18 millones de MULTA sobre un NEGOCIO de 800 millones

Iñaki Urkijo

Miembro de EHNE BIZKAIA y representante de Soberania Alimentaria de EH BILDU

 

«18 millones sobre un negocio de 800 millones entre 2003 y 2015 sale barato, tienen que tener la sensación de que les ha merecido la pena el engaño»

 

La multa histórica a las empresas de catering de los comedores escolares ha traído el debate sobre la necesidad de conseguir que los escolares, residencias de ancianos,  hospitales, comedores de trabajadores, etc  puedan comer con garantías de calidad y, a la vez, impulsar la agricultura más cercana. Iñaki Urkijo es baserritarra y cree que este momento es adecuado para replantear el modelo que están aplicando esas empresas en su único beneficio, como se ha comprobado, y ampliar ese círculo a los baserritarras y ganaderos para que esa mejora de la calidad se extienda y se repartan los beneficios entre todos.

-Básicamente, ¿qué es la soberanía alimentaria?

La Vía Campesina define la soberanía alimentaria es la facultad de cada pueblo para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria. Ello implica la protección del mercado doméstico contra los productos excedentarios que se venden más baratos en el mercado internacional, y contra la práctica del dumping (venta por debajo de los costos de producción).

Los objetivos de desarrollo sostenible deben de tener en cuenta los criterios técnicos de producción de los alimentos, pero también los criterios de sostenibilidad económica y social. Esto es, a través de esta propuesta se persigue entre otras cosas la consecución de una alimentación sana, nutritiva, asequible, accesible y a un precio socialmente justo tanto para la parte productora como para la parte consumidora.

Implica también la defensa de los sectores productores locales frente a las prácticas neoliberales, la defensa de los ciclos económicos locales, y por último, resalta la condición de ciudadano (como sujeto de derechos y deberes) frente a la de mero consumidor (en la que las personas sólo valemos lo que vale nuestra capacidad de consumo) que nos impone el capital.

Como síntesis de todo ello, se podría decir que la Soberanía Alimentaria persigue la consideración de la alimentación como un derecho y no como un negocio más.

-¿Qué beneficios y ventajas tendría para la población, para los productores-agricultores y medio ambiente?
La primera gran ventaja que aporta es el empoderamiento ciudadano que desarrolla, ser conscientes de los procesos que culminan nuestra alimentación, tomar partido en ellos a favor de otro tipo de alimentación y de otro modelo social, y finalmente ser agente activo en estos procesos, más allá del mero lo compro no lo compro que nos propone el libre mercado, es en sí una propuesta revolucionaria. A través de la alimentación, los que tenemos suerte al menos, decidimos tres veces al día que modelo social queremos construir, podemos apostar por el bajo precio, la explotación laboral y animal, y por esquilmar los recursos, o podemos elegir un modelo basado en la justicia social y en la responsabilidad intergeneracional.

Otro punto a destacar es la autogestión de nuestra propia salud, Eric Holt suele decir que “la industria farmacéutica nos vende alimentos que nos enferman para después vendernos los fármacos que nos ayudan a seguir vivos”, en referencia a las conexiones que existen entre las multinacionales alimentarias y las farmacéuticas. Un día sí y otro también nos desayunamos con algún escándalo alimentario producido por la avaricia de los que entienden la alimentación como un negocio, cuando no son las vacas locas, son los pepinos asesinos, o recientemente las fundadas sospechas que existen de que el llamado “virus zika” tenga que más que ver con el uso de un plaguicida que con los mosquitos.

Racionalizar y relocalizar los procesos alimentarios ayudaría a poder volver a considerar el alimento como una fuente de vida y no una mera ingesta imprescindible para nosotros y muy lucrativa para unos pocos.

Otra gran ventaja son los beneficios medioambientales, está ampliamente demostrado que la agricultura campesina enfría el planeta y que uno de los mayores causantes de los gases efecto invernadero son por un lado el transporte alimentario generado por el agronegocio y por otro el procesamiento de sus alimentos.

Los manejos holísticos derivados de los procesos afines a la Soberanía Alimentaria son la mejor garantía de la solidaridad intergeneracional a la que me refería antes. El campesinado no entiende la tierra como una máquina de producción a la que hay que sacar el mayor beneficio posible en el menor intervalo de tiempo, sino como un todo que debemos preservar a las futuras generaciones en las mismas o mejores condiciones que las que hemos recibido.

Por último, el acceso a una alimentación sana, nutritiva, asequible, accesible y a un precio justo, debería ser un derecho para toda la población independientemente de su situación social o económica.
-¿Dónde se podría experimentar por ejemplo en cocinas de colegios, residencias, hospitales, en nuestro consumo diario…?

Hay varias experiencias ya que demuestran que es posible una alimentación basada en la Agroecología (ciencia que incluye la sostenibilidad ecológica, económica y social de los procesos alimentarios), el control de la producción (que cada campesino no exceda una producción determinada para por un lado repartir el acceso a la producción de alimentos y por otro conseguirlo a través de cargas de trabajo dignas), la gestión colectiva (como manera de integrar a la ciudadanía no campesina en la toma de decisiones sobre su alimentación), y la planificación de la producción y el consumo (como método para dejar de considerar la alimentación como una mercancía).

El mayor exponente de esto último pueden ser las redes de grupos de consumo. Pero tampoco hay que olvidar otros sistemas preexistentes, como puede ser el abastecimiento en plazas o mercados directamente del campesino productor de los alimentos, o el pequeño comercio tradicional sensibilizado con el producto del campesinado local.

En todo caso, desde el consumo individual, las alternativas son varias, y siempre que la persona lo haga desde el compromiso todas son válidas.

Cuando pasamos al consumo colectivo (colegios, residencias, hospitales, comedores de fábricas…), no basta con el compromiso, en este punto deberíamos de tener en cuenta también la responsabilidad.

¿Qué modelo de sociedad estamos impulsando desde estos espacios?

¿Qué modelo estamos inculcando a nuestras hijas e hijos cuando les hacemos comer la mayor parte de los días del año en un comedor gestionado por un catering que sólo busca el precio bajo y el beneficio rápido?

Es cierto que los colegios pertenecientes a la red pública están obligados hoy por hoy a delegar la gestión en empresas de catering, pero hay otros que no. Cooperativas y colegios privados no están obligados y así y todo son minoría los que gestionan directamente el comedor. Esto además cobra mayor importancia cuando el modelo educativo está basado en inculcar en nuestros jóvenes valores relacionados con la cooperación. Hay una gran contradicción entre los valores transmitidos y la práctica resultante.

Lo mismo podríamos decir de los comedores de residencias, hospitales y comedores de fábrica. En estos últimos,¿en qué punto se rompe la cadena de compromiso que nos lleva a reivindicar ciertos derechos cuando peleamos el convenio y  no pedimos los mismos derechos para las personas que suministran el alimento?, ¿estaríamos dispuestos a pagar por nuestro menú diario el precio resultante para que los campesinos que proveen el alimento también tengan derecho a un salario mínimo de 1.200 € por 40 horas semanales?

En todo caso, así como en el consumo individual en los últimos años se han dado pasos muy importantes a favor de la Soberanía Alimentaria, el consumo colectivo es un espacio importante a trabajar y poco a poco se va avanzando también.

-¿Qué ejemplos podemos poner de iniciativas que están aplicando la soberanía alimentaria para que sirvan de acicate a otros?

En Catalunya el año pasado aprobaron por unanimidad dos propuestas parlamentarias que hacen referencia a los criterios de compra pública y los servicios de comedor, su objetivo es la gestión de los comedores escolares con criterios ecológicos, saludables y de proximidad como puntos básicos para garantizar una alimentación sana para los niños y la viabilidad económica para las productoras y los productores del territorio.

El Parlamento de Andalucía, aprobó el pasado 16 de Septiembre (8 votos a favor de IU+PSOE, 7 en contra del PP) una Proposición No de Ley relativa a la contratación pública de alimentos con criterios sociales y ambientales en Andalucía.

En Euskadi se pondrán en marcha este año 4 experiencias piloto en 4 escuelas de la red pública vasca, de manera que estos  centros podrán gestionar libre y directamente sus comedores escolares durante un periodo dos años. Está gestión se hará teniendo en cuenta a baserritarras, arrantzales y pequeño comercio local.

En Orduña, desde el año pasado, el ayuntamiento a recuperado la gestión de la cocina de la residencia de mayores y estos se están alimentando a día de hoy de alimentos suministrados por baserritarras y pequeño comercio local.

-¿Por qué la Administración pública en todos sus ámbitos tira tan poco del carro que beneficiaría a la salud y a los productores cercanos?

Es una pregunta complicada que seguro no tiene una sola respuesta, con la que está cayendo, una dinámica que ha demostrado a través de la iniciativa Nekasarea (Ehne Bizkaia), por poner un solo ejemplo, que por cada 3.000 € mensuales de consumo alimentario (el correspondiente a 20-30 familias) se crea un puesto de trabajo estable y en condiciones dignas, porqué  no recibe más impulso desde las administraciones…

La respuesta puede ser tan simple como deprimente, por un lado, los actuales gestores de lo público son rehenes de las grandes empresas, no van a dar ningún paso que las perjudique porque si no podrían no funcionar correctamente las puertas giratorias. Y por otro, las dinámicas del capitalismo global no van en este sentido, van justo en el contrario. En la búsqueda de nuevos “nichos” de mercado la tendencia no es universalizar derechos, alimentación en este caso, sino mercantilizar los aún existentes.

-¿Qué opinión te merece la multa de la Autoridad Vasca de la Competencia de 18 millones contra las empresas de catering?

En este sentido diferenciaría dos tipos de responsabilidades en el fraude acaecido. Por un lado la responsabilidad empresarial y por otro la responsabilidad política.

Respecto a la responsabilidad empresarial la literatura de la sentencia ha sido contundente. Ciertos señores han cometido fraude para sacar más dinero de las arcas públicas y ese sobrecosto no ha repercutido en la calidad de la alimentación de nuestras hijas.

Sin embargo esta contundencia no se corresponde con la sanción, 18 millones sobre una adjudicación de 800 millones entre los años 2003 y 2015 sale realmente barato. En cierta manera tienen que tener la sensación de que les a merecido la pena el engaño.

Por otro lado, no se está asumiendo por parte de nadie la responsabilidad política por este fraude a las arcas públicas.

En el año 2013 en el Parlamento de Gasteiz EH Bildu presentó una propuesta para cambiar la orden que impide a los colegios públicos prescindir de las empresas de catering.  En la votación esta propuesta sólo contó con el apoyo del grupo que la había presentado, todos los demás votaron en contra.

¿A qué viene ahora por parte de PP y UPyD echarse las manos a la cabeza? Tuvieron en su mano el haberlo cambiado y no quisieron.

Por otro lado está la responsabilidad de PNV y PSOE que han gestionado la administración de Gasteiz estos últimos años.

Las propias condiciones de licitación han estado abocadas al fraude hasta el año pasado. Hasta entonces a las empresas concursantes se les pedían una serie de condiciones leoninas, entre ellas tener capacidad de servir 7000 menús en un solo día, lo que en la práctica en un país como el nuestro significa poner nombres y apellidos a las empresas que se podían presentar.

Por no hablar de que en el diseño de las nuevas escuelas hace ya años que no se contempla que tengan cocina, simplemente un office para calentar la comida, lo que las obliga a depender de las empresas de catering.

Y encima tenemos que aguantar oírles que esto no ha supuesto merma para el bolsillo de los padres y madres. ¿Quién se creen que pone el dinero que ellos gestionan?

-¿Qué alternativas se le ocurren frente a ese modelo que, en realidad, se ha demostrado, además de dato para familias y arcas públicas, poco saludable para los usuarios, niños, personas mayores?

En las escuelas públicas la alternativa pasa porque padres y madres puedan decidir como gestionan el comedor escolar. Si quieren hacerlo a través de catering o si quieren hacerlo de manera directa contando con el sector productor y el pequeño comercio local.

Algunas de las empresas que están implicadas en el fraude ofrecen menús ecológicos y locales a colegios y colectivos que no están obligados por la ley del Gobierno de Gasteiz. Así ofrecen y sirven alimentos ecológicos de baserritarras locales a ciertas ikastolas e incluso lo publicitan como un factor diferenciador de su gestión en Catalunya.