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Más de 4.000 recursos contra la incineradora de Zubieta

 LAB y un vecino de Donostia consideran “irregular e ilegal” la resolución a favor de la incineradora porque se vulneran directivas europeas.

 El colectivo Gipuzkoa Zutik que acampó en la plaza Gipuzkoa fue desalojado y por la tarde recuperó el espacio con el objetivo de mantenerse allí.

Tras el amplio respaldo este pasado domingo de los ciudadanos de Donostialdea contra la incineradora de Zubieta, ayer la Guardia Urbana de Donostia desalojó la acampada pacifica de la plataforma Gipuzkoa Zutik en contra de esa instalación perjudicial para la salud, los recursos públicos y el medio ambiente. Después, por la tarde y después de diferentes intervenciones, la plataforma volvió a recuperar su espacio con el objetivo de mantenerse firme pidiendo la paralización de esa incineradora. Además, como estaba previsto, dos representantes de ELA y LAB participaron en el acto público en contra de la incineradora y a favor de la salud y la seguridad de las personas.

Se conoce que se han podido presentar alrededor de 4.000 recursos a la autorización, aunque existen, al menos, tres recursos uno de LAB y dos de un particular, Joxean Urkiola, que argumentan y desarrollan las irregularidades e ilegalidades cometidas en la decisión de Medio Ambiente del Ejecutivo de Gasteiz.

LAB considera que la resolución del 11 de abril de 2016  del Ejecutivo de Urkullu  es “ilegal”. En la misma, el Viceconsejero de Medio Ambiente autoriza  a Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa, S.A.U. la construcción  del proyecto de incineradora en Zubieta. LAB tilda esa resolución de “fraude”, ya que “incumple la legalidad vigente, las directivas europeas” y además la autorización que se pretende legalizar, “data de 2010 y, por lo tanto ha perdido su vigencia y cualquier intento de autorizar el mismo es ilegal”. Explica que el Gobierno de Gasteiz autorizó el informe de impacto medioambiental mediante resolución el 23 de abril de 2010, por lo tanto “ha superado el plazo de 4 años, que la Ley establece para ello y la resolución ahora concedida es un fraude”.

En el recurso se recuerda que  la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, establece en su Art. 43 sobre la Vigencia de la declaración de impacto ambiental que “perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios en cuatro años”. LAB añade que “han pasado más de seis años desde dicha autorización”.

Pero, además, la central sindical resalta que “el proyecto ha sido modificado y tampoco se ha hecho nuevo informe medioambiental, lo que incumple las obligaciones medioambientales y las Directivas europeas”. En concreto, la Directiva 2014/52-UE establece, en su Art. 3, que “la evaluación de impacto ambiental identificara, describirá y evaluara de forma apropiada, en función de cada caso concreto, los efectos significativos directos e indirectos de un proyecto en los siguientes factores: la población y la salud humana”.

En este caso, LAB recuerda, aunque la Diputación de Gipuzkoa ha restado valor, que “el Grupo de Estudios sobre Incineración y Salud (GEIS), integrado por 25 médicos y profesionales del ámbito de la salud, dieron a conocer los resultados de distintos estudios científicos sobre las afecciones de la incineración en la salud y que relacionan el cáncer con las incineradoras, y reclamaron también una moratoria en la construcción de la incineradora de Zubieta y que se realice una valoración seria sobre sus posibles alternativas”.

LAB, igual que Joxean Urkiola, traen a colación lo que está ocurriendo con el amianto y las repercusiones que tienen para la salud cuestiones que aun conociéndose los perjuicios que ocasionaban desde hace muchos años, se permitieron con los actuales dramáticos resultados. Las consecuencias las están padeciendo las trabajadoras y trabajadores, la ciudadanía afectada, fallece años más tarde de haber tenido contacto con el mismo y no queremos que pase algo parecido con la incineradora cuando, además ya se conocen sus graves consecuencias”.

Por todo ello,  la central sindical justifica el recurso porque “se pretende cometer una Ilegalidad, vulnerar preceptos legales, Directivas europeas;  o  que se dilapide una cantidad importantísima de dinero público para una infraestructura innecesaria y para el beneficio privado, que se ponga en riesgo la salud de miles de personas etc., es un ESCANDALO INADMISIBLE y aun mayor cuando existen alternativas posible que siguiendo las pautas de reducir, reciclar y reutilizar que hagan este planeta más ambientalmente sostenible”.

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PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN, MUY EUROPEO

Los dos recursos de Joxean Urkiola profundizan en algunos aspectos de LAB.

“La  mayor demostración y teniendo en cuenta la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en su artículo 43., sobre la “Vigencia de la declaración de impacto ambiental” dice: 1. La declaración de impacto ambiental del proyecto o actividad perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el “Boletín Oficial del Estado” o diario oficial correspondiente, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años cuestión que a todas luces no se ha producido”.

Además Urkiola cita como elemento necesario, y que en la UE es un elemento esencial como es  “el principio de precaución”. Así, el recurso de este particular dice “la dimensión del principio de precaución va más allá de las problemáticas asociadas a los riesgos a corto o medio plazo, puesto que se refiere también a cuestiones a largo plazo e incluso ligadas al bienestar de las generaciones futuras” y, en este caso, advierte de que “la población y la salud de las personas se van a ver afectadas por este proyecto el que tampoco se ha tenido en cuenta, el que esta poniendo en grave riesgo, como acaban de hacer públicos importantes expertos en la materia la salud de miles de personas que pueden verse afectadas por las consecuencias del proyecto”.

Cita también el pronunciamiento del Grupo de Estudios sobre Incineración y Salud (GEIS) que “lleva desde el 2004 analizando los estudios científicos más rigurosos en torno a la incineración de residuos. Los datos ofrecidos por cinco médicos son contundentes: las malformaciones congénitas aumentan un 30% y la displasia renal un 50%. En cuanto al cáncer, las probabilidades de morir por un tumor en la pleura crece un 84%.  Igualmente la médico de familia Maialen Berridi, destaca el aumento de las malformaciones congénitas, como el labio leporino, que crecen un 30% en las poblaciones vecinas a esta infraestructura, y el de la displasia renal, doblándose los casos. Los tumores son otro de los efectos más significativos, según GEIS. Las probabilidades de morir de cáncer de pleura, vesícula o leucemia crecen hasta un 84%, 245 y 21%, respectivamente”.

Y, por último, encuerda que “la Comisión Europea considera que, al igual que los demás miembros de la OMC, la Comunidad dispone del derecho a decidir el nivel de protección que considera conveniente, en particular en materia de protección del medio ambiente y de la salud humana, animal y vegetal. El recurso al principio de precaución constituye un elemento esencial de su política. Las decisiones adoptadas por la Comunidad a este fin tienen, y seguirán teniendo, una repercusión sobre las posiciones que adoptará a nivel internacional, y sobre todo multilateral, en lo que se refiere al recurso al principio de precaución”.

 

LAB: “PNV DEFIENDE SU MODELO  A TRAVÉS DE LA VIOLENCIA”

Tras el desalojo de muchas personas que ocuparon la Plaza Gipuzkoa contra la incineradora por parte de la Guardia Urbana con el apoyo de la Ertzaintza, ELA, LAB y la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria denunciaron esa situación propiciada por la utilización de la fuerza por parte del PNV para aplicar la respuesta pacífica en la calle contra una instalación de esas característica.

LAB indicó que “frente a las alternativas, el PNV defiende su modelo a través de la violencia” y mostraron el apoyo a la iniciativa Zutik Gipuzkoa. Así denunció “la actitud impositiva del PNV. Una vez más, haciendo uso del monopolio de la violencia, el PNV ha desalojado de la Plaza Gipuzkoa a la oposición del modelo que quiere imponer, utilizando para ello a sus policías”.

“En primer lugar, actitudes como ésta muestra a las claras que quienes defienden el modelo vigente no aceptan la oposición. Por lo tanto, en primer lugar, lo que queremos reivindicar y defender es democracia. En segundo lugar, su modelo nos arrastra a la enfermedad, la contaminación y la miseria, y trabajadores y trabajadoras no estamos dispuestos y dispuestas a aceptarlo. No aceptaremos que la riqueza se acumule entre menos personas, que nuestras condiciones de vida y trabajo sean cada vez mas precarias, que se agoten los recursos naturales de este pueblo, que las cajas en las que guardamos nuestros ahorros se conviertan en bancos”.

LAB anunció que apoyará las movilizaciones de respuesta y otras iniciativas que convoque la iniciativa Gipuzkoa Zutik y hace un llamamiento a trabajadores, trabajadoras y sociedad de Gipuzkoa a participar en las mismas.

 

ELA: “DEJA CLARO LOS INTERESES QUE DEFIENDEN AYUNTAMIENTO Y DIPUTACIÓN”

ELA denunciò el desalojo de la iniciativa Gipuzkoa Zutik. “ELA quiere mostrar su apoyo a la iniciativa Gipuzkoa Zutik, y denuncia el desalojo ocurrido durante esta mañana. Lo sucedido hoy en Donostia deja bien claro qué intereses defienden el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Donostia. En este sentido, conviene recordar que la iniciativa Gipuzkoa Zutik tiene como objetivo denunciar la imposición de la incineradora y las graves consecuencias que esto supondría para nuestra salud”.

Por lo que la central sindical explicó que “el desalojo de esta mañana deja en evidencia la baja calidad democrática de aquellas instituciones que no toleran la movilización de la sociedad, como ha quedado bien claro. No hace falta irse muy lejos de Donostia para comprobar que en otros lugares este tipo de iniciativas han tenido otro tipo de tratamiento por parte de las administraciones”.

La Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria quiere mostrar su apoyo a la iniciativa Gipuzkoa Zutik, acampada en la plaza Gipuzkoa contra la incineradora y a favor de un nuevo modelo. Al mismo tiempo denuncia a quienes por medio de la violencia quieren imponer la incineradora. “El desalojo de la Plaza Gipuzkoa demuestra claramente el miedo que tienen a las alternativas y nuevos modelos que se puedan plantear” y llama a la sociedad a tomar parte en las movilizaciones y diferentes iniciativas que la plataforma Gipuzkoa Zutik lleve a cabo.

Juanjo Basterra

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Artículo publicado en GARA (2010)

PELLO ZUBIRIA KAMINO HERNANIN ZERO ZABOR
Los verdaderos costes económicos de incinerar residuos urbanos

Recientemente la organización Greenpeace presentó en Donostia el documento «La incineración de residuos en cifras. Análisis socio-económico de la incineración de residuos municipales en España». Importante argumento el económico, que los «incineradores» intentan ocultar ofreciendo datos parciales revestidos de mentiras cuidadosamente seleccionadas.
El dato fundamental que muestra el estudio de Greenpeace es que los costes económicos por tonelada incinerada que habitualmente ofrecen los dueños de las incineradoras y sus cómplices institucionales o periodísticos son fundamentalmente falsos por parciales: ocultan costes muy importantes que logran escabullir en sus contabilidades.
Para empezar, las incineradoras cobran a los municipios una tasa por tonelada quemada, pero esa tasa no paga todos los costes del proceso, ni muchísimo menos. Entonces… ¿cómo es que la incineración resulta rentable para los industriales de basuras?
Parte de la rentabilidad de las incineradoras reside en las subvenciones que la administración les concede por generar electricidad. En principio las subvenciones son para las energías renovables (eólica, fotovoltaica…), pero las administraciones han aceptado incluir en ese capítulo la energía obtenida de modo tan sucio y contaminante. Una aberración… pero que hasta ahora cuela.
Por cada tonelada de residuos que se ha incinerado en el Estado español, la Administración pagó como media 19 euros de ayuda en ese concepto. Si tenemos en cuenta que la media de tasas cobradas por los incineradores a cada ayuntamiento es de 65 por tonelada, 19 euros de subvención no es moco de pavo.
Pero resulta, además, que incinerar residuos urbanos acarrea unos costes ambientales muy importantes… que nuestros incineradores logran que no se paguen. Emisiones atmosféricas contaminantes, emisiones de líquidos, cenizas, escorias y otros residuos, el impacto visual y sonoro, etc. Existen modos de cuantificarlos en costes económicos. Greenpeace se hace eco de dos metodologías de análisis que llegan a cifras no muy distintas; en el caso del Estado español estos costes ambientales suponen como media otros 44 euros más por tonelada llevada a quemar.
Existe una directiva de la Unión Europea que obliga a las administraciones a hacer frente a dichos costes ambientales, al menos en parte. En casi toda Europa los estados penalizan cada tonelada incinerada y con el dinero de esas penalizaciones priman a los que gestionan mejor sus residuos. En Catalunya cada tonelada incinerada es gravada con entre cinco y 15 euros de «impuesto verde», con 7,43 euros en Flandes, y en Dinamarca con 44,32 euros. ¿Cuántos euros se cargarán -porque en breve va a ser obligatorio- a cada tonelada incinerada en Zabalgarbi-Bizkaia? ¿Y a las que se desean quemar en Zubieta?
Un tercer grupo de costes que los incineradores disimulan son las costosísimas inversiones iniciales. En el caso de Zabalgarbi, Greenpeace habla de 312 euros por habitante de Bizkaia. ¿Cuánto nos puede salir la «broma» de construir una incineradora en Zubieta a cada uno de los 700.000 gipuzcoanos?
Greenpeace resalta en su estudio más aspectos importantes. Por ejemplo, el hecho de que los ayuntamientos que gestionan sus residuos con incineración gastan en ese capítulo hasta un 29% más que los no incineradores, y también que las tasas por basuras cobradas a los ciudadanos son en los ayuntamientos incineradores entre un 14,2% y un 29,6% más elevadas que en los otros.
Mención especial merece la dimensión social-laboral de la opción incineradora: como media las plantas incineradoras emplean a 25 trabajadores por 100.000 toneladas quemadas, mientras que si se gestionan los residuos con otros sistemas alternativos como el basado en el puerta a puerta, se logra crear entre siete y 39 veces más empleos. Tema este más importante aún si cabe en el contexto actual de crisis.
Si los datos económicos hablan así de claro, nos podemos preguntar: ¿dónde está la madre del cordero de la opción incineradora? El gran robo funciona sobre la base de que los ciudadanos no se enteren de que pagan todos los costes, tanto los reconocidos (las tasas municipales por recogida de basuras) como los disimulados, que desvela Greenpeace.
Los 19 euros de prima por electricidad pseudo-limpia los pagaremos vía factura eléctrica o vía subvenciones salidas también de nuestros impuestos. Entre todos pagaremos la no penalización del impacto ambiental. Por un lado, se roba a los ciudadanos de localidades como Hernani, Oiartzun y Usurbil (próximamente Antzuola…) que con el puerta a puerta obtienen muy buenos resultados; a municipios que en toda Europa obtendrían primas y serían reconocidos como ejemplos a seguir por todos. Por otro lado, lo pagaremos todos los ciudadanos en costes sanitarios y de calidad de vida.
¿Y los más de 400 millones previstos para la planta de Zubieta? Los intereses y amortizaciones de los créditos los pagaremos los ciudadanos con nuestros impuestos, y también saldrán de nuestros bolsillos las subvenciones declaradas o encubiertas que vayan a lograr para esa fábrica de quemar residuos.
Existen importantes motivos de índole sanitaria que afectan a la salud, nuestra y de nuestros descendientes, para oponernos a que los residuos urbanos sean incinerados. También son notorios los impactos negativos en relación con la calidad de nuestro medio ambiente. Pero es que, además, incluso por cuestiones de eficacia y de justicia económica debemos rechazar un sistema de gestión despilfarrador de recursos y que supone un robo del dinero público de todos, que se lo quieren embolsar algunos grandes empresarios con la complicidad de responsables políticos y grandes medios de comunicación.

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