La red del «Caso De Miguel» y el 4%

Hoy se hacía público que la Fiscalía de Álava pide 54 años y 9 meses de cárcel para el ex número dos del PNV alavés Alfredo de Miguel, el presunto líder de una trama de cobro de comisiones ilegales, al que acusa de una decena de delitos, entre ellos, cohecho, asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.

Aquí os dejamos el capítulo del libro «GESTIÓN A LA VASCA» escritor por Igor Meltxor, dedicado al caso De Miguel (págs 95-109). Pedidos a:  pepereiliburuak@gmail.com

 

La red del Caso De Miguel y el 4%

Los 26 imputados en el ‘caso De Miguel’, a los que se atribuye la presunta comisión de 11 delitos, entre ellos cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos, son los siguientes:

 

1.- Alfredo de Miguel: Principal imputado en esta causa, fue miembro de la Ejecutiva del PNV en Araba hasta que fue nombrado en agosto de 2007 diputado foral de Administración Local de la Diputación alavesa. También fue miembro del Consejo de Administración del Parque Tecnológico de Miñao. El juez considera que lideró un entramado societario (Kataia Consulting, Errexal, Ortzi Muga) dirigido supuestamente a la obtención de contratos públicos de forma irregular y al cobro de presuntas comisiones ilegales.

2.- Ainhoa Bilbao: Esposa de Alfredo de Miguel, socia y titular de un tercio de las participaciones de Kataia Consulting, así como inicialmente administradora mancomunada de la misma y posteriormente administradora única.

3.- Aitor Telleria: Era miembro de la Ejecutiva del PNV alavés y responsable del Centro de Empresas e Innovación de Araba localizado en el Parque Tecnológico de Miñao. Empleado de la empresa Riera Urbanizer supuestamente vinculada con una fallida recalificación urbanística en el municipio alavés de Zambrana.

4.- Araceli Bajo: Esposa de Aitor Telleria. Socia y titular de un tercio de las participaciones de Katia Consulting, así como inicialmente administradora mancomunada de la misma.

5.- Koldo Otxandiano: Exmiembro de la Ejecutiva del PNV en Araba y promotor de algunas de las sociedades investigadas.

6.- Iratxe Gaztelu-Urrutia: Esposa de Koldo Otxandiano. Socia y titular de un tercio de las participaciones de Kataia Consulting, así como inicialmente mancomunada de la misma.

7.- Aintzane de Miguel: Hermana de Alfredo de Miguel, empleada de Kataia Consulting y de Errexal, se encargaba de llevar la contabilidad de parte de las empresas investigadas que tenían relación directa o vinculación con su hermano, conociendo la supuesta ilicitud de las actividades que realizaban, según el juez.

8.- Iñaki San Juan: Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Leioa durante 4 años (2000-2004) y administrador de diversas empresas investigadas como Errexal y Ortzi Muga.

9.- Josu Montes: Administrador de Ortzi Muga y empleado de Errexal.

10.- María Justina Angulo: Alcaldesa del Ayuntamiento de Zambrana por el PNV desde 1995 hasta junio de 2007 y posteriormente concejal hasta 2011.

11.- Francisco Javier Sánchez Robles: Director de Juventud y Acción Comunitaria del Departamento de Cultura del Ejecutivo de Juan José Ibarretxe desde julio de 2003 a junio de 2009. Supuestamente se sirvió de su cargo para favorecer a la red de empresas lideradas por De Miguel.

12.- Gurutz Larrañaga Zubizarreta: Viceconsejero de Cultura y Juventud del Gobierno de Juan José Ibarretxe desde julio de 2003 a mayo de 2009. El juez le imputa porque supuestamente incurrió en una falta de control sobre la actividad de Sánchez Robles.

13.- Jon Iñaki Etxaburu: Titular del grupo Loizate en el que se incluye la mercantil construcciones Loizate, vinculada supuestamente con el pago dos presuntas comisiones del 4% a la mercantil Kataia Consulting por la adjudicación de obras en los municipios alaveses de Lapuebla de Labarca y Zigoitia.

14.- Alfonso Arriola: Gerente del Parque Tecnológico de Miñao desde el 1 de abril de 2006 hasta el 1 de setiembre de 2009. Vinculado supuestamente con las presuntas irregularidades en la ampliación del citado parque.

15.- Julián Sánchez Alegría: Presidente de la Red de Parques Tecnológicos de la CAV entre noviembre de 2005 y julio de 2009.

16.- Miren Lourdes Bilbao: Directora técnica del Parque Tecnológico de Miñao entre el 1 de junio de 2007 y el 2 de febrero de 2011.

17.- Sergio Fernández Oleaga: Administrador y socio único de la mercantil Studio Técnico Obras y Arquitectura S.L. (Stoa). Empresa que supuestamente abonó un presunta comisión ilegal para la ampliación del Parque Tecnológico de Miñao.

18.- Jesús José Arruti Letemendia: Administrador único y socio junto a su padre Jesús Arruti de la mercantil Sidepur, relacionada supuestamente con la recalificación en Zambrana.

19.- Jesús Arruti Odriozola: Padre del anterior, socio de Sidepur y administrador único de Zerulur, otra de las empresas supuestamente vinculadas con la recalificación en Zambrana.

20.- Estíbaliz Arruti Letemendia: Hermana de Jesús José Arruti, hija de Jesús Arruti y empleada de Sidepur.

21.- Gorka Errasti: Esposo de Estíbaliz Arruti y socio constituyente de Zerulur.

22.- Francesc Fernández: Uno de los responsables del grupo constructor catalán Riera, promotor del frustrado proyecto de Zambrana.

23.- Plácido Casas: Otro de los responsables del grupo Riera.

24.- Joaquín Sabater: Empresario vinculado supuestamente con la operación de Zambrana.

25.- Ramón Tomás Riba: Empresario vinculado supuestamente con la operación de Zambrana.

26.- Prudencio Hierro: Gerente de las mercantiles Eskibel y Gestión de Recursos Baio.

 El caso De Miguel se trata de una compleja red de supuesta corrupción urbanística en la que participaron varios cargos nacionalistas bajo la dirección de quien fuera número dos del PNV en Álava y ex diputado foral, Alfredo De Miguel.

Todo comenzó en 2009, tras la denuncia por intento de soborno de una antigua socia que debía vigilar la ampliación del Parque Tecnológico de Miñano, en Gasteiz. “Supongo que sabrás que tienes que pasar por caja”, le dijo, según consta en el sumario. Terrenos que se compran, contratos públicos ilegales, oscuras comisiones, mordidas que suman 180.000 euros entre 2005 y 2007, algunas de ellas realizadas con absoluta impunidad desde su ordenador de la Diputación de Araba y así hasta 11 delitos que le imputan el juez instructor y el fiscal.

Un laberinto de transacciones para blanquear dinero cuyo destino era una seductora operación urbanística que iba a iniciarse en Zambrana, cerca de Gasteiz. De Miguel no tuvo tiempo. Fue detenido el 17 de marzo de 2010 y, con él, su mujer y otros dos matrimonios, también del PNV, que figuraban como socios de la empresa Kataia Consulting, la tapadera fiscal con dirección en una sociedad gastronómica creada en beneficio propio con el apoyo de su entorno político y familiar. Una empresaria, Ainhoa Alberdi, había denunciado que De Miguel y otro dirigente del PNV, Aitor Telleria, la habían extorsionado y solicitado una comisión de 100.000 euros.

 

De Miguel, con la asistencia de su hermana, Aintzane, también imputada en el caso, y a veces de la mano de compañeros de partido como el propio Telleria y Koldo Ochandiano, ex miembro de la Ejecutiva del PNV en Araba, controlaba hasta cinco empresas: Errexal, Ortzi Muga, Eskalmelo, Ezkibel y Kataia Consulting. Esta última es la que el juez cree que era la “empresa pantalla” para canalizar el cobro de comisiones.

Una trama que ha llegado a ingresar más de 200.000 euros del Gobierno Vasco, concretamente de la Dirección de Juventud, por trabajos que no consta que se hayan realizado. Su titular, Xabier Sánchez Robles (Director de Juventud y Acción Comunitaria del Departamento de Cultura del Ejecutivo de Juan José Ibarretxe desde julio de 2003 a junio de 2009), está imputado al ser sospechoso de haber inyectado liquidez a la trama, siempre mediante contratos menores. La prueba contra Sánchez Robles, un email incorporado al sumario:

“Xabier no puede meternos un duro (…). Nos propone dos campos de trabajo cuyo margen es muy pequeño”.

Su inmediato superior, Gurutz Larrañaga, llegó a declarar que Robles firmó uno de esos contratos, el del 14 de noviembre de 2008, sin su autorización.

 

¿Comisiones del 4%?

Durante la investigación previa, apareció un cuaderno que permitió tirar del hilo de esta trama. Algunas anotaciones de Koldo Ochandiano, ex dirigente del PNV, invitaban a los investigadores a pensar que el 4% era el porcentaje (de comisión) que aplicaba la presunta empresa pantalla, Kataia Consulting, a las obras. Ochandiano declaró en diciembre de 2011 ante el juez, que ese porcentaje correspondía curiosamente a los servicios de prevención de riesgos laborales y calidad, que se imputaban a obras y no a comisiones. El responsable de pagar ese 4%, Jon Iñaki Echaburu, dio una explicación similar, aunque las facturas de esos ingresos no tenían por concepto ni la calidad ni los riesgos laborales. Tampoco la empresa que cobró, Errexal, se dedicaba a ello, ya que se trata de una promotora cultural. Ahí queda eso.

Auto judicial demoledor

El 9 de marzo de 2015, el juez de instrucción número 4 de Gasteiz, Roberto Ramos González hizo público el auto donde describçia la “trama” y el papel jugado por los implicados en el “caso de Miguel”. Joseba Egibar, presidente del PNV en Gipuzkoa, se apresuró a denunciar públicamente el contenido del auto del juez y cuestionara su independencia al asegurar que más del 80% de su contenido seguía lo recogido en el dictamen elaborado por la comisión de investigación parlamentaria que analizó el caso.

Solo unas semanas después, el propio juez rechazó los quince recursos presentados por parte de los imputados en el caso.

El juez Ramos rechaza los quince recursos de reforma presentados por parte de los imputados en el ‘caso De Miguel’ y da un nuevo paso para que las 26 personas vinculadas con esta presunta trama de corrupción acaben sentándose en el banquillo en un juicio oral.

Ajeno a esta polémica alimentada por la dirección del PNV, el juez Ramos defiendía en su último escrito que «se ha efectuado el juicio provisional pertinente sobre si existen elementos necesarios para considerar que los hechos investigados son constitutivos de un delito cometido por varias personas concretas» que integrarían el «entramado societario» liderado por el ex dirigente del PNV en Araba, ex diputado foral y ex vicepresidente de la Vital Alfredo De Miguel.

El juez no sólo descarta las alegaciones genéricas utilizadas por los imputados sino que, en todos los casos, justifica que hay «indicios suficientes» sobre los que sostener la participación de todos los imputados en los hechos presuntamente delictivos. En el caso de los dos altos cargos del Gobierno vasco de Ibarretxe imputados en el caso, el magistrado desmonta la pretensión de Gurutz Larrañaga ex viceconsejero de Cultura y de Julián Sánchez Robles, presidente de los Tres Parques Tecnológicos vascos de desvincularse de cualquier comportamiento delictivo. El juez recuerda que el departamento de Cultura del Gobierno del PNV concedió 7 contratos menores a las empresas Katia y Errexal por un total superior a los 80.000 euros y que soslayó la obligación de convocar concursos públicos fraccionando estos contratos en cantidades de unos 11.000 euros. «Existen indicios fundados de que el recurrente [por Gurutz Larrañaga] se sirvió de la competencia que tenía conferida en cuanto a órgano de contratación para adjudicar los contratos que se relacionan en el auto directamente, de uno y otro modo, a las empresas vinculadas con miembros y/o cargos del PNV y de cuyo Gobierno el recurrente formaba parte», señala en su auto de respuesta el juez de Instrucción de Gasteiz.

El juez también desactivaba la pretensión inicial de Sánchez Alegría de ser desimputado cuestionando que hubiera delinquido por la contratación realizada por el Parque Tecnológico de Araba a la empresa Urbanorma, por la adjudicación realizada a la consultora STOA o al defender que las grabaciones realizadas por la abogada Ainhoa alberdi -que destapó la red de comisiones ilegales tras formar parte de Urbanorma- no eran válidas. El juez instructor se apoya en la documentación intervenida, los correos electrónicos encontrados entre Sánchez Alegría con Koldo Otxandiano y Alfredo De Miguel, las grabaciones de Alberdi, las declaraciones de la abogada bilbaína, los informes policiales y la documentación de la SPRI para mantener la imputación de quien fue el máximo responsable de los parques tecnológicos vascos.

Además de estos dos altos responsables en el Gobierno de Ibarretxe, cuatro de los imputados -entre ellos Aintzane De Miguel, hermana de Alfredo De Miguel- reclamaban la nulidad del auto remitido por el juez Ramos porque en él no se habían incorporado 9 anexos. El juez defiende que estos documentos no constituyen «parte esencial» del auto recurrido y recuerda en su respuesta que, pese a ello, les fueron remitidas copias a todos los imputados y se amplió la fecha para presentar sus recursos de reforma.

A las críticas de Egibar, se sumaron las de el lehendakari Urkullu que arremetió con dureza contra quienes “ponen en duda la ética de su partido”, recordando que De Miguel ya renunció a su cargo para eliminar cualquier vinculación con el PNV. Andoni Ortuzar se unió también al carro del victimismo jeltzale denunciando “falta de garantías procesales” y culpando al Ministerio Fiscal de querer “perjudicar” a su partido en las elecciones. Nada nuevo en la maquinaria de difamación, para intentar ningunear cualquier intento de denuncia o investigación de corrupción.