadirles los 23.057,19€ que ya se pagaron el 1 de Octubre de 2014 en concepto de costas del proceso judicial, que en total es 1.846.584,03€ + intereses. Preparad el bolsillo, porque nos sale a pagar a 377,08 euros + intereses por berriztarra, independientemente de la edad, género, liación política o demás características que se os ocurran. SUSA no ha vuelto a ejecutar una obra desde 2005, pero continua existiendo y acumulando gastos por la gestión de una sociedad que no tiene actividad desde hace más de diez años. Fin de la historia de los 1.823.526,84€

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El Congreso español tiene la última palabra en los próximos meses

Décadas de reivindicación y de lucha constante. Muchos han quedado en el camino. Otros mantienen encendida la llama que, en sí, es una victoria frente a quienes buscaron y buscan desprestigiarles por hacer frente al poder de las empresas, mutuas y administraciones públicas que no pusieron medidas de protección para prevenir que las fibras del mineral asesino del amianto se alojará en sus cuerpos.

Están en pie, aunque a alguno le cueste por el cáncer que le va comiendo por dentro, o porque recuerda al marido, al padre, a la madre, o a su amigo o compañero de curro que ya no están físicamente junto a ellos.

Sí, vidas destruidas por la avaricia empresarial y el silencio de quienes deberían defendernos: la administración, inspectores y médicos. Hoy han conseguido una primera victoria, un paso muy importante. El Parlamento de Gasteiz por unanimidad, después de unos cuantos años desde el inicio de la ponencia, ha elaborado una proposición de ley para la creación de un FONDO DE COMPENSACIÓN DEL AMIANTO. No arreglará sus vidas, pero a muchos les hará transitar por ésta de una manera más fácil o, por lo menos, sin tantos obstáculos.

La Cámara vasca se convierte así en el primer parlamento autonómico que reclama la creación de un fondo de compensación estatal para víctimas del amianto. No hay que cantar victoria, de todas formas, porque todavía debe ser ratificada y aprobada.

La pregunta que muchos se la estarán haciendo es  ¿qué van a hacer sus señorías del Congreso y Senado cuando llegue esa proposición de ley? ¿Van a adoptarla, y evitar un doble o triple sufrimiento a los afectados del amianto y a sus familias? Creo que es hora de que lo digan, más en este momento electoral.

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De momento en el Parlamento de Gasteiz han dado luz verde al fondo.Todos los grupos del Parlamento vasco PNV, EH Bildu, PSE, PP y UPyD han reclamado este jueves la creación por Ley de un fondo de compensación estatal para víctimas del amianto. La Cámara vasca llevará al Congreso de los diputados esta proposición de Ley que busca poner en marcha en el Estado español un fondo de compensación como los existentes en Francia, Holanda o Bélgica.

El texto aprobado recuerda que en el pasado siglo XX se importaron unas 2.600.000 toneladas de amianto que se utilizaron principalmente entre los años 70 y 80 para la fabricación de fibrocemento en la construcción. Pero, hasta  el año 2002 no se ilegalizó este mineral cancerígeno en el Estado español, a pesar de que se conocían los efectos negativos para la salud a comienzos del siglo pasado y en la década de los 40 se constató su alta peligrosidad.

Todavía hay amianto en muchas fábricas, hospitales, edificios de viviendas, en bancos, en las pizarras de colegios, etc.

La proposición de Ley afirma que entre los años 2003 y 2009 se calcula que podrían haberse producido 7.154 casos que han derivado en una gran cantidad de litigios. “Ello hace necesaria la creación de un fondo de compensación sin culpa”, subraya.

Tras la aprobación de la proposición de ley, el portavoz de ASVIAMIE, Jon García, ha calificado este día como “histórico” porque “es la primera vez que un parlamento se hace eco de nuestras reivindicaciones, lejanas en el tiempo, y sale al paso de la vergüenza que supone que en el Estado español, cuando en el resto de países de Europa se ha puesto fondos de compensación en marcha, todavía no se hayan eco de esta reivindicación”.

García ha insistido en que “esperamos que se tome nota en Madrid de que es necesario cuanto antes salir al paso de esta injusticia que supone que haya miles de personas fallecidas a las que no se les ha hecho ningún tipo de reconocimiento”.

Durante el debate, el parlamentario de PNV, Jon Aiartza ha comenzado su intervención recordando el caso de un jubilado afectado por amianto que tiene la sospecha de que su mujer pudiera también enferma por lavar su ropa de trabajo. Ha recordado los largos procesos judiciales a los que se enfrentan las víctimas de este mineral y ve necesario “corregir” esta situación y “hacer los deberes que el Estado, de manera incomprensible no ha hecho”. “Muchos afectados no consiguen ver vivos el final de este largo proceso judicial”, ha indicado antes de señalar que las víctimas y sus familias “merecen paz y no guerra” en los Tribunales.  Aunque el PNV podría haber actuado mucho antes, una vez vistas esas declaraciones, que parecían mirar más a los votos de las próximas elecciones que a un supuesto bienestar de los afectados por el mineral cancerígeno.

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Desde EH Bildu, Eva Blanco ha lamentado que los afectados por este “asesino silencioso” no han tenido “ni respuesta, indemnización ni reconocimiento” y cree que con este fondo aunque no se resolverá la situación “se aliviará”. Además, ha agradecido a los afectados, especialmente la “paciencia, perseverancia y comprensión” que han tenido con los partidos políticos. “Hoy queremos ser altavoz de los afectados”, ha insistido.

El parlamentario del PSE Bixen Itxaso ha expresado su “satisfacción” por el trabajo realizado y espera que en el Congreso este texto “sea acogido con el interés que merece” y termine consiguiendo un texto que “nos homologue” con el resto de países que cuentan con un fondo de esta naturaleza.

Por último, la parlamentaria del PP María Carmen López de Ocariz ha defendido que contar con un fondo de ámbito europeo sería “lo ideal”, pero cree que es necesario ir “paso a paso” y ha puesto en valor que se estén dando “pasos firmes”, aunque no sabe si se están haciendo “con la celeridad necesaria”.

Juanjo Basterra

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En el pleno celebrado en Sopela el día 28 de abril se aprobó la propuesta de clasificación y adjudicación de la empresa de jardinería que de ahora en adelante se encargará de dichos servicios en el municipio.

La propuesta formulada por la mesa de contratación fue a favor de la empresa VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A., empresa integrada en el grupo SACYR, que tiene presencia en los cinco continentes contando en la actualidad con más de 51.000 millones de euros en su cartera de negocios y que posee una participación de referencia en el Grupo Repsol, siendo el principal accionista de la petrolera. Dentro del Grupo Sacyr, VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, es la cabecera del Área de Medio Ambiente.
La propuesta salió adelante con los votos favorables de PNV y PSE (8 votos). EHBildu y Orain Sopela votaron en contra (7 votos) y DB-TU se abstuvo, lo que posibilitó que la propuesta fuese aprobada, ya que sus dos votos eran decisivos para rechazar la propuesta. PNV y PSE se limitaron a argumentar que la propuesta contaba con el visto bueno de los servicios técnicos del ayuntamiento y que por tanto “aceptaban” lo que decían los técnicos.

De esta manera el Ayuntamiento de Sopela, prescinde de una pequeña empresa del pueblo, LAUBIDE, con 9 trabajadores, cinco contratados y cuatro cooperativistas para contratar a una empresa integrada en una multinacional.

La empresa Valoriza, plantea una reducción de puestos de trabajo en Sopela, de 9 personas que trabajan en la actualidad en jardinería solo mantendrán en su puesto a 5, dándose el dato surrealista que con las nuevas zonas de desarrollo del municipio, de ahora en adelante habrá más zonas de cuidado y mantenimiento de jardinería.

Además la empresa hizo una propuesta económica a la baja,  de un 47% de bajada sobre la oferta económica de licitación, lo que implica en términos técnicos un “valor de temeridad” de 3,27%. (baja temeraria) La arquitecta técnica municipal realizó un informe el 2 de marzo donde se estimaba que la oferta de la empresa Valoriza contenían valores presuntamente anormales o desproporcionados:

“Atendiendo al pliego de clausulas administrativas particulares del contrato de jardines y caminos públicos del muncipio de Sopela, en su punto G, vistos las ofertas realizadas por las diferentes empresas y aplicado el 20% a su media aritmética, se estima que la empresa VALORIZA contiene valores presuntamente anormales o desproporcionados”

En respuesta a este informe la empresa VALORIZA emitió un informe justificando la baja anormal de su oferta, argumentando que poseen condiciones “excepcionalmente” favorables en cuanto ahorro en: compras, alquiler de vehículos y maquinaria, elementos vegetales…). Esta argumentación fue suficiente para que PNV y PSOE aceptaran la oferta de 489.618 € , sobre 880.00€ del precio de licitación, dejando paso a menos trabajadores, a que todos los suministros estén fuera del control municipal y a “tragar” con una propuesta económica de elevado riesgo.

VALORIZA (SACYR) y Paraisos Fiscales

Se da la circunstancia que la empresa VALORIZA , integrada en SACYR, una de las principales empresas contratistas de servicios de gestión de residuos con las administraciones públicas en el Estado español entre 2010 y 2014, figura en Paraisos Fiscales, tal y como indicamos en esta noticia:

https://elperiodistacanalla.net/2016/05/11/aumentan-en-un-10-las-filiales-de-empresas-del-ibex-en-paraisos-fiscales/

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En este listado aparecen empresas como FCC, Cespa, Urbaser… que aparecen en las adjudicaciones de limpieza y recogida de residuos de la mayoría de los Ayuntamientos gobernados por PNV, PSOE y PP en la CAV, y con las que han existido numerosos conflictos laborales y quejas ciudadanas.

La compañía Urbaser, una participada del Grupo ACS, que preside Florentino Pérez, pasó a controlar el año pasado (ENERO 2015), la división de Servicios y Medio Ambiente de la empresa bilbaina Inbisa. El acuerdo contemplaba el traspaso del cien por cien del negocio de Inbisa Servicios y de todo el personal, tanto empleados como directivos, a Urbaser. El Grupo Inmobiliario Inbisa, nacido en 1995, se hizo con el control de Usyma, la división de servicios de la antigua Urazca dedicada a limpieza viaria urbana, recogida de residuos, mantenimiento, jardinería etc, con motivo de la crisis de la compañía vizcaina en el año 2010. Dicha división contaba con más de 600 empleados y aportaba un negocio consolidado de más de 20 millones de euros de facturación anual. El negocio de limpieza urbana es un sector intensivo en mano de obra en el que los gastos de personal pueden alcanzar el 70% de los contratos con las administraciones.

Inbisa Servicios y medio Ambiente ha sido adjudicataria, entre otros, de los servicios de pre-recogida, recogida y transporte de los residuos generados en las mancomunidades vizcainas de Lea Artibai, del Txorierri, de las playas de Getxo, de la limpieza de los edificios del Puerto de Bilbao etc.

MULTA POR REPARTIRSE CONTRATOS

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso en enero de 2015, una multa total de 98,2 millones de euros a ACS, FCC, Ferrovial, Sacyr, a otras treinta empresas y a tres asociaciones por mantener durante al menos trece años un cártel en el sector de la prestación de servicios públicos urbanos que afectó a todo el Estado español. Curiosamente, las mismas empresas que aparecen en el cuadro anterior con filiales en Paraisos Fiscales.

 

 

 

 

pensionistas

-Proposición de Ley de EH BILDU en el Parlamento Vasco para que ninguna pensión sea inferior a 1.080 euros

-Más de 54% de los pensionistas cobra menos de 1.000 euros al mes después de cotizar entre 35 y 43 años.

-Las reformas del Gobierno del PP han esquilmado las pensiones públicas por distintas vías.

Las pensiones deben ser públicas, se pueden garantizar si no se impulsan las pensiones privadas, si se realizan contratos de trabajo dignos y con salarios dignos y, a la vez, si están ligadas a las arcas públicas, no sólo a los ingresos que provengan de las cotizaciones de trabajadores y empresarios, porque en el caso actual la irrupción de la precariedad está hundiendo el sistema público. Y, por supuesto, un sistema vasco de pensiones es viable, atendiendo a estos criterios, incluso añadiendo otros, sin duda, donde el que más tiene debería de cotizar de forma proporcional.

 

PENSIONES DIGNAS EN CUATRO AÑOS.

EH Bildu ha presentado en el Parlamento de Gasteiz su propuesta de ley para garantizar pensiones dignas en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, que no estén por debajo de los 1.080 euros. El jueves 5 de mayo el Pleno del Parlamento de Gasteiz deberá decidir si se admite a trámite esa mejora para miles de pensionistas vascos con salarios mensuales de miseria. La reivindicación del mantenimiento del sistema público de pensiones, dignas y en Euskal Herria cobra fuerza ante el caos que el Gobierno del PP ha generado para apoyar a los bancos y fondos de pensiones privados.

La iniciativa de EH BILDU coincide con la petición que las diferentes plataformas de pensionistas han puesto encima de la mesa. PNV, PP y PSE ya rechazaron en diciembre el inicio de una iniciativa legislativa popular que los pensionistas propusieron? Después EH Bildu tomó el relevo en la reivindicación con la propuesta de ley en el que “el camino que perseguimos por construir un país digno, todos y todas las ciudadanas de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa tienen derecho a recibir una pensión digna para poder vivir dignamente”. A juicio de la formación soberanistas pasa por que las personas jubiladas cobren como mínimo 1.080 euros.

Para lo que plantea que sea el Gobierno Vasco quien complemente las pensiones más bajas hasta esa cifra, según ha explicado el coordinador del grupo parlamentairo, Unai Urruzuno.

“En ese sentido, pretendemos que la propuesta de ley sea contrastada y enriquecida por la visión y opinión de los colectivos y personas a quienes va dirigida la propuesta. Para ello, recabaremos la opinión y las aportaciones de las asociaciones de pensionistas de cada territorio en reuniones abiertas y participativas”, añadió.

“En total, casi 160.000 personas se beneficiarían del complemento propuesto por EH Bildu, es decir, las que cobran pensiones de jubilación inferiores a 1.080 euros”, según sus datos.

La coalición propone una implantación progresiva en el plazo de cuatro años. “Es una propuesta ambiciosa, pero perfectamente factible si existe voluntad política, ya que la aplicación progresiva del complemento hará que su coste sea asumible para las arcas públicas: algo menos de 400 millones de euros en el primer año”, ha explicado el parlamentario.

“Este país no solo tiene el derecho, sino también la absoluta necesidad de crear su propio sistema de pensiones porque el Estado español no hace más que empeorar y agravar las condiciones de vida de la población. Es intolerable que más de 25.000 jubiladas y jubilados vascos cobren menos de 400 euros al mes”, precisa Unai Urruzuno.

 

PENSIONES DE MISERIA.

El problema de las pensiones tiene bastantes aristas. Una de los más importantes es que más de la mitad de los actuales pensionistas, después de estar cotizando 40 años, percibe  salarios inferiores a 1.000 euros mensuales. Los datos oficiales de la Seguridad Social confirman que en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa existen 535.035 pensionistas. El 33,3% percibe una pensión no superior al Salario Mínimo Interprofesional, que es un 40% inferior a la media de los estados que lo tienen.Pero en realidad, el 54% de las pensiones están por debajo de 1.000 euros.

Llama la atención que, aunque la media de las pensiones en la CAV está en los niveles más altos, entre las pensiones por jubilación hay 94.447 pensionistas que perciben salarios mensuales por debajo del salario mínimo, lo que representa el 28% de las pensiones por jubilación. Entre las de viudedad, 59.111 pensiones, un 43,73% de las pensiones de este rango, están por debajo del Salario Mínimo.

 

EJEMPLO PRESIDENTE KUTXABANK.

Dos ejemplos. En los cuales se ve como quienes más cobran, pagan menos a la Seguridad Social. Otra manera de “saquear” las arcas públicas. Así, si un trabajador o trabajador-a que gana una cantidad importante de sueldo bruto anual, por ejemplo 44.000 euros, paga mensualmente el 4,7% de cotizaciones a la Seguridad Social (171,17 euros), el 1,55% al Desempleo (56,45 euros) y el 0,10% a Formación Profesional (3,64 euros) y su empresa también paga por Contingencias Comunes el 23,60% (859,51 euros), el 1% por A.T. y E.P. (36,42euros) el 5,50% por Desempleo (200,31 euros) el 0,60% para Formación Profesional (21,85 euros) y el 0,20% para FOGASA (7,28), es decir se paga por Cotizaciones Empresariales 1.125,37 y por todos esos conceptos (empresa + trabajador) 1.356,63 euros mensuales al conjunto de las arcas públicas.

Sin embargo, el Presidente de Kutxabank, Gregorio Villalabeitia, que cobra 800.000 euros brutos anuales, es decir cobra más de 18 veces el salario del anterior trabajador (que tenía un sueldo alto), pero paga igual, tanto el presidente como “trabajador” como Kutxabank, en lo que le toca como empresa. “Si, por ejemplo, Villalabeitia pagara en función de lo que realmente cobra, 66.666 euros mensuales, el debería de pagar 4.233,28 euros por sus conceptos (paga solo 231,26) y Kutxabank debería de pagar, siguiendo los mismos porcentajes que le corresponde para el resto de trabajadores, un total de 20.599,78 euros (ahora paga 1.125,37)”.

Si a esa merma de cotizaciones entre quienes tienen salarios muy elevados, se une el problema problema combinado como el actual mercado laboral, que cuenta con una precariedad muy elevada y las cotizaciones sociales son mínimas o inexistentes en muchos de los casos, es por lo que el sistema público está sufriendo esa “desnutrición” de cotizaciones, por la precariedad, pero también porque en la parte alta de los salarios no se paga en la misma proporción, como en el ejemplo anterior.

POLÍTICA PRIVATIZADORA.

Y, por otro lado, nos encontramos con la política privatizadora y favorecedora de los fondos privados de pensiones y EPSV. Tal es así que el Gobierno del PP no ha inyectado recursos al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, todo lo contrario los ha sacado. Desde 2012 a estas fechas la “hucha de las pensiones” se ha reducido a más de la mitad de los recursos. Y, a la vez, las diferentes haciendas siguen apoyando con reducciones en la cuota a quienes invierten en los sistemas privados. Es un mal camino que está provocando muchas dudas sobre el futuro de las pensiones públicas.

Esa incertidumbre solo beneficia a los fondos privados que se encuentran con el patrimonio más alto de su historia. Desde 2008 a 2016, el patrimonio de estos fondos, según los datos de la patronal Inverco, se ha incrementado en un 31,5%, hasta los 103.111 millones. Ha ocurrido esto en un periodo de crisis económica, lo cual llama más la atención.

 

HASTA 2060.

En este momento, según los datos de la Seguridad Social en Hego Euskal Herria las pensiones contributivas netas se sitúan en torno a 9.700 millones de euros, lo que supone en torno al 11,52% del PIB vasco. La OCDE sitúa el PIB de las pensiones en el periodo 2010-2015 en el 11,8% del PIB en el Estado español. Pero hay países por encima del promedio vasco y español como Bélgica, Austria, Francia, Finlandia, Grecia y Portugal. Alemania en ese periodo está algo por debajo, según la OCDE, pero después a lo largo de los años se va equiparando.

Para el año 2060 con las proyecciones de la OCDE explica que el gasto en pensiones en el Estado español rondaría 11% y sería uno de los más bajos del conjunto de la OCDE, por encima estarían las grandes economías europeas.

Son proyecciones, pero lo más importante es garantizar un empleo digno y con salarios dignos, porque, en realidad, es lo que aporta y, por supuesto, que dependan de las arcas públicas. Porque para las pensiones privadas, fondos o EPSV, se necesitan ingresos económicos altos para poder destinar a pensiones una cantidad de los ingresos de cada persona.

Juanjo Basterra

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Otegi: “Cuando la izquierda pierde su credibilidad está muerta políticamente”

 

Otegi: “Cuando la izquierda pierde su credibilidad, está muerta politicamente”

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plan industrial

EH BILDU HA PRESENTADO PLAN DE EMERGENCIA INDUSTRIAL

Concejales de Ezkerraldea, con el juntero Joseba Gezuraga, y el parlamentario vasco Iker Casanova han presentado un plan de emergencia industrial debido «a la falta de una política industrial real y eficiente por parte de las instituciones». El sector industrial en esta zona, unida a Meatzaldea, está «en una situación muy grave» y «sufre  una pérdida progresiva no solo de más puestos de trabajo, sino también de peso como sector motor en la economía del país». Por lo que demandan que «fabriquemos empleo, futuro y dignidad en Ezkerraldea».

EH Bildu sostiene que el sector industrial «debe de ser el motor económico que sustente a esta sociedad. Apostamos por un futuro digno y para ello tenemos que recuperar y transformar nuestro sector industrial».

Han planteado tres medidas directas:

Creación de un fondo de inversión industrial para salvar a las empresas que se encuentran en una situación de riesgo y para la promoción y la reconversión de empresas industriales.
Tendría que estar dotado con 800 millones anuales, «destinados a las empresas basadas en el nuevo modelo productivo y que cumplan con una serie de requisitos. Las empresas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, deben declarar ante la Administración la situación de emergencia industrial para poder acceder a las líneas de rescate», precisaron.

EH Bildu reclama como segunda medida «alcanzar un gran Pacto Social para la innovación y el desarrollo». Porque se fija  como objetivo que en los próximos 5 años, «y de manera progresiva, la inversión en I+D+i llegue al 3% del PIB, equiparándonos de esta manera a la media europea. Consideramos que la contribución a la investigación y al desarrollo ayudará a la reconversión de nuestra industria».

El tercer paso será un plan de asesoramiento para la elaboración e implementación de auditorías energéticas y estrategias de eficiencia energética. «Uno de los principales problemas de nuestra industria es la dependencia energética y consideramos que son necesarios unos servicios de asesoría dirigidos a las empresas e implementar nuevas estrategias energéticas’, como explicaron.

La formación soberanista sostiene que «el plan es totalmente viable económicamente, siempre que hubiese voluntad política para ello, ya que proponemos una financiación público-privada del mismo. Serían las instituciones (Gobierno Vasco y las tres Diputaciones Forales) las que aportasen el 60% de la financiación. Son las instituciones las
responsables de salvaguardar nuestro tejido industrial y de fomentar el mantenimiento y la creación de puestos de trabajo en condiciones dignas. El restante 40% correspondería al ámbito privado. En este caso, a las cajas vascas que nacieron con la responsabilidad de
favorecer e impulsar el tejido social y económico vasco».

A cambio, EH Bildu insiste que «el dinero aportado por las instituciones a las empresas con capital no retornable conllevaría la participación de estas instituciones en las empresas. En el caso de que la empresa no desease la participación de las administraciones en sus ámbitos de decisión, tendrán que devolver el dinero sin intereses» y en el caso de .  la aportación de las entidades financieras, «el crédito tendría siempre un interés del 0,1%. En todos los casos, la inserción de dinero en las empresas iría precedida de la aprobación de un plan de viabilidad que contaría con la aprobación de la administración».

Para posibilitar los fondos para estas medidas, los cargos públicos de EH Bildu proponen «la relajación del déficit público, la aportación empresarial solidaria de las empresas que se encuentran en una situación favorable y con un margen de beneficio suficiente para realizar la aportación y la implementación de una fiscalidad progresiva que vaya acorde a los sistemas fiscales más avanzados de Europa».

Un tema que dejaron claro en la presentación de la iniciativa es que esta  propuesta «está abierta al debate», para lo que en las próximas semanas «haremos presentaciones de la propuesta en Barakaldo, Sestao, Portugalete y Santurtzi y mantendremos encuentros con los agentes sociales y económicos de la comarca para presentarles el plan, deseando que todas las partes hagan sus aportaciones para enriquecerlo y consensuarlo».

Por su nivel de urgencia del momento, el primero de estos encuentros será este miércoles 20 de abril con el comité de empresa y las contratas de ACB.

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Con los datos de Eustat aportados, EH Bildu recconoció que desde 2009 han desaparecido en Ezkerraldea más de 140 grandes, medianas y pequeñas empresas en el sector industrial, cuya consecuencia directa ha sido la destrucción en nuestra comarca de más de 5.000 puestos de trabajo. Las «consecuencias indirectas» en otros sectores son incalculables, pero se aproximan a 20.000 puestos desaparecidos.

«Hoy en día, la gravísima situación en la que se encuentran muchas empresas de nuestra comarca, tales como Productos Tubulares o la ACB (buque insignia esta última empresa de esa mal llamada reconversión industrial), unida a la delicada situación de otras empresas de nuestra comarca, demuestran que desgraciadamente teníamos razón; todo ha sido un fraude: La Margen Izquierda ha pasado de ser tractor económico de Euskal Herria y del Estado español a ser un desierto industrial y paraíso de grandes superficies comerciales, precariedad y desempleo».

Es por ello, que los cargos de la formación soberanista entienden que «ha llegado la hora de poner soluciones en la mesa, en vez de seguir esperando a ver lo que ocurre». EH Bildu apuesta por «defender con uñas y dientes el futuro de nuestra industria, porque solo así aseguraremos el futuro de Ezkerraldea, de sus vecinos y vecinas».

Con el Plan de Emergencia Industrial, EH Bildu entiende que «se debe lograr un rescate de las empresas en riesgo y, a la vez, comenzar a tomar medidas para la promoción y verdadera reconversión de empresas industriales basadas en el nuevo modelo productivo, que no es otro que la innovación, el desarrollo y la sostenibilidad ambiental y energética».  Por lo que demandan a las administraciones públicas que actúen y pongan por delante su compromiso político para impulsar Ezkerraldea para que «fabriquemos empleo futuro y dignidad».

Juanjo Basterra

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PRIMERO IMPIDIÓ QUE SE PUSIERA EN MARCHA LA ILP Y AHORA IMPIDE UNA INICIATIVA DE EH BILDU PARA GARANTIZAR PENSIONES DE 1.080 EUROS AL MES

 EL GOBIERNO URKULLU CASTIGA A LOS Y LAS PENSIONISTAS CON SALARIOS DE MISERIA, MIENTRAS SU EQUIPO TIENE SUELDAZOS

El Gobierno Vasco, liderado por Iñigo Urkullu (PNV), da un portazo, de nuevo, a la posibilidad de mejorar las pensiones de miseria que recibe un 38% de los y las pensionistas o el 54% si nos referimos a cantidades inferiores a 1.000 euros. En diciembre rechazó la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pretendían las plataformas de pensionistas, aunque están recogiendo firmas, y en este momento, de nuevo, rechaza la iniciativa de EH Bildu para complementar las pensiones a 1.080 euros, como demandan los pensionistas para tener un ingreso digno. Con esta actuación, el PNV causa un grave daño a miles de personas.

¿Por qué castiga de esa forma el Gobierno Vasco, liderado por Iñigo Urkullu, a los pensionistas con bajos salarios tras años y años cotizando? La respuesta debe estar en que ellos no tienen ese problema. Porque en 2016 el lehendakari Urkullu percibirá 98.094 euros, 7.035 euros en catorce pagas; Josu Erkoreka, otros 92.487 euros, lo que supone 6.606 euros cada una de las catorce pagas y 87.800 euros para cada uno de los consejeros o 6.271 euros en 14 salarios.

El portavoz Josu Erkoreka ha señalado, tras el Consejo de Gobierno, que el Gobierno Vasco cree que la proposición de ley de EH Bildu para complementar las pensiones de jubilación más bajas hasta los 1.080 euros mensuales “carece de la seguridad económico financiera,presupuestaria y jurídica necesaria”. Esa cantidad corresponde con el 60 % del salario neto medio de la CAV. Y acusó a EH Bildu de incurrir en “errores graves, importantísimos”.

Erkoreka ha precisado que la formación soberanista desconoce “un aspecto decisivo” del régimen regulador de las pensiones y es que “la propia Seguridad Social complementa las pensiones más bajas y que esas ayudas son incompatibles con los complementos de otras administraciones”. Lo único cierto es que el PNV da otro portazo a los pensionistas con salarios más bajos poniendo una nueva excusa.

 

HAY DINERO. Sin embargo, la parlamentaria de EH Bildu, Eva Blanco, respondió al portavoz del Gobierno Vasco y al PNV que “si Urkullu y el PNV quisieran, las y los jubilados tendrían aseguradas pensiones dignas, como propone EH Bildu”.

Blanco dejó claro que “dinero sí hay, lo que falta es voluntad política del PNV y Urkullu para asegurar condiciones de vida dignas a las personas jubiladas”.

pensiones Eva Blanco Bildu

Tras reconocer que, “por desgracia, no nos ha sorprendido” que el Gobierno Vasco haya decidido oponerse a la tramitación de la proposición de ley que EH Bildu presentó en marzo para garantizar pensiones de jubilación dignas, la parlamentaria Eva Blanco ha insistido en la necesidad de asegurar unos ingresos mínimos de 1.080 euros mensuales, “como plantea la Carta Social Europea”, a todas las personas jubiladas de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Porque “miles y miles de jubiladas y jubilados cobran pensiones de miseria que no permiten condiciones de vida dignas. Eso es inaceptable para EH Bildu y debería serlo también para el Ejecutivo de Iñigo Urkullu”, dijo.

Para justificar su oposición a la iniciativa de EH Bildu el Gobierno vasco alega que la misma carece de seguridad económica. Para Eva Blanco, en cambio, “eso es una triste excusa porque aquí lo que falta es voluntad política, no seguridad económica”. A juicio de Eva Blanco, “lo que ocurre es que las prioridades del Gobierno Vasco son otras y, al parecer, no tienen mucho que ver con las pensiones de las jubiladas y jubilados”.

La parlamentaria abertzale sostiene asimismo que no hay ningún impedimento legal para el desarrollo de la proposición de ley de EH Bildu.

“Decir como dice el Gobierno vasco que ya complementa las pensiones más bajas con la RGI es tanto como reconocer que no hay ningún obstáculo jurídico. Lo que pedimos desde EH Bildu es que ese complemento sea más ambicioso y llegue a los 1.080 euros para garantizar de verdad condiciones de vida dignas, porque la RGI se queda muy corta al llegar solo al salario mínimo: 710 euros mensuales. ¿Esa es la solución de Urkullu y del PNV para las personas jubiladas? ¿700 euros al mes? ¿Así se puede vivir con dignidad?”.

 

PENSIONES DE POBREZA. En Hego Euskal Herria existen 665.000 pensionistas. De ellos, 251.783 pensionistas cobran por debajo de los 700 euros al mes. Es decir, el 38,15% de los mismos y 369.170 pensionistas cobran por debajo de 1.000 euros al mes, es decir el 54%.

Analizando estos datos, que son de hace unos meses, por cada tipo de pensión se extraen consecuencias en muchos casos dramáticas. Porque  el 52,24% de las viudas y viudos vascos percibió por debajo de 700 euros y el 82,71% no alcanza los 1.000 euros al mes.

 

SUBIDA 0,25%. Otro drama se encuentra en las pensiones de jubilación, cuya media es de las más altas del Estado españoL. pero al desgranar los datos vemos que están generando pobreza entre muchas personas que han estado cotizando por encima de 40 años. De hecho, hay 419.064 personas con pensiones por jubilación en Hego Euskal Herria, pero de ellos casi uno de cada tres (31,15%), 130.529 personas, cobran por debajo de los 700 euros, y el 44,16% de estos pensionistas no sobrepasan la barrera de los 1.000 euros al mes.

A esta situación, se unió que el Gobierno español subió las pensiones en un 0,25%. La respuesta de los pensionistas fue contundente “en 2010, 2011, 2012 y 2013 nuestras pensiones quedaron prácticamente congeladas y después las ‘subieron’ 0,25%. Para más dela mitad de las personas pensionistas esa subida supone alrededor de 1 euro al mes. Es una burla si tenemos en cuenta lo que encarece la cesta de compra: 11% la luz, 4-6% los alimentos, y cerca de un 3% los productos básicos”. Pero destacaron que es “aún más insultante si tenemos en cuenta la trayectoria que últimamente está siguiendo el IVA: más impuestos a aquello que es más frecuente en nuestro consumo diario. Doloroso sobre todo en casos de ingresos precarios”, denunció la Plataforma de Pensionistas de Euskal Herria.

 Juanjo Basterra

JOSE LUIS BILBAO

Asesoría de empresas mundial califica Bizkaia como paraíso fiscal para holdings

En noviembre de 2014 EH Bildu Bizkaia daba a conocer que Bizkaia se publicita como paraíso fiscal por una de las asesorías de mayor renombre en el estado. La asesoría Garrigues califica a Bizkaia como “paraíso” para empresas de holding, es decir, las que se dedican a adquirir acciones de otras compañías para apropiarse de su rentabilidad o para la integración de sus actividades.

Irune Soto, portavoz en aquel momento de EH Bildu en las Juntas Generales, creía “muy preocupante que una empresa que se dedica a asesorar a grandes compañías haga este tipo de publicidad de Bizkaia a nivel internacional. Desde luego, el artículo de la asesoría confirma lo que ya venimos denunciando desde EH Bildu: el impuesto de sociedades que pactaron PNV, PSE y PP facilita vías a la elusión fiscal y beneficia a las empresas que mayores beneficios obtienen. Resulta muy significativo que el nuevo impuesto recoge todas las peticiones fiscales de la patronal”.

El PNV ya intentó convertir a Bizkaia en paraíso fiscal en 1996 pero la UE cerró las puertas legales a la pretensión de la Diputación. EH Bildu afirma que dieciocho años después, el PNV lo intenta de nuevo.

En palabras de Soto, “si bien hace falta impulsar más medidas y más voluntad para luchar contra el fraude fiscal, la Diputación de Bizkaia también debe acotar la elusión fiscal. Es decir, las vías que se utilizan para pagar menos impuestos a través de maniobras fiscales”.

EH Bildu subrayó que el descubrimiento en 2014 de un régimen fiscal en Luxemburgo que en la práctica supuso un paraíso fiscal para más de 300 empresas, la mayoría multinacionales, no suponía un modelo a elegir. “Este tipo de regimenes son totalmente inaceptables e injustos porque permiten que los que mayores beneficios obtienen paguen menos que el resto”.

Aquí os dejamos el video del debate en Juntas Generales sobre el tema:

 

Bizkaia,  ¿paraíso fiscal?

Igor Meltxor

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